Ingreso mínimo vital; el 82,5% de los beneficiarios son españoles.

El 82,5% de perceptores del IMV son españoles, pero el dato no cierra el debate​

Un informe del Tribunal de Cuentas pone cifras a una discusión que llevaba años funcionando a base de consignas cruzadas. El organismo fiscalizador concluye que el 82,5% de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital son españoles, mientras que los ciudadanos de fuera de la Unión Europea representan apenas un 14% del total. La estadística desmonta el relato más repetido en según qué mentideros, ese que sostiene que la prestación es poco menos que un chiringuito para recién llegados. Pero el dato, lejos de apagar el fuego, ha reabierto la caja de los truenos con nuevos argumentos: los nacionalizados, los hijos de migrantes ya con DNI, los currículums engordados y la sospecha permanente sobre cualquier cifra oficial.

El ingreso mínimo vital nació como red de seguridad para hogares sin recursos. La cuantía base ronda los 660 euros para una persona sola y escala hasta los 1.500 euros al mes en unidades familiares numerosas. El planteamiento del informe es simple: la mayoría de quienes lo cobran tienen apellidos corrientes, padres que cotizaron durante el franquismo y la democracia, y vidas rotas por encima de sus posibilidades. Otra cosa es que eso baste para zanjar la polémica.

Quién cobra realmente el IMV y por qué el dato no convence a todos​

El informe del Tribunal de Cuentas cuantifica lo que hasta ahora era terreno de la opinión. Ocho de cada diez perceptores tienen nacionalidad española. Solo un 14% procede de países extracomunitarios. Con esos mimbres, el cesto de la demagogia se queda sin asas: la imagen del beneficiario tipo no es la de un recién llegado, sino la de un compatriota con la vida cuesta abajo.

Hay quien sostiene que el IMV ha evitado que miles de personas acaben rebuscando en la basura, ejerciendo la prostitución o trapicheando con drogas. La prestación, argumentan, no es un premio: es un colchón temporal para quien no llega a fin de mes por impedimentos físicos, edad o cargas familiares. Un tiempo de dignidad, lo llaman. Y en ese tiempo, dicen, el Estado cumple con la función más básica que se le supone.

El problema es que la estadística tiene tantos agujeros como defensores. La primera objeción es la del currículum engordado: un español de toda la vida con un expediente impecable puede ser, en realidad, un nacionalizado que obtuvo el DNI hace tres años. La segunda es la de los hijos: menores nacidos aquí, con nacionalidad española, que engrosan las unidades familiares perceptoras. La tercera es la del clan: familias extensas que computan como un solo hogar y distorsionan cualquier media.

Nacionalizados, clanes y el problema de medir la españolidad​

La crítica más repetida no niega el dato: lo reinterpreta. Se argumenta que buena parte de ese 82,5% son españoles de carnet, personas que obtuvieron la nacionalidad por residencia y que, en la práctica, no responden al perfil que el informe sugiere. La estadística oficial, en este punto, no distingue entre un madrileño de tercera generación y un nacionalizado de primera. Y esa ambigüedad es, precisamente, el agujero por el que se cuela la desconfianza.

El cálculo que circula en foros y redes va más allá: si los extranjeros son alrededor del 13% de la población y suponen el 17,5% de los perceptores, la probabilidad de cobrar el IMV sería proporcionalmente mayor entre migrantes que entre nativos. La conclusión, presentada como aritmética elemental, es que la estadística oficial oculta una sobrerrepresentación. No hay manera de verificarlo con los datos publicados, pero el argumento tiene gancho.

A eso se suma la sospecha sobre el propio Tribunal de Cuentas. Algunas voces recuerdan que el organismo ha tenido sus propios escándalos internos y que sus informes no son palabra de evangelio. La desconfianza institucional, en España, es un deporte de alto rendimiento.

La propuesta que nadie se atreve a defender en voz alta​

Entre las posturas más repetidas aparece una idea que, formulada en voz alta, suena a provocación: vincular el IMV al trabajo civil obligatorio. Corneta a las siete de la mañana, lista a las dos de la tarde, sábados incluidos. Quien no cumpla, pierde la paga. Es la versión dura de la contraprestación, y aunque nadie la defiende en público, flota en el ambiente cada vez que se discute el coste de las prestaciones.

Enfrente, la propuesta opuesta: renta básica universal para todos, ricos y pobres, sin condiciones. Es la versión más radical del Estado como garante de la supervivencia, y también la más cara. Nadie ha calculado su factura, pero el solo enunciado sirve para cerrar cualquier debate antes de empezarlo.

En medio, la postura más pragmática: prestación temporal, tasada, con acompañamiento para la reinserción laboral. Como en otros países. El problema es que España no tiene un mercado laboral que absorba a los perceptores, y sin empleo no hay salida. La trampa es perfecta: la ayuda se convierte en permanente porque no hay puerta de salida.

El coste político de una estadística incómoda​

El informe del Tribunal de Cuentas deja un dato objetivo: el IMV no es un chiringuito para extranjeros. Es una prestación que, mayoritariamente, cobran españoles. Otra cosa es que eso baste para justificarla, para reformarla o para enterrar el debate. La desconfianza hacia las cifras oficiales es demasiado profunda, y la sospecha sobre quién es realmente español, demasiado elástica.

Lo que el dato no resuelve es la pregunta de fondo: cuánto tiempo debe una sociedad mantener a quien no puede mantenerse solo. El informe dice quién cobra. No dice hasta cuándo. Y esa es, exactamente, la pregunta que nadie quiere responder.