¿No es delito que un gobierno torpedee a la justicia incluso cambiando leyes para evitar causas abiertas contra él?

Legislar para esquivar al juez: el agujero que nadie llama delito​

Un gobierno con mayoría parlamentaria puede reescribir el Código Penal, limitar la acusación popular o vaciar de competencias a un tribunal. La pregunta que abre este asunto es incómoda: si con ello consigue archivar causas abiertas contra sus propios cargos, ¿estamos ante una ilegalidad o ante el ejercicio legítimo de la mayoría? La respuesta corta es que, en términos técnicos, no hay delito. La respuesta larga es que el sistema queda a merced de quien controla el Boletín Oficial del Estado.

El planteamiento inicial es tajante: existen figuras penadas como el alzamiento de bienes o la obstrucción a la justicia, pero ninguna encaja cuando el encausado es un alto cargo capaz de mover leyes para dilatar o enterrar procesos. Quien lo sostiene lo lleva más lejos: si esto se permite, un presidente podría robar a manos llenas, cobrar de un país extranjero o proclamarse rey supremo sin que nada pudiera hacerse. La discusión no va de inconstitucionalidad, sino de algo previo: la imposibilidad de tocar causas vivas.

Qué se puede hacer legalmente para frenar una causa abierta​

El repertorio es conocido. Reformar el Código Penal para eliminar o rebajar el delito investigado. Restringir la acusación popular para que solo la Fiscalía pueda sostener la imputación. Cambiar la composición o las competencias del tribunal que decide. Ninguna de esas maniobras exige tocar la Constitución. Todas caben en una mayoría simple.

Ahí está el nudo. La ley no distingue entre legislar por convicción y legislar para escapar. El resultado práctico es idéntico: la causa se archiva, se dilata o se queda sin acusador. Y como el Tribunal Constitucional se designa por cuotas políticas, la última palabra sobre si esa maniobra cabe en el sistema la tiene un órgano cuya independencia se discute.

La acusación popular, en el punto de mira​

El mecanismo estrella es la acusación popular. En determinados delitos solo puede acusar la Fiscalía o una acusación popular. Si se elimina o se limita esa figura, todo el poder de acusar queda en manos del Ministerio Fiscal, dependiente del Ejecutivo. El razonamiento que circula es simple: en política, las cosas son lo que parecen.

La objeción llega desde otro flanco: la acusación popular ya se ha usado como arma política contra adversarios, y su restricción no sería un capricho. El contraargumento es que el remedio mata al paciente. Sin acusación popular, ningún particular puede sostener una causa que la Fiscalía decida no impulsar. Esa es la línea roja que muchos señalan: no la amnistía, con efectos acotados, sino la posibilidad de dejar sin acusador cualquier proceso futuro.

El argumento del rodillo: si no hay delito, no hay nada que perseguir​

La defensa del sistema es circular y eficaz. El Gobierno legisla y reparte cargos, luego es delito lo que el Gobierno considera delito. Y el Gobierno no considera delito lo suyo. Ese silogismo, expuesto con retranca, describe el funcionamiento real de cualquier mayoría parlamentaria con disciplina de voto.

La consecuencia es que la ley deja de ser un límite y pasa a ser un instrumento. No hace falta derogar la Constitución: basta vaciarla de contenido en la práctica. La ley mordaza de un gobierno sigue vigente con el siguiente, y la reforma que hoy protege a unos servirá mañana a los otros. De ahí la sospecha de que nadie deshace lo que le conviene.

Un Estado de derecho con el freno de mano puesto​

El diagnóstico más repetido es que España ya no es un Estado de derecho, o lo es solo en el papel. La clave no es que existan leyes injustas, sino que el poder que las hace sea el mismo que decide quién las aplica. El Tribunal Supremo, el CGPJ y el Constitucional se designan por cuotas políticas. Perro no come perro.

Frente a eso, las salidas que se apuntan van del pesimismo a la movilización. Hay quien pide una huelga general que nadie secunda. Hay quien recuerda que el PP ya intentó algo parecido en 2017 y que la acusación popular fue clave en diez grandes casos de corrupción. Y hay quien sostiene que el problema no es este gobierno, sino un régimen de 1978 que reparte el pastel entre dos siglas.

Lo que queda por ver​

Si la reforma sale adelante, el siguiente paso será el Constitucional. Si la avala, el precedente quedará fijado: cualquier mayoría podrá legislar contra una causa abierta sin que nada lo impida. Si la tumba, el Gobierno habrá perdido una batalla y ganado el relato del bloqueo judicial. Ninguno de los dos escenarios cierra el problema de fondo. Solo lo aplaza.