Nuria montes: no vamos a permitir a los familiares ver los cuerpos de los fallecido…

Nuria Montes y los cuerpos que las familias no podrán ver​

¿Qué se le dice a alguien que lleva 72 horas buscando a un familiar entre el barro? La respuesta que se ha difundido es que no podrá verlo. En plena gestión de la DANA que arrasó parte de la provincia de Valencia, la dirigente valenciana Nuria Montes dejó una frase que se repite en todas partes: no se va a permitir a los familiares ver los cuerpos de los fallecidos, y el mejor sitio para esperar es su casa. Ni una explicación, ni un matiz, ni un cambio de tono. Se comunicó como se comunica un corte de tráfico.

El recuento provisional que se manejaba entonces hablaba de alrededor de 200 fallecidos confirmados, con decenas de familias sin noticias y rastreando la zona por su cuenta. Con ese fondo, la orden cayó como una losa. Y la primera damnificada de la frase no fue ninguna víctima: fue la credibilidad de quien la pronunció.

¿Por qué se cierra el depósito a los familiares?​

La lógica operativa existe y conviene reconocerla: un recinto lleno de familias desesperadas se convierte en un caos que entorpece la identificación de los cuerpos. Hay quien lo resume con crudeza —no se puede convertir el depósito en una romería— y el argumento no es descabellado. El acceso ordenado, con cita, información previa y acompañamiento, es lo que se hace en cualquier catástrofe. En un depósito donde se trabaja con restos y con pruebas, el desorden tiene consecuencias.

Lo que faltó fue exactamente eso: la explicación. Llegó una orden, no una política pública. Y una orden sin contexto, en mitad de un desastre, se interpreta sin margen de error. Nadie reclamaba un acceso libre e indiscriminado; se pedía saber por qué, cuándo y cómo. Eso no se dio.

Sobre ese vacío se ha construido la sospecha más incómoda: que el número real de fallecidos supera al comunicado y que por eso se cierran las puertas. No hay ni una prueba que sostenga esa hipótesis. Pero la falta de transparencia es el mejor abono para cualquier rumor, y aquí se abonó a paladas.

El tono: del aviso al «ordeno y mando»​

Casi nadie discute la medida en sí. Se discuten las formas, y ahí está el incendio. El mensaje se recibió como un rapapolvo a adultos, con la misma frialdad con la que se anuncia un protocolo administrativo. La comparación que más se repite es con los peores momentos de la gestión sanitaria: el ordeno y mando de quien cree que explicar es una debilidad.

A una declaración institucional empática se le habría perdonado casi todo, porque habría dicho lo mismo sin abrir un frente. La chulería, en cambio, convierte una decisión técnica en un pulso político. Y los pulsos, en mitad de un desastre, los pierde siempre quien gobierna.

72 horas de ayuda que no llegó a la zona cero​

El contexto en el que estalló la frase es, para muchos, la acusación de fondo. Durante las primeras 72 horas no hubo medios ni servicios públicos abriendo paso, retirando escombros y rescatando víctimas; los vecinos se organizaron con palas, cubos y carros de la compra, y sacaron el barro que nadie sacó por ellos. Cuando llegó la hora de coordinar, la sensación era que sobraban ciudadanos y faltaban medios.

A esa lectura se suma otra: la sospecha de que no interesa que los vecinos aparezcan colaborando delante de las cámaras, y de que se prefiere una imagen ordenada, con efectivos uniformados y sin testigos. Es una interpretación, no un hecho probado. Pero explica por qué la prohibición de ver los cuerpos se leyó como una pieza más de la misma estrategia de control.

Querellas, indemnizaciones y bulos sin respaldo​

El asunto no se quedó en la anécdota. Se han presentado querellas por la gestión de la DANA: una ante el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno y el ministro del Interior, y otra ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra el presidente autonómico, por presunta omisión del deber de socorro. Son acusaciones presentadas por una organización, no condenas. El procedimiento sigue abierto y no hay resolución.

A eso se suma el anecdotario de internet sin ningún filtro. Que los cuerpos se trasladan en camiones para ocultar la cifra real. Que declarar a un fallecido como desaparecido ahorra una indemnización de 72.000 euros. Son afirmaciones que circulan sin una sola prueba, y que se repiten precisamente porque la información oficial llega tarde y mal. El detalle completo de quién presenta cada querella y ante qué tribunal da para una lectura aparte.

Lo que se decide aquí​

La discusión no va de una frase desafortunada. Va de si el Estado está para proteger o para gestionar imágenes, y de si quien manda en una emergencia tiene alguna obligación de explicarse. La medida podía defenderse con dos párrafos y un tono humano. Se defendió con una orden seca, y el coste político ya está pagado.

Al final, la única cifra que no ha necesitado explicación es la del descrédito. Esa no hay que ir a verla a ningún depósito: la traen puesta.