La UE empieza a preocuparle la corrupción en España

La Fiscalía Europea reclama la copia de la querella del caso Koldo a la Audiencia Nacional​

La Fiscalía Europea ha solicitado al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional la copia de la querella interpuesta por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada por las posibles irregularidades vinculadas a contratos de suministro de mascarillas durante la pandemia, el llamado caso Koldo. La petición llega después de años en los que, según el sentir de varios participantes en el debate, Bruselas había mirado hacia otro lado mientras el dinero de los fondos COVID se repartía por vías que ahora se investigan.

El movimiento judicial no es una simple formalidad administrativa. La Fiscalía Europea tiene competencia sobre el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión, y los contratos de material sanitario financiados con fondos comunitarios entran de lleno en ese ámbito. La pregunta que sobrevuela el asunto es por qué se activa ahora y no antes.

Qué implica que Bruselas pida la copia de la querella​

La solicitud de la copia de la querella abre la puerta a que la Fiscalía Europea asuma la investigación o, como mínimo, a que coordine sus pasos con la justicia española. El caso Koldo, que hasta ahora se tramitaba en los juzgados de la Audiencia Nacional, pasa a tener una dimensión comunitaria que puede complicar el relato oficial.

Hay quien sostiene que este interés llega tarde y mal. La sensación expresada por varios participantes es que durante meses se permitió que el asunto creciera sin interferencias desde Bruselas, y que solo cuando el escándalo ha alcanzado un volumen insostenible se ha decidido mover ficha. Más vale tarde, dirán algunos. Otros ven en la maniobra una operación de imagen para simular que alguien vigila.

Los fondos europeos y el rastro del dinero​

El núcleo económico del asunto está en los fondos europeos. Los contratos de mascarillas durante la pandemia se financiaron, en parte, con dinero comunitario, y ahí es donde la Fiscalía Europea tiene algo que decir. La pregunta que muchos se hacen es si los organismos de Bruselas van a auditar el destino final de esos pagos o si se limitarán a pedir papeles y archivarlo todo con un informe de trámite.

En el debate se menciona la cifra de los 74.000 millones de los fondos Next Generation, cuyo destino, según algunos participantes, se promete examinar con lupa. La comparación con otros casos de corrupción que se han ido archivando o enquistando durante años no invita al optimismo. El precedente de los ERE andaluces, con cientos de millones en juego y una instrucción que se eternizó, se cita como ejemplo de lo que puede pasar cuando el dinero público se mezcla con estructuras de poder.

El problema de fondo: quién controla a los controladores​

La cuestión que late bajo la noticia no es solo el caso Koldo. Es la arquitectura institucional. La Fiscalía Europea depende de la Comisión Europea, y la Comisión Europea es la que gestiona y reparte los fondos que ahora se investigan. ¿Puede un organismo fiscalizar con imparcialidad el dinero que su propia casa ha distribuido?

La sospecha de que Bruselas no quiere auditoría sino gestión de daños recorre el análisis. Si la Fiscalía Europea asume el caso, tendrá acceso a documentación sensible que afecta a la relación entre el Gobierno español y las instituciones comunitarias. Si no lo asume, quedará la duda de por qué se pidió la copia de la querella para nada.

Qué puede pasar ahora​

El caso está en manos del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, que deberá decidir cómo responde a la petición. La Fiscalía Europea puede reclamar la competencia si considera que los hechos afectan a los intereses financieros de la Unión, lo que abriría un escenario de conflicto entre jurisdicciones.

Mientras tanto, la instrucción española sigue su curso. No hay plazos públicos ni resoluciones firmes sobre el fondo del asunto. Lo único claro es que el caso Koldo ha dejado de ser un problema exclusivamente español para convertirse en un expediente con sello comunitario. Si eso sirve para que se investigue de verdad o para que se entierre con más solemnidad, está por ver.

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Al final, la institución que, según varios participantes, lleva años mirando hacia otro lado descubre de pronto que el dinero que repartió quizá no llegó donde debía. Deeply concerned, que dirían en Bruselas. Y mientras tanto, el contribuyente español sigue esperando a que alguien explique a dónde fue cada euro.