Un pasito más para la dictadura sanchista. el psoeta registra una ley judicial que impediría las investigaciones al entorno de sánchez.

El PSOE mueve ficha para blindar a su entorno judicial​

El PSOE ha registrado una proposición de ley que limita el ejercicio de la acusación popular y amplía los supuestos de recusación de jueces. La norma, según los tuits que abren el debate, se aplicaría a los procesos en curso y afectaría directamente a causas como la que investiga a Begoña Gómez. El texto también impediría a asociaciones de jueces y fiscales personarse en causas, un movimiento que se interpreta como un intento de frenar las investigaciones que salpican al entorno del presidente del Gobierno.

La propuesta no es un borrador inocente. La disposición transitoria que la acompaña —destacada en uno de los mensajes iniciales— deja claro que la intención es que se aplique ya, sin esperar a futuras legislaturas. Eso significa que los procedimientos abiertos podrían verse afectados de inmediato. La acusación popular, esa figura que permite a cualquier ciudadano o asociación personarse en un caso aunque no sea víctima directa, quedaría prácticamente neutralizada en los casos que tocan a la coalición gobernante.

El fiscal como escudo

Uno de los argumentos más repetidos en el análisis es el papel de la Fiscalía. Si se elimina la acusación particular y la Fiscalía depende del Gobierno, ¿quién investiga? En casos como el de Begoña Gómez, según se apunta, o lo inicia la Fiscalía o lo inicia la acusación particular. Sin esta última, y con un fiscal general señalado por su dependencia del Ejecutivo, el caso se archiva o ni siquiera se abre. El fiscal, recuerdan, está siendo juzgado precisamente por actuar según intereses del Gobierno, lo que refuerza la sospecha de que la ley busca cerrar la puerta a cualquier investigación incómoda.

La acusación popular ha sido clave en casos como el Watergate, se argumenta, donde la prensa y la presión ciudadana destaparon lo que el sistema oficial quería enterrar. En España, la acusación popular permitió personarse en casos como el de Urdangarín o el caso Bárcenas. Ahora, el PSOE quiere limitar esa vía. La pregunta que sobrevuela es: ¿por qué tener miedo de las acusaciones populares si no hay nada que esconder?

El precedente del PP y la doble vara de medir

No es la primera vez que se intenta limitar la acusación popular. En 2017, el PP ya propuso impedir que partidos, sindicatos y fundaciones políticas ejercieran la acusación popular. Entonces, el PSOE lo criticó con dureza. Ahora es el PSOE quien impulsa la medida. La hemeroteca deja titulares que se muerden la cola: el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, justificó la intención de su partido de «limitar» la acusación popular para determinar la legitimidad de quienes, «sin verse afectados», hacen un uso «torticero» del camino procesal. El PSOE de entonces lo llamó ataque a la justicia. El de ahora lo llama modernización.

El giro no ha pasado desapercibido. Hay quien sostiene que si el PP hubiera hecho una ley igual para la Gürtel y Bárcenas, la que se habría liado sería histórica. Pero como están los «buenos», todo vale. La ley, además, amplía los supuestos de recusación de jueces, lo que podría apartar a magistrados que hayan hecho declaraciones políticas. La crítica es inmediata: recusar jueces por declaraciones políticas cuando el Gobierno controla la Fiscalía suena a querer elegir al árbitro.

Los aliados y el coste de la gobernabilidad

La ley necesita votos. Y ahí entra Junts. El partido de Puigdemont, que ya tumbó un gobierno por intereses propios, tiene la llave. Se especula con que apoyará la norma porque le conviene: a los independentistas también les interesa debilitar la acusación popular en causas como la suya. El PSOE, mientras, sigue pagando el precio de una gobernabilidad que depende de socios que no dudan en extorsionar. La condonación de deuda, los indultos, los ERTES... todo forma parte del mismo juego.

La ley, si sale adelante, podría acabar en el Tribunal Constitucional. Pero para entonces, el daño a las investigaciones en curso ya estará hecho. La justicia, dicen, no es igual para todos. Y esta ley lo confirma.

---

¿Qué se pierde el lector si no entra a leer la fuente completa?

El análisis detallado de la disposición transitoria que permite aplicar la ley a procesos en curso, el paralelismo con el intento del PP en 2017 y la lista de casos que se verían afectados. Además, el cálculo político sobre cómo Junts y otros aliados pueden condicionar la votación.