España gana 500.000 habitantes al año y construye 100.000 viviendas
Hay quien asegura haber visto un piso de dos dormitorios en su localidad, cerca de Madrid, anunciado a
1.400 euros al mes y alquilado en tres semanas. Ese es el terreno donde aterrizó un artículo de
El Periódico que sostiene que es falso que la inmigración esté empujando el precio del alquiler y que sitúa el origen de la escalada en la falta de oferta y en los usos turísticos. La tesis, lejos de zanjar nada, ha multiplicado las réplicas: la mayoría de los análisis que se cruzan en la conversación apuntan a un desfase entre la gente que llega y las casas que se construyen. La presidenta de Aliança Catalana,
Sílvia Orriols, ya había ligado ambas cosas al calor de la manifestación del Sindicat de Llogateres, y el asunto saltó después a algunas tertulias.
¿Cuánta población entra al año y cuánta vivienda se levanta?
Las cifras que se manejan son toscas y difíciles de esquivar. La más repetida habla de
500.000 personas más cada año por vía migratoria, lo que en cuatro ejercicios suma dos millones. Hay cálculos que elevan la entrada anual hasta los 600.000, los 700.000 o los 750.000, según se tome el registro oficial o se sume la bolsa de residentes no contabilizados.
En el otro platillo de la balanza, la vivienda nueva terminada se mueve entre
80.000 y 100.000 unidades al año. Un dato que se cita como clave: en la última década España ha creado un
43% más de hogares que de viviendas construidas. La población empadronada alcanzó los 48.592.909 habitantes tras sumar 507.548 en un solo año, un 1,06%.
La aritmética no necesita adornos. Si cada ejercicio se incorporan cientos de miles de personas y se terminan menos de cien mil casas, el stock disponible por cabeza se comprime. Discutir si eso es «inmigración» o «falta de oferta» es, en el fondo, discutir el nombre de lo mismo. El problema es tratarla como un ente etéreo, independiente del exceso de demanda que lo alimenta.
La ley de la oferta y la demanda, explicada con caramelos
Para ilustrar lo elemental del asunto se recurre a un experimento mental repetido: llevar diez mil personas a
Zamora, donde el metro cuadrado se paga a unos
960 euros de media, y observar qué ocurre con los precios. La conclusión que se extrae es que la ley más básica de la economía se entiende con caramelos, aunque luego se invoque el teorema para negarla.
Ahí entra la comparación que más ha circulado:
10.000 pisos turísticos nuevos al año frente a
600.000 entradas anuales. La pregunta implícita —qué pesa más en el mercado— se responde sola en buena parte de los comentarios. Hay quien añade que la cadena no termina en el alquiler: si la demanda supera con holgura la oferta, el precio de compra sube y con él la rentabilidad que exige el propietario que arrienda.
Turismo, capital extranjero y habitaciones realquiladas
El artículo apunta al uso turístico como uno de los culpables. La réplica más común es que en buena parte de la periferia de Madrid no hay apartamentos turísticos y, aun así, los alquileres no dejan de subir. Otro participante añade una capa más: compradores extranjeros de alto poder adquisitivo que, según este relato, pagan al contado en barrios céntricos, con visados dorados de por medio, y que trasladan después la presión a las zonas limítrofes.
En el extremo opuesto del mercado hay relatos de pisos antiguos y casi insalubres donde conviven varias familias, con
150 euros por familia y habitación por dormitorio, y de viviendas realquiladas por piezas a precios inflados. Todo ello tensiona el mercado tanto por arriba como por abajo, sostienen quienes han contado ese tipo de casos de primera mano.
¿Por qué se cuestiona a quién firma los estudios de vivienda?
Sobre la mesa está también la credibilidad de la fuente. Se sostiene que muchos informes sobre vivienda los patrocinan actores con interés en que llegue más población, y se señala a determinadas organizaciones de inquilinos por su financiación y por los locales donde se reúnen. Es un terreno resbaladizo: la crítica al estudio puede ser legítima sin que eso convierta en cierta la acusación, que en la conversación se lanza sin aportar pruebas.
También se discute el perfil de quien llega. Se afirma que el nivel educativo de la población inmigrante en España es el más bajo de la UE, Portugal incluido, y que permanece estancado desde principios de siglo, con el idioma y la cercanía geográfica como factores de atracción. Son afirmaciones que conviene leer como eso, afirmaciones.
Del salario al alquiler: el argumento que cambió de sitio
Lo llamativo es el desplazamiento del discurso. Hace unos años el reproche era que la llegada de trabajadores extranjeros deprimía las nóminas; ahora el mismo colectivo aparece señalado por la otra punta, por encarecer el suelo donde vivir. En medio se mezclan las ayudas públicas y el ingreso mínimo vital, con estimaciones que hablan de hasta dos millones de prestaciones encadenadas a trabajos temporales.
La crítica no se queda solo en los recién llegados. También apunta a los propietarios que retiran vivienda del alquiler por la inseguridad jurídica ante ocupaciones, un factor que reduce aún más la oferta disponible y que rara vez se mide en los estudios de precios.
Lo que descoloca al final
Cuando se estudiaba población en la EGB, España tenía
38 millones de habitantes; ahora roza los 49. El mercado no hace magia: solo ajusta precios, y el ajuste lo paga quien firma el contrato.