Los vascos cobrarán pensiones diferentes, según los inspectores de trabajo.

Euskadi gestionará el Ingreso Mínimo Vital y hay quien avisa de diferencias​

¿Puede una comunidad autónoma pagar pensiones distintas al resto de España sin romper la caja única? La transferencia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital al País Vasco, valorada en 187 millones de euros, ha reabierto un debate que lleva años enquistado: hasta dónde puede descentralizarse la Seguridad Social sin que la igualdad de derechos entre españoles salte por los aires. Hay quien sostiene que, si la gestión se territorializa, las cuantías y los criterios de concesión pueden acabar divergiendo.

Qué se ha transferido y qué queda pendiente​

El acuerdo firmado entre el Gobierno central y el Ejecutivo vasco cede la gestión del Ingreso Mínimo Vital, una prestación no contributiva que hasta ahora dependía del Instituto Nacional de la Seguridad Social. La transferencia está valorada en 187 millones de euros. No es un traspaso menor: supone que el País Vasco pasará a decidir quién cobra, cuánto y bajo qué requisitos una ayuda que se financia con impuestos de todos los españoles.

El paso siguiente ya está sobre la mesa. El Parlamento Vasco reclamó en su día la transferencia de las políticas pasivas de empleo, es decir, las prestaciones contributivas de desempleo, que gestiona el SEPE. Si eso se consuma, el País Vasco controlaría dos pilares básicos del sistema de protección social: el subsidio de paro y el ingreso mínimo. La pregunta que sobrevuela es qué queda entonces de la caja única.

La caja única y el déficit que nadie quiere asumir​

Aquí empieza el problema aritmético. Hay quien sostiene que el sistema de pensiones vasco es deficitario: según un cálculo que circula en el debate, la diferencia entre lo que se recauda en cotizaciones en Euskadi y lo que se paga en pensiones supera los 3.000 millones de euros anuales. Cataluña estaría por encima de los 4.000 millones. Es decir, si cada territorio tuviera que financiar sus propias pensiones con sus propios recursos, las cuentas no saldrían.

Eso explica por qué la reclamación vasca de gestionar la Seguridad Social genera tanta suspicacia. No se trata solo de decidir cómo se reparte el dinero, sino de quién pone la diferencia. Si la gestión se territorializa pero la solidaridad interterritorial se mantiene, el País Vasco podría subir las pensiones mientras las comunidades con menos recursos siguen aportando a la caja común. Si la solidaridad se rompe, las pensiones vascas tendrían que ajustarse a lo que recaudan los vascos. Y ahí las cuentas no cuadran.

El argumento de la singularidad y el precedente catalán​

La defensa nacionalista se apoya en el Estatuto de autonomía y en el Concierto Económico. Si el País Vasco ya recauda sus propios impuestos y los gestiona, sostienen, no hay razón para que no gestione también las prestaciones sociales que afectan a sus ciudadanos. El argumento tiene un precedente inmediato: Cataluña reclama lo mismo. Y si Euskadi lo consigue, Cataluña pedirá el cupo en la LOFCA y la gestión de la Seguridad Social. La reacción en cadena está cantada.

El problema es que la igualdad de derechos entre españoles no admite excepciones territoriales sin tensionar el marco constitucional. El artículo 41 de la Constitución establece que la Seguridad Social es competencia exclusiva del Estado. Transferir su gestión sin reformar la Carta Magna es, cuando menos, forzar el texto. Hay quien sostiene que la cesión del IMV ya vulnera ese artículo; otros responden que la gestión no es lo mismo que la titularidad y que el traspaso es perfectamente legal.

Qué dicen los críticos: trato desigual y redes clientelares​

Hay quien ha puesto el dedo en la llaga. Su advertencia es doble. Primero, si la gestión se territorializa, los criterios de concesión y las cuantías pueden divergir entre comunidades. Dos trabajadores con la misma cotización podrían acabar cobrando pensiones distintas según dónde residan. Segundo, la transferencia abre la puerta a redes clientelares: los funcionarios que hoy dependen de la Tesorería General de la Seguridad Social pasarían a depender de la consejería autonómica de turno, con el consiguiente aumento de enchufados y de coste administrativo.

El precedente de Lanbide, el servicio vasco de empleo, no invita al optimismo. Su gestión ha sido criticada por ineficiente y por haber multiplicado las estructuras administrativas. Si eso se traslada a las pensiones, el resultado sería un sistema más caro y menos ágil, con el añadido de la desigualdad territorial.

El cálculo que nadie quiere hacer público​

Hay un ejercicio contable que los defensores de la transferencia evitan cuidadosamente: ¿cuánto tendría que subir la cotización de los vascos para financiar sus propias pensiones sin ayuda del resto de España? El déficit de más de 3.000 millones anuales da una pista. Si ese agujero se cubriera solo con aportaciones vascas, la presión fiscal sobre empresas y trabajadores de Euskadi tendría que subir de forma notable. O las pensiones tendrían que bajar. No hay tercera vía.

Ese es el núcleo del asunto. La reclamación de gestionar la Seguridad Social suena a soberanía, pero cuando se traduce en números se convierte en una pregunta incómoda: ¿están dispuestos los vascos a pagar el coste real de sus pensiones? La respuesta, por ahora, no está en ningún documento oficial.

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El debate sobre la caja única no es nuevo. Lo que cambia ahora es que la transferencia del IMV ya es un hecho y que el siguiente paso, las prestaciones de desempleo, está en la rampa de salida. Si nadie lo remedia, la Seguridad Social española acabará siendo un mosaico de gestiones territoriales con una caja común que cada vez sostienen menos manos. Y los críticos, que algo saben de esto, ya han avisado.