Los 179 DIfrutaDOS que apoyaran al nuevo GOBIERNO Representan 12.506.682 votantes el 51% frente al 45.65% que NO 11.177.348 votantes

La aritmética del apoyo al nuevo Gobierno​

En una servilleta de bar cabe toda la aritmética que se repite en el debate para sostener al nuevo Gobierno. Sume apoyos: 12.506.682 votos, el 51%, repartidos entre los 179 diputados dispuestos a investir al Ejecutivo. Reste rechazos: 11.177.348 votos, el 45,65%. Y aparte, los 10.402.450 que se quedaron en casa, un 29,59% de abstención. La operación se repite con el mismo interrogante al fondo: si el respaldo es tan incontestable, ¿por qué nadie quiere volver a medirlo en las urnas?

Los números son los que son. También son los que cada bando elige. Quien sostiene al Gobierno exhibe la diferencia de más de un millón de votos entre los partidos que lo apoyan y los que no, y recuerda que el PSOE cosechó más votos que cuatro años antes. Enfrente, la suma de oposición y abstención alcanza los 21.579.798 votos, cifra que se usa como certificado de soledad del Ejecutivo. Qué bloque pesa más es justo el terreno donde se libra la discusión.

Qué significa tener mayoría parlamentaria y no mayoría de votos​

España no elige presidentes: reparte escaños. Un partido puede quedar segundo en votos y aun así sumar los 179 diputados necesarios para investir a un presidente, porque el sistema prima la concentración territorial del voto. No es nuevo, y quien lo invoca no descubre la pólvora. El matiz incómodo aparece cuando la mayoría se construye con votos ajenos a la mitad del electorado y con acuerdos que nadie leyó antes de depositar la papeleta.

El argumento de más peso no es el aritmético, sino el de la confianza. «El voto es confianza, da representación a cambio de un programa, de unos objetivos», resume una de las voces que intervienen: el diputado no recibe un cheque en blanco, recibe un mandato. Bajo esa óptica, apoderarse de 12,5 millones de votos para firmar lo que no se prometió no es una mayoría: es una apropiación.

La amnistía que no estaba en ningún programa​

Aquí está el nudo. La ley de amnistía no figuraba en el programa con el que concurrieron a las elecciones del 23 de julio el PSOE y sus socios, y quienes lo reprochan recuerdan que en campaña se negó explícitamente que fuera a tramitarse. Ahora es la condición de la investidura. Se objeta que los tres partidos más votados rechazaban esa vía —el primero se oponía, el segundo sostenía que no cabe en la Constitución, el tercero no quería ni oírla—, lo que convertiría el acuerdo en una mayoría negativa: la que se forma contra lo que votó el resto.

La respuesta de los defensores del acuerdo es que el votante ya sabía. Que se puede discrepar de la amnistía y seguir prefiriendo este Gobierno, y que la prueba está en que el PSOE creció respecto a los comicios anteriores. Puede ser. Pero esa lógica tiene un precio: si el apoyo es tan sólido, cualquier consulta posterior debería refrendarlo sin esfuerzo, y nadie parece tener prisa por convocarla.

El precedente de Aznar en 1996 y el 33% del IRPF​

La defensa más eficaz que circula es histórica. Se sostiene que en 1996 Aznar llegó a la presidencia con el apoyo del PP, CiU y PNV pese a sumar un 4% menos de votos que IU y el PSOE, y que entonces no se habló de gobernar contra media España. Se añade que Aznar criticó que Felipe González cediera a Cataluña el 15% del IRPF en 1993 y que, ya en el poder, elevó esa cesión al 33%. Por esta regla, el cabreo actual sería selectivo y de doble rasero.

Es verdad que el doble rasero existió. No es menos verdad que un mal precedente no legitima el siguiente, que es justo lo contrario de lo que se pretende demostrar con él. La discusión se atasca porque cada lado tira de la historia solo cuando le conviene.

Cuánto pesan los votos nacionalistas​

Hay un cálculo que irrita especialmente. Si se descuentan los aproximadamente 1,8 millones de votos de los partidos nacionalistas, según esa cuenta el bloque que sostiene al Ejecutivo quedaría por debajo del contrario en cerca de 1,5 millones de votos. Es decir, el Gobierno se apoyaría en formaciones cuyo objetivo declarado no es gobernar España, sino negociar con ella. Se argumenta incluso que partidos de ese tipo son ilegales en Portugal, Francia o Alemania. Sea o no justa la comparación, la aritmética de la investidura depende de esos votos.

Qué pasa mientras tanto en la calle​

La calle ha respondido antes que las instituciones, con concentraciones ante sedes socialistas, proclamas contra Bruselas y la OTAN y un lenguaje que mezcla el cabreo fiscal con símbolos religiosos. Mientras unos piden consultas que nadie convoca, otros avisan de que el reproche en las urnas solo llegará dentro de cuatro años. En medio, un participante rescata un dato antiguo como advertencia: la Constitución de Cádiz la aprobaron en 1812 un total de 167 diputados autoelegidos, el 75% clérigos, militares y clases altas. Cada época llama democracia a lo que puede.

Queda el dato que descoloca. La abstención, 10.402.450 votos, es varias veces la distancia que separa a los dos bloques en liza. Los mismos que se pelean por cada acta dejaron en blanco la papeleta más decisiva.