Madres solas frente a la crisis de la vivienda: “es comer o pagar el alquiler”

Madres solas: 1.000 € de IMV frente a alquileres de 1.000 €​

¿Cómo se paga un alquiler de mercado en Barcelona con un solo sueldo y dos hijos a cargo? La respuesta corta es que no se paga. El relato de Ester Atset, 34 años cuando dio a luz a gemelos y hoy con dos niños de 7, resume la aritmética: desempleada en el parto, sostenida por su padre hasta que este falleció meses después, y en la calle con dos bebés. «Me planteé darlos en adopción», recuerda. Hoy vive en un piso social de la Fundació Habitatge Social de Catalunya, estudia una FP y cubre gastos con unos 1.000 euros del Ingreso Mínimo Vital. Su diagnóstico es una frase: «Es o pagar el alquiler o comer».

El 80% de los hogares monoparentales los encabezan mujeres​

La Fundació Habitatge Social de Catalunya, vinculada a Càritas, gestiona 473 hogares sociales en Barcelona. Por primera vez, los ocupados por familias monoparentales, 185, superan a los de parejas con hijos, 180. Y de ese primer grupo, el 95% son mujeres. El director de la entidad, Sergio Rodríguez, pide ayudas específicas al alquiler, avales adaptados a estos hogares y que su situación puntúe más para acceder a vivienda de protección oficial, algo que ya ocurre en algunas comunidades y municipios.

El otro caso que ilustra el artículo es el de Anyuli del Carmen Rodríguez, venezolana de 52 años, licenciada en Administración de Empresas y máster en Finanzas en su país, residente en Barcelona desde hace tres años con dos hijas de 16 y 18. Antes de llegar al piso social pasó por un hotel y por una habitación de ocho metros cuadrados compartida con ocho familias. Cobraba el salario mínimo, 1.080 euros al mes (1.134 desde 2024), pagaba 600 por la habitación y aspiraba a un piso pequeño por ese precio. «De primeras ya me decían que por estar sola no podía alquilar, que necesitaba otra nómina como mínimo», se lamenta. Una vez la citaron a las once de la noche para ver un piso: era un narcopiso.

¿Por qué el alquiler se come el 50% del riesgo de exclusión?​

El 50% de las familias monoparentales supera la tasa de riesgo de exclusión social AROPE, frente al 28% del resto de la población. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, el 40% llega a fin de mes con dificultad o mucha dificultad; el 18% no puede comprar ropa nueva para sustituir la estropeada; el 21% no costea actividades de ocio con regularidad; y al 29% no le llega para gastarse una pequeña cantidad en sí mismo. En hogares con pareja y niños, esos porcentajes son del 8%, 14% y 17%. Desde la asociación Familias Monoparentales (FAMPS) advierten de que los datos se quedan cortos, porque solo recogen hogares con más de un niño y un solo progenitor, y dejan fuera a las madres que comparten piso o viven con abuelos y hermanos.

Paloma Uribe, técnico de FAMPS, lo formula con precisión: «La monomarentalidad tiene tres pilares básicos: vivienda, empleo y conciliación. Una casa donde vivir y un empleo para pagarla, pero sin conciliación no hay empleo ni, por lo tanto, casa». Sin red familiar, añade, «es prácticamente inviable irte a vivir sola».

El cálculo que desmonta el relato de la falta de esfuerzo​

Ester Atset hace su propia cuenta: para pagar un alquiler en Barcelona ella sola necesitaría 3.000 euros al mes de sueldo. «Es imposible», sentencia. No es una queja, es una operación aritmética que cualquiera puede replicar con los precios de mercado. La Fundació hace contratos de alquiler reducidos, la mayoría entre 200 y 250 euros al mes, para que las familias en riesgo de quedarse sin techo se rehagan. La media de estancia acaba siendo de cinco años.

El giro del debate: del caso al mercado​

La conversación derivó pronto hacia el papel de los propietarios. Una corriente sostiene que la legislación ha convertido a los particulares en servicios sociales y que, ante el riesgo de impago y de daños, muchos prefieren no alquilar. Otra apunta al efecto contrario: si el propietario no alquila, el stock se retira del mercado y los precios suben. Hay quien defiende que la solución pasa por reformar la ley para agilizar desahucios y responsabilizar de daños, y quien responde que el problema es de oferta y de suelo. En medio, un dato incómodo: el propietario que alquila a una familia vulnerable asume un riesgo que el Estado no cubre.

La brecha que no se cierra​

El artículo original describe la situación de dos mujeres concretas, pero el patrón es estructural. La Fundació pide avales y ayudas específicas. FAMPS pide conciliación. Los propietarios piden seguridad jurídica. Nadie discute que el problema existe; todos discuten quién paga la factura. Con estos números, la pregunta no es si estas familias pueden pagar el alquiler de mercado, sino cuánto tiempo más se va a fingir que sí.