La gran coña de la izquierda con la vivienda (Luis Ventoso en El Debate)

Una mujer de 54 años, desahuciada el 15 de abril de 2026 en Hospitalet de Llobregat, se quitó la vida cinco meses después. Su caso ilustra un problema estructural: el Banco de España calcula que falta alrededor de un millón de viviendas en el país mientras la demanda sigue subiendo.

Olga Matute tenía 54 años, dos hijas —una de ellas menor de edad— y vivía en Hospitalet de Llobregat, en el área metropolitana de Barcelona. Se había comprado un piso en su ciudad veinte años atrás, cuando estaba casada. Tras el divorcio, su exmarido dejó de pasar la pensión que le correspondía y ella no pudo seguir afrontando la hipoteca. Llegó a un acuerdo con el banco para quedarse en lo que había sido su casa como inquilina. Con unos ingresos de 600 euros al mes, tampoco pudo pagar el alquiler. El 15 de abril fue desahuciada. El 5 de septiembre de 2026 se quitó la vida. Cinco meses después.

El caso que no tuvo acampada

Era militante de un sindicato de vivienda. Su situación llegó al Parlamento catalán, donde expuso su drama y confesó que sopesaba el suicidio. Fue despedida con algunos sueltos en prensa. El columnista Luis Ventoso, en El Debate, subraya el contraste: no hubo acampada reivindicativa frente a la sede del Gobierno catalán ni señalamiento al banco que traspasó el piso a un fondo. Añade que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no dijo nada sobre el caso. Habla de demagogia y de un drama usado según conveniencia.

Los datos globales dibujan un problema mayor. Según el cálculo que Ventoso cita en su artículo, desde que Sánchez llegó a la Moncloa se han registrado 265.000 desahucios en España. El mismo texto cifra en 2,5 millones los extranjeros llegados en el último lustro y en cuatro millones los de la última década. Cada uno de ellos necesita un techo. La demanda sube; la oferta no acompaña.

Un millón de viviendas de déficit

El Banco de España estima que falta alrededor de un millón de viviendas en el país. Ventoso lo atribuye a las trabas burocráticas, a las cargas fiscales y a la intervención del mercado: zonas tensionadas, limitaciones a los caseros, vetos a las viviendas turísticas. Sostiene que el resultado ha sido menos oferta justo cuando más falta hacía.

Su propuesta pasa por liberalizar suelo, aligerar trámites, dar seguridad jurídica a propietarios, compradores e inquilinos, y formación profesional para que el sector de la construcción tenga plantillas cualificadas. Pide también un plan estatal de vivienda social, y recuerda que en España se han acometido planes de ese tipo en otras épocas.

Los dos decretos y el calendario del desahucio

A finales de septiembre de 2026, según relata el columnista, dos gobiernos presentaron cada uno su plan de vivienda. Nada indica que ninguno de los dos decretos vaya a obtener apoyo parlamentario suficiente. Uno de ellos incluiría la prohibición de desahuciar a quien se declare vulnerable y deje de pagar hasta 2030. Ventoso lo interpreta como una puerta abierta a la okupación.

Aquí conviene separar hecho y valoración. La existencia de esa propuesta figura en el texto de El Debate; su lectura como vía libre a la okupación es una opinión del autor. El marco legal de la propiedad tiene siglos: el código de Hammurabi, del 1750 a.C., ya regulaba la propiedad y se conserva en el Louvre. La tradición jurídica posterior consolidó esa figura. Ventoso sostiene que esa trayectoria se pone en cuestión cuando se prioriza al inquilino que deja de pagar sobre el dueño.

Qué hace falta, según el autor

El diagnóstico de Ventoso se resume en cuatro ideas: liberar suelo, reducir trabas administrativas y fiscales, impulsar la construcción con mano de obra formada y aprobar un plan de vivienda social de alcance estatal. Se queja de que el Gobierno central se haya quedado, en la práctica, en un instituto de buenos consejos, mientras el poder real está en las comunidades autónomas. También critica que se haya estigmatizado a constructores e inmobiliarias.

El artículo aparece firmado en El Debate el 30 de septiembre de 2026. Su tesis central es que las recetas intervencionistas agravan el problema. Las cifras que aporta —desahucios, llegada de extranjeros, déficit estimado por el Banco de España— están puestas al servicio de esa tesis. Cada una merecería verificación con su fuente primaria, pero el punto de partida es incontestable: hay un problema de vivienda en España que no se está resolviendo.

Si alguien atraviesa una situación parecida, en España existe una línea telefónica de atención a la conducta suicida, el 024, gratuita y disponible las 24 horas. Buscar ayuda profesional no es un signo de debilidad.