No, no lo habíamos visto todo. la aberración sube un peldaño.

De repartidor en Vespino a consejero de RTVE con 125.000 euros​

¿Cuánto hay que saber de televisión para cobrar 125.000 euros al año del erario público? El nombramiento de un conocido locutor de rock como consejero de RTVE ha hecho saltar la liebre de un modelo de gobernanza que lleva años funcionando a base de decreto. El nuevo consejo pasa de nueve a quince miembros, y sus integrantes pasan de no cobrar nada a percibir 105.000 euros anuales, según el decreto aprobado por el Gobierno. La cifra que se maneja para los consejeros de nueva hornada llega hasta los 125.000 euros. El currículum del elegido, un veterano de las ondas musicales con décadas de oficio, no incluye estudios superiores, pero sí una trayectoria larga en medios y una militancia ideológica sin disimulos.

De nueve a quince consejeros: el coste del nuevo órgano​

El dato es tozudo. El consejo anterior tenía nueve miembros. El nuevo tiene quince. Seis asientos más, seis sueldos más. La ampliación se justificó por decreto, y el resultado es un órgano que pasa de ser un foro de supervisión a una estructura de empleo público de altos vuelos. Los nuevos consejeros cobran 105.000 euros al año, cifra que en algunos casos se eleva hasta los 125.000 según el desglose que circula. Para ponerlo en contexto: el salario medio en España no llega a 30.000 euros brutos anuales. Un consejero de RTVE gana más de cuatro veces eso. Y no se le pide programar, ni dirigir, ni producir. Se le pide acatar.

Hay quien sostiene que el puesto es un premio por servicios prestados. Otros defienden que el nombrado lleva toda la vida trabajando en medios, desde los dieciséis años, y que eso es más de lo que pueden decir muchos políticos. Ambas cosas pueden ser ciertas a la vez. Lo que no admite discusión es el mecanismo: un decreto, quince sillones, una nómina pública.

¿Qué requisitos se piden para ser consejero de RTVE?​

Ninguno explícito, más allá de la designación política. No hay examen, no hay concurso público, no hay baremo de méritos verificable. El nombrado no tiene estudios universitarios, lo que en sí mismo no lo inhabilita: hay diputados sin carrera y gestores sin máster. El problema no es el currículum, es el sistema que convierte un nombramiento en un chiringuito. La pregunta que sobrevuela es simple: ¿qué aporta este señor a la televisión pública que no aporte cualquier ciudadano con mando a distancia? La respuesta, según los defensores del nombramiento, es que conoce el medio por dentro. Según los críticos, que conoce a quien firma el decreto.

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El sueldo que indigna: 125.000 euros por acatar órdenes​

La cifra escuece. No porque sea escandalosa en el sector privado —un directivo de una tele privada puede ganar eso y más—, sino porque sale de los impuestos de todos. Y porque el puesto, según el propio debate, no requiere tomar decisiones ni pensar: se pide acatar órdenes. Un consejero que no decide es un consejero que cobra por levantar la mano. La ironía es que el sueldo también lo cobrará «por imperativo legal», como él mismo dijo al jurar el cargo, según se recuerda en la discusión. La frase, pronunciada en un acto solemne, resume el nivel: la misma fórmula que se usa para acatar una norma se usa para justificar una nómina.

Hay un cálculo que circula y que desglosa partida a partida lo que cuesta el nuevo consejo: quince miembros, seis más que antes, con sueldos que multiplican por cuatro el salario medio. El detalle completo da una diferencia que sorprende. Lo que no sorprende es el patrón: primero se amplía el órgano, luego se fijan las retribuciones, y después se busca a quien ocupe el sillón. El orden de los factores no altera el producto.

La trayectoria del nombrado: décadas de oficio y una militancia sin disimulos​

El elegido no es un recién llegado. Lleva décadas en medios musicales, desde que era un chaval posando junto a mitos del heavy en revistas especializadas. Ha escrito en publicaciones del sector, ha tenido programas de radio, ha sido una voz reconocible para varias generaciones de aficionados al rock. En su blog se encuentran saludos a la Cuba revolucionaria, a la Venezuela bolivariana, a la Unión Soviética y a dirigentes comunistas históricos. También críticas a la «derecha light» y a los «tontos útiles del sistema». No es un perfil neutro. Nunca lo ha pretendido.

Sus defensores argumentan que lleva toda la vida trabajando, que ha cotizado más días que muchos políticos y que su ideología no lo inhabilita para el cargo. Sus críticos responden que precisamente esa ideología es el motivo del nombramiento, y que un consejo de administración de la televisión pública no debería ser un premio de militancia. Ambos bandos tienen razón en algo. El problema no es él. El problema es que el sistema permite que sea él, o cualquier otro, sin más filtro que la firma de quien manda.

El modelo de RTVE: consejeros por decreto y sueldos públicos​

La televisión pública española se gobierna por decreto desde hace años. El consejo de administración se renueva por decisión del Ejecutivo de turno, y los nombramientos responden a cuotas de partido. No es un fenómeno nuevo, pero la ampliación a quince miembros y la subida de retribuciones marcan un nuevo récord. Los anteriores consejeros no cobraban sueldo. Los nuevos cobran 105.000 euros, y algunos hasta 125.000. La diferencia entre no cobrar y cobrar eso es la diferencia entre un órgano de supervisión y una agencia de colocación.

La pregunta que nadie responde del todo es qué se supervisa exactamente. ¿La programación? ¿La gestión? ¿O simplemente se levanta la mano cuando toca? El consejo de RTVE tiene quince miembros. Quince sueldos. Quince firmas. Y un presidente que decide. El resto, según el propio debate, acata.

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Al final, la historia no va de un locutor de rock con chupa de cuero que ha acabado en un sillón. Va de un país donde el esfuerzo y el talento se pagan con contratos precarios y la lealtad política se paga con 125.000 euros al año. El nombrado tiene más pelo que muchos de los que le critican, dijo él mismo entre risas. También tiene más sueldo. Y menos responsabilidad. Es lo que tiene acatar órdenes por imperativo legal.