LO DE BEGOÑA SE ESTÁ VOLVIENDO MUCHO MÁS GRAVE DE LO QUE SE PENSABA - NOVEDAC BROTAL

Begoña Gómez registró a su nombre el software que Google hizo gratis​

Google aportó 150.000 euros. La Universidad Complutense de Madrid, otros 65.000. Indra y Telefónica pusieron el resto de la colaboración. El resultado fue una plataforma de sostenibilidad que ninguna de esas cuatro entidades inscribió a su nombre. Lo hizo, según la información que El Confidencial publicó el 30 de mayo de 2024, Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Y no desde la sede de la universidad: el registro salió de una casa particular. La herramienta, además, se ofrece desde una sociedad que ella controla al 100%.

Qué se sabe del registro de la plataforma de sostenibilidad​

La secuencia que describe la información publicada tiene tres estaciones. Primero, Indra, Telefónica y Google desarrollan gratis un software de sostenibilidad para la Complutense, dentro del paraguas del máster y la cátedra de Transformación Social Competitiva. Segundo, Begoña Gómez —co-directora de ese máster y directora de esa cátedra— inscribe la plataforma en la Oficina de Patentes a su nombre. Tercero, una mercantil de su propiedad comercializa la herramienta a través de una página web.

Lo que ha encendido las alarmas no es solo el registro. Es la combinación. Un activo que no pagó ella, una universidad pública que sí puso dinero y un apellido que abre puertas en cualquier despacho. En la web de la empresa, el propio perfil profesional se anunciaba hasta hace poco como socia de KPMG España en el área de sostenibilidad y buen gobierno corporativo. Los archivos de internet conservan nueve capturas de esa página entre el 5 de junio de 2023 y el 17 de mayo de 2024. Después, el rastro desapareció.

¿Cuánto vale el activo que quedó a nombre de Begoña Gómez?​

El cálculo más repetido parte de dos cifras que la propia información maneja: 150.000 euros que puso Google y 65.000 que aportó la Complutense. Suma 215.000 euros. Si esas cantidades financiaron el desarrollo y el resultado se inscribe a título individual, el titular del registro se queda con un activo de ese calibre sin haber desembolsado nada, con independencia de si las empresas pagan después por usarlo o no. Es la tesis que sostiene el análisis más extendido.

El escenario alternativo es más prudente: la universidad, como institución, puede reclamar derechos sobre un desarrollo financiado con fondos públicos y encargado a terceros. Nadie ha aclarado todavía qué cláusulas firmaron las partes ni quién figura como titular legítimo. Y ese vacío, más que cualquier cifra, es lo que sostiene el escándalo.

El currículum: de KPMG a dirigir una cátedra universitaria​

La carrera académica de Begoña Gómez aparece en el claustro del máster que ella misma co-dirige. En la Complutense figura como coordinadora de proyectos de formación una persona con más de 25 años de experiencia, mientras ella encabeza la cátedra de Transformación Social Competitiva. No consta titulación específica que respalde ese salto, y esa ausencia es justamente lo que se subraya desde todos los ángulos.

Hay un detalle que añade ruido al asunto: el Ejecutivo negociaba por esas mismas fechas con Google un mecanismo para que los buscadores pagasen a los medios por sus noticias. Que la petición de un software gratuito coincida con esa negociación es, como mínimo, un calendario incómodo.

Urdangarin, la tesis y los Kirchner: los paralelismos que se repiten​

El primero es el más citado. El caso Urdangarin empezó con encargos pequeños, siguió con contratos de tres cifras y acabó en los tribunales. La hipótesis que se repite es que ocurre lo mismo con el entorno presidencial: si nadie corta la primera irregularidad, la siguiente es más grande. La segunda comparación apunta a la tesis doctoral del propio presidente, cuestionada en su momento por presuntas irregularidades que nunca se resolvieron del todo.

En tercer lugar aparece el argumento político puro. Si el PP gobernara en una comunidad con un software cedido por Indra y registrado por la mujer del candidato, la oposición habría pedido la dimisión en 24 horas. Esa asimetría —que se aplique una vara distinta según quien esté en el Gobierno— atraviesa buena parte del descontento, y explica por qué el asunto no se apaga.

Qué dice Feijóo y qué consecuencias políticas tiene​

El líder del PP calificó la operación de delito «de Código Penal» y habló de «gravedad extrema», además de apelar a la responsabilidad ética del presidente. Es un paso más respecto a la simple indignación: sostener que hay encaje penal cambia el tono del enfrentamiento.

Nadie ha presentado todavía una denuncia formal que avance, y la universidad pública implicada no ha movido ficha. Que el gestor principal del caso sea la institución que cedió el activo complica cualquier respuesta rápida. Mientras, el registro sigue a nombre de ella.

Con esos mimbres, ¿aguanta un gobierno una acusación así, o se queda en el titular de una semana? Nadie firma la respuesta.

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Datos clave

• 150.000 euros aportados por Google para el desarrollo del software.
• 65.000 euros aportados por la Universidad Complutense de Madrid.
• 215.000 euros de activo total que quedó registrado a nombre de Begoña Gómez.
• 100% de las acciones de la empresa que explota la herramienta, en su poder.
• 9 capturas archivadas del perfil profesional entre junio de 2023 y mayo de 2024.