O eliminamos que los que cobren una prestación puedan votar o estamos (ya) perecidos

El voto de quien cobra del Estado: el debate que recorre España​

Hay una tesis que circula con fuerza en los mentideros económicos y que estos días ha encontrado un altavoz inesperado: en España, el 60% de los adultos cobra del Estado y ese porcentaje no para de subir. La conclusión que extraen algunos es tan incómoda como simple: si la mayoría de los votantes vive de las arcas públicas, la democracia se convierte en un mecanismo para saquear a la minoría que sostiene el sistema. El planteamiento no es nuevo, pero el tono con que se defiende sí lo es. Ya no se pide moderar el gasto. Se pide, directamente, quitar el derecho al voto a quien recibe una prestación.

El detonante del debate es un cálculo que se repite en foros y conversaciones de sobremesa: nueve millones de pensionistas, más los perceptores de subsidios, más los funcionarios, suman una masa electoral que puede decidir elecciones. Y esa masa, se argumenta, vota siempre por quien le garantiza la paga. El resultado, según esta lectura, es un sistema en el que los políticos compran votos con dinero ajeno y los ciudadanos productivos asumen una carga fiscal creciente sin capacidad de revertirla.

El cálculo que sostiene la tesis del saqueo​

La cifra que vertebra el debate es contundente: el 40% de los presupuestos del Estado se destina a pensiones, según los cálculos que manejan los críticos con el sistema actual. A eso se suma el gasto en subsidios, funcionarios y estructuras autonómicas duplicadas. El resultado, sostienen, es una transferencia permanente de recursos desde los que trabajan hacia los que no. La conclusión que extraen algunos es que el contrato social está roto: si una parte de la población puede votar para que otra le pague la vida, la democracia deja de ser un mecanismo de representación y se convierte en una subasta.

La propuesta concreta que circula es la del sufragio censitario: solo votan los que contribuyen netamente al sistema. Es decir, los que pagan más impuestos de lo que reciben en servicios. Quedarían excluidos pensionistas, perceptores de subsidios, funcionarios y, en algunas versiones, también los políticos. La justificación es siempre la misma: quien no aporta no debería decidir sobre lo que se hace con el dinero de los demás.

Hay quien va más allá y propone un sistema de voto ponderado por contribución fiscal: a más impuestos pagados, más peso electoral. La idea, que suena a ciencia ficción política, tiene defensores que la presentan como la única forma de romper la dinámica clientelar. Otros, en cambio, señalan que ese sistema ya existió en el siglo XIX y no precisamente para beneficio de la mayoría.

La respuesta: el Estado de bienestar no se paga solo​

Frente a la tesis del saqueo, la réplica más repetida es que el Estado de bienestar no es un regalo, sino un seguro colectivo. Los pensionistas han cotizado durante décadas; los perceptores de subsidios, en muchos casos, han perdido su empleo en sectores en reconversión. Y los funcionarios prestan servicios que sostienen el sistema: sanidad, educación, seguridad. Excluirlos del voto sería, según esta lectura, convertir la democracia en un club de propietarios.

El argumento sanitario es el que más peso tiene en esta réplica. Si uno enferma grave, el sistema público evita tener que vender la casa para pagar el tratamiento. Eso es lo que se financia con impuestos. Reducir el debate a una pugna entre los que pagan y los que cobran ignora que cualquiera puede acabar necesitando el sistema. La pregunta que subyace es incómoda: ¿qué pasa cuando el que hoy paga mañana necesita que le paguen?

También se señala que los impuestos no los pagan solo los asalariados. Cualquier persona que consuma paga IVA, impuestos especiales y tasas. Bajo ese criterio, prácticamente todos contribuyen y, por tanto, todos deberían votar. La propuesta de excluir a los perceptores de prestaciones se topa con un problema práctico: definir quién contribuye netamente es un ejercicio de ingeniería fiscal que nadie ha resuelto.

El trasfondo: una mayoría que vive del Estado​

El dato que planea sobre todo el debate es el del 60% de adultos que cobra del Estado, ya sea como pensionista, funcionario, perceptor de subsidio o empleado de una empresa subvencionada. Esa mayoría, se argumenta, tiene un incentivo racional para votar por quien mantiene o amplía las prestaciones. Y los partidos lo saben. La consecuencia, según los críticos, es que la competencia política se ha convertido en una subasta de promesas electorales pagadas con deuda pública.

La solución que algunos plantean no es reformar el sistema, sino excluir del censo a los que reciben dinero público. La justificación es que no se puede permitir que alguien vote para saquear a otro. El problema, replican otros, es que eso equivaldría a negar el sufragio a la mayoría de la población, lo que en la práctica sería el fin de la democracia tal como se entiende hoy.

Hay una tercera vía que empieza a sonar con fuerza: limitar el gasto público por ley para que ningún gobierno pueda comprar votos con dinero prestado. La idea es que si el presupuesto no puede crecer por encima de un porcentaje fijo, la subasta electoral pierde su principal herramienta. Pero eso exige un consenso político que, precisamente por el sistema que se critica, es casi imposible de alcanzar.

La dimensión territorial y el gasto autonómico​

En el debate aparece también la crítica al gasto de las comunidades autónomas, que algunos consideran duplicado e ineficiente. La propuesta que circula es reducir el número de autonomías y establecer un sistema de cupo similar al concierto económico. La idea es que cada territorio se financie con lo que recauda y asuma las consecuencias de su gasto. Quien se pase, que negocie con Bruselas.

Esa crítica conecta con la percepción de que el sistema autonómico ha creado una red clientelar que se retroalimenta. Cada comunidad tiene su propio aparato administrativo, sus empresas públicas y sus subvenciones. El resultado, según los críticos, es un laberinto burocrático que encarece los servicios y diluye la responsabilidad. La propuesta de reducirlas a cuatro es una forma de decir que el modelo actual es insostenible.

La vía de la emigración y el escepticismo final​

Ante la falta de soluciones políticas, algunos participantes plantean la salida individual: irse del país. La idea es que si no puedes cambiar el sistema, al menos puedes dejar de financiarlo. Otros responden que eso es una rendición y que los que se van dejan el terreno libre a los que viven del sistema. La discusión deriva hacia el derrotismo y la acusación de colaboracionismo.

El cierre del debate no es una conclusión, sino una constatación amarga: no hay una oposición política que plantee revertir el sistema. Los partidos que podrían hacerlo están atrapados por la misma lógica electoral. Y mientras tanto, la carga fiscal sigue subiendo y los servicios se deterioran. La sensación dominante es que el sistema no se puede reformar desde dentro porque los que se benefician de él son mayoría. La única pregunta que queda es cuánto tiempo puede sostenerse antes de que la cuerda se rompa.