Nuremberg LIVG|Respaldo a LIVG de Tribunal Constitucional en 2008 obligaría cambio forma Estado (vía HaraKiri Cortes Franquistas, Guerra, Invasión...)

Derogar la LIVG obligaría a revisar al Constitucional​

¿Se puede derogar la LIVG y seguir como si nada? La pregunta parece de trámite, pero al tirar del hilo jurídico se abre un boquete: la norma que regula la violencia de género desde 2004 fue declarada constitucional en 2008, y quien sostiene que vulnera derechos fundamentales de media población no puede, a la vez, dar por bueno el tribunal que la avaló. Esa es la tesis que ordena todo lo demás. La LIVG no se deroga con un decreto: o se deroga cambiando el Estado, o no se deroga.

¿Qué dijo el Tribunal Constitucional en la STC 59/2008?​

Que la ley era constitucional. El máximo intérprete de la Constitución avaló la LO 1/2004 con siete votos a favor y cinco en contra. Para la tesis fuerte, ese dato lo cambia todo. Si el órgano que tiene la última palabra sobre la Carta Magna bendijo una norma que, según sus críticos, rompe la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia, el problema ya no es una ley: es el tribunal y el marco que lo sostiene. De ahí el corolario incómodo: para sentar en el banquillo a quienes la respaldaron haría falta un órgano por encima del Constitucional, y eso, en la práctica, es otra forma de Estado.

Hay quien va más lejos y plantea que los magistrados que avalaron la norma deberían responder por ello. Es una imputación sin ningún recorrido judicial —y que el propio ordenamiento no contempla—, pero marca hasta dónde llega una parte del planteamiento.

¿Se puede derogar una ley avalada por el Constitucional?​

La respuesta corta es sí: una norma validada no es intocable. Aquí se agrieta el edificio de la tesis dura. La objeción más sólida es que una cosa es que el Constitucional declare una ley conforme a la Constitución y otra muy distinta que esa ley adquiera rango constitucional. No lo hace. Una norma validada sigue siendo una ley ordinaria: se deroga por el procedimiento legislativo de siempre, sin retocar un solo artículo de la Constitución. La sentencia no blindó la LIVG; solo certificó que cabe dentro de la interpretación vigente.

En contra pesa una pregunta que no se deja esquivar: si la ley era tan lesiva, ¿por qué el Estado la ha mantenido veinte años? La respuesta de la tesis dura es que restituir derechos sin depurar responsabilidades no es justicia, es borrón y cuenta nueva. Y ahí, dicen, no se puede quedar.

De la Torre Windsor al «harakiri» de las Cortes franquistas​

El aparato conceptual tira de imágenes potentes. La sentencia de 2008 sería el incendio de la Torre Windsor del marco de 1978: un edificio con taras de diseño que los técnicos declaran irreparable y que solo admite una intervención, derribarlo. La Transición, recuerdan, se hizo de la ley a la ley, sin ruptura, con las propias Cortes franquistas disolviéndose —el célebre harakiri— y un procurador avisando de que iban a pasar muchas cosas. No pasó nada.

La pega es de sentido común histórico: las rupturas de verdad, como la que alumbró la Cuarta República francesa, no se convocan, se producen tras una guerra o una revolución. Y la última que hubo aquí terminó como terminó. De ahí que se admita, casi como rendición, que quizá haga falta una guerra para que el escenario sea viable. Mal consuelo.

VOX, la consulta y por qué el referéndum no encaja​

La propuesta de someter la LIVG a una consulta popular tampoco sale bien parada. El razonamiento es simple: los derechos no se votan. Si de verdad la norma vulnera derechos fundamentales, no se somete a referéndum, se deroga. Plantear una consulta para decidir si se respetan derechos es, en el fondo, admitir que no se cree del todo en el diagnóstico. Para la tesis fuerte, quedarse en la consulta es pedir la mitad de lo que exige el problema.

La vía de escape técnica: la autodeterminación de género​

Frente al callejón aparece una salida por la puerta de atrás. Hay quien plantea que, si cualquier hombre puede cambiar su sexo registral y quedar sujeto a las mismas reglas que las mujeres, la discriminación de la ley se diluye: a efectos prácticos, la igualdad sería total, porque cada afectado podría escapar de la categoría que le perjudica. Es un argumento con trampa —el cambio no es gratis en el resto del mundo y tiene costes fuera de España—, pero apunta a algo real: una ley que se apoya en una categoría puede neutralizarse cambiando de categoría.

---

Cierra el círculo el precedente estadounidense. Hay quien compara la LIVG con la Civil Rights Act de 1964: una norma que, sin tocar la letra de la Constitución, acabó operando como una constitución nueva y arrastró a medio sistema político. Si ese diagnóstico es correcto, el problema no es una ley discutida, es un marco entero que ya no refleja lo que dice ser.

Y mientras se especula con refundar el Estado para tumbar una norma, la norma se sigue aplicando cada mañana. Si el problema fuera solo una ley, llevaría veinte años resuelto.