Orriols promete que si llega al Govern echará a los okupas en 24 horas. Junts se acaba de hacer el hara kiri

Orriols promete desalojos en 24 horas y Junts vota la prórroga​

Basta una frase para descolocar el tablero catalán: Orriols promete echar a los okupas en 24 horas si llega al Govern. La letra pequeña, esa que nunca cabe en un mitin, es que la competencia para ejecutarlo no está donde se promete. Y mientras la promesa corre por las redes, Junts se dispone a votar la prórroga de los desahucios, un movimiento que se lee como un hara kiri político en toda regla. La noticia llega con vídeo y con una pregunta incómoda: ¿basta un decreto autonómico o hace falta algo más?

¿Quién tiene competencias para desalojar a los okupas?​

La respuesta corta es que no basta con una ley autonómica. Para expulsar a ocupantes en 48 horas haría falta una ley estatal; con una norma autonómica, sostiene esta corriente, el margen se queda casi en nada. Hay quien matiza que una norma catalana podría intentarlo y que el Tribunal Constitucional tendría la última palabra. El contraargumento llega en forma de espejo: si la Generalitat ha empadronado a miles de personas en pabellones municipales, se pregunta, ¿por qué no iba a poder actuar en materia de ocupación? La analogía se usa como arma dialéctica y, como casi todas las analogías políticas, fuerza la comparación hasta que chirría.

El precedente de Ripoll​

Donde la teoría se convierte en caso está en Ripoll. Allí se actúa ya, según esta versión: ante un intento de ocupación, se avisa a la Policía Local y se desaloja de inmediato. La defensa de esa práctica se apoya en un matiz temporal: si el desalojo se produce al instante, antes de que se consolide la ocupación, hay quien defiende que es legal. Pasadas esas primeras horas, el relato cambia. Ahí está la trampa del titular fácil. Una cosa es impedir una ocupación en curso y otra desalojar a quien lleva meses dentro. La promesa de las 24 horas mezcla los dos supuestos como si fueran uno solo.

Junts, la prórroga y el fantasma de Puigdemont​

La votación de la prórroga de los desahucios se lee como una rendición. Una parte del análisis sostiene que Junts actúa como simple agencia de prensa al servicio de la amnistía de Puigdemont; otra añade que, con las elecciones a la vuelta de la esquina, quien amnistíe pierde justamente la capacidad de presionarlo. El resultado, se argumenta, es un partido que ha perdido su razón de ser y al que se da por amortizado.

Las cifras que se manejan​

Los números del asunto no coinciden entre sí. La formulación inicial habla de 24 horas para echar a los okupas; el vídeo al que se alude sitúa el plazo en 48 horas. El doble de tiempo, la mitad de la épica. Y en medio aparece una cifra que nadie documenta: 27 inmuebles atribuidos al patrimonio de una figura pública, presentados como prueba del negocio que se supone detrás. Sin papeles que lo respalden, la cifra vale lo que vale un tuit.

Lo previsible es que la promesa se quede en titular y que la prórroga de los desahucios siga su curso. Si alguien espera ver a los okupas en la calle en 24 horas, conviene que revise antes quién firma las leyes y quién solo firma el vídeo.