María fue con un derrame cerebral a urgencias y dos mir le diagnosticaron otitis: murió a los dos días con 18 años

Derrame cerebral diagnosticado como otitis: muere a los 18 años​

María llegó a Urgencias con vértigo, pérdida de conocimiento, relajación de esfínteres, incapacidad para andar, respuesta verbal anormal y otalgia derecha. Dos médicos internos residentes —MIR— le diagnosticaron una otitis. Murió dos días después. Tenía 18 años. El caso, publicado por El Español, ha reabierto la discusión sobre los filtros de la sanidad pública, la supervisión de los residentes y la calidad del diagnóstico en urgencias.

El relato clínico es difícil de sostener. Los síntomas descritos —mareo, vómitos, pérdida de control de esfínteres, habla anormal— no encajan con una infección de oído. Ese es el punto en el que coinciden incluso quienes discrepan sobre casi todo lo demás. La pregunta no es si hubo un error, sino cuántas capas del sistema fallaron para que un cuadro neurológico evidente acabara archivado como una patología banal.

Qué síntomas tenía María y por qué no cuadraban con una otitis​

La descripción clínica que acompaña al caso es explícita: vértigo, pérdida de conocimiento, relajación de esfínteres, incapacidad para andar, respuesta verbal anormal y otalgia derecha con dolor reflejado en la mandíbula. Cualquier servicio de urgencias que reciba ese cuadro debería activar una sospecha neurológica. No una otitis.

Hay quien sostiene que un TAC no se pide por mareos y vómitos sin más, y que hacerlo colapsaría el sistema. El argumento tiene recorrido: la prueba irradia, es cara y no se puede convertir en rutina. Pero el matiz está en la alteración del nivel de conciencia. Un paciente que deja de responder con normalidad, que se hace encima y que no puede caminar no está en el grupo de los mareos banales. Está en el grupo de los signos neurológicos.

La discusión técnica se centra ahí: el médico que solicita un TAC urgente debe justificarlo ante el radiólogo. Si la petición dice «mareos y vómitos», se la devuelven. Si dice «mareo, vómitos y alteración del nivel de conciencia», la prueba se hace. La diferencia entre esas dos líneas de texto puede ser la diferencia entre un diagnóstico y un certificado de defunción.

Quién atiende en urgencias: residentes sin supervisión real​

El caso ha puesto el foco en los MIR. Son médicos en formación, con responsabilidad creciente y, según varios relatos del sector, con una supervisión que en la práctica nocturna se diluye. La descripción que circula es incómoda: el adjunto duerme o está en la cafetería, los residentes se reparten la noche y se les alecciona para que no molesten por tonterías.

Eso no es un problema de vocación. Es un problema de plantilla y de diseño de los turnos. Un residente sin respaldo toma decisiones que no debería tomar solo, y un adjunto descansando no revisa lo que debería revisar. El resultado es un filtro que falla justo cuando más falta hace.

La cuestión salarial también aparece, aunque con cifras que se contradicen. Frente a la idea de que un médico de la pública cobra 6.000 euros al mes nada más terminar la residencia, hay quien recuerda que un MIR sin guardias ronda los 1.200 euros. La horquilla real depende de la comunidad autónoma y de las guardias. Ninguna de esas cifras explica por sí sola un error diagnóstico, pero sí contextualizan el malestar de la profesión.

La derivada política: impuestos, conciertos y listas de espera​

El caso ha servido de catalizador para el descontento acumulado. Una parte del análisis sostiene que el problema no es de dinero, sino de gestión: se paga puntualmente una factura fiscal elevada y el servicio no responde. Otra parte apunta a la derivación hacia la sanidad concertada como salida para quien puede pagarla, lo que ahonda la brecha entre usuarios.

El argumento de la sanidad privada como alternativa se topa con su propia letra pequeña. Un seguro de 60 euros al mes no garantiza acceso a pruebas caras sin trabas, y la probabilidad de toparse con un profesional sin la cualificación esperada no es menor en el circuito privado. La idea de que pagando se esquiva el problema no resiste un examen serio.

Lo que sí resiste es la sensación de que el sistema ha perdido la capacidad de detectar lo grave. Un paciente joven, con síntomas neurológicos claros, acaba en la categoría equivocada. Y eso no es un fallo de un residente concreto: es un fallo de un proceso que debería tener varias redes y ninguna funcionó.

El sesgo de la edad: «es joven, ya se le pasará»​

Uno de los hilos argumentales más incómodos del caso es el sesgo por edad. Un paciente de 18 años rara vez se toma en serio en urgencias. La presunción por defecto es resaca, ansiedad o algo que se resolverá solo. Esa presunción mata cuando el cuadro real es un derrame.

El patrón se repite en la experiencia de muchos pacientes: de joven te dicen que no es nada, con 40 te dicen que ya tienes una edad. La consecuencia es que la gravedad se infradiagnostica en los extremos. En el caso de María, la edad fue probablemente el factor que más pesó en la dirección equivocada.

La visión en túnel de los especialistas también aparece: dos residentes de otorrino acuden con la idea preconcebida de un vértigo y filtran todo lo que no encaje con esa hipótesis. Cuando la hipótesis inicial contamina la exploración, hace falta un tercero sin contaminar para reevaluar. En este caso, ese tercero no llegó a tiempo.

Qué se puede hacer y qué no está probado​

La propuesta de protocolizar el TAC ante cualquier signo neurológico choca con la realidad de los recursos. La radiación acumulada, especialmente en cerebros jóvenes, no es un coste imaginario. Pero el umbral no puede ser «mareos y vómitos»: tiene que ser la alteración del nivel de conciencia, la focalidad neurológica o la incapacidad funcional. Con esos criterios, el caso de María habría pasado el filtro.

También circula la idea de que la inteligencia artificial podría reducir este tipo de errores. Es una hipótesis, no un hecho. Lo que sí es un hecho es que el sistema actual depende de que un residente cansado, sin supervisión cercana y con una hipótesis previa, acierte. Y a veces no acierta.

El caso no está cerrado. Lo que hay es un diagnóstico inicial equivocado, una muerte a los dos días y una discusión pública sobre quién debería haber visto lo que no se vio. La respuesta institucional, si existe, aún no ha llegado.