Los ingenieros de caminos tienen clara cuáles son las medidas para evitar más desastres como la dana

Ingenieros y presas: el plan que se aparcó mientras crecía el riesgo​

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos lo dijo sin rodeos: las consecuencias de la DANA podrían haberse reducido con las infraestructuras hidráulicas proyectadas. La afirmación llegó acompañada de una petición de pacto nacional del agua y de una queja amarga: los partidos, sostienen, se dedican a culparse mientras las recomendaciones técnicas llevan años durmiendo en un cajón. No es una opinión aislada. La Asociación de Ingenieros de Caminos denuncia que la seguridad de las presas en España no es adecuada y habla de un problema crítico.

El diagnóstico técnico choca con una política que, según las informaciones que se han ido publicando, ha ido en dirección contraria. Mientras se anunciaban 2.500 millones de euros hasta 2030 para derribar presas, el Tribunal de Cuentas llevaba cuatro años alertando de la falta de mantenimiento en las Confederaciones Hidrográficas. El resultado es un país con 904 presas en grave riesgo potencial en caso de rotura, según los datos que manejan los propios ingenieros.

Qué medidas concretas piden los ingenieros de caminos​

El catálogo no es misterioso. Presas de laminación para retener el caudal punta, diques, canales de desagüe y sistemas de drenaje urbano. A eso se añade lo que casi nunca sale en los titulares: conservación de lo ya construido y limpieza de cauces y barrancos. La construcción estima necesario invertir con urgencia 5.000 millones en la cuenca mediterránea para prevenir otra catástrofe, y Seopan eleva la cifra global a 85.000 millones en infraestructuras de agua.

El caso del barranco del Poyo es el ejemplo que más se repite. El plan frente a inundaciones del Júcar preveía tres presas que 24 años después siguen sin estar. La mitad de las partidas previstas para paliar los efectos de una inundación no tienen presupuesto asignado. Y el Gobierno, según las crónicas, tumbó una enmienda para arreglar ese barranco que no costaba ni siete millones de euros.

Hay quien matiza el relato de las presas como solución única. Las tres presas del Júcar —Estubeny, Montesa y Marquesado— no tienen relación directa con la zona afectada por la avenida del Poyo, y las actuaciones en ese barranco llevan paralizadas desde 2006, cuando se acabó la Fase I. Es decir: el problema no es solo qué se construye, sino qué se deja a medias.

El urbanismo como causa y la alerta como ruido de fondo​

Un geólogo lo resumió con crudeza: la tragedia se podría haber evitado con planes urbanísticos bien fundados en la técnica. Toda la zona del Levante tiene un régimen torrencial, con ramblas y barranqueras que solo llevan agua cuando caen grandes tormentas. Poner centros comerciales y viviendas en esos cauces es jugar a la ruleta con el clima. El 91% de los españoles, según los sondeos que se han difundido, pide prohibir las viviendas en zonas inundables.

En paralelo, la gestión de las alertas se ha convertido en un laberinto. Hay quien sostiene que las alertas deberían ser menos generales y más acotadas, porque al final la gente pasa de ellas. La respuesta técnica es que una alerta amarilla solo pide precaución y que el criterio conservador es preferible a quedarse corto. El problema es que la sobreactuación política de unos y la inacción de otros han convertido el sistema en un espectáculo que nadie sabe leer.

El dato que descoloca: mientras se discute si sobra o falta alerta, el barro se solidifica en los colectores y puede convertirse en un problema de salud pública. La evacuación del agua residual de los pueblos no es una opción, es una urgencia sanitaria. Y ahí, de nuevo, los ingenieros tenían razón antes de que nadie les hiciera caso.