Una obligación democrática incumplida (editorial de El ABC)

El Gobierno de España volverá a incumplir el plazo constitucional para presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. La prórroga de las cuentas de 2023, aprobadas por una legislatura que ya no existe, se ha convertido en método habitual e impide al Parlamento ejercer su función de control.

El Gobierno de España no presentará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado dentro del plazo que fija la Constitución. Lo admite el propio Ejecutivo. El artículo 134.3 obliga a remitir las cuentas al Congreso al menos tres meses antes de que expiren las anteriores. No va a pasar.

Un plazo que la Constitución fija y el Ejecutivo incumple

El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, aseguró que al Gobierno se le han apilado «materias urgentes por encima de lo importante». Lo importante, presentar las cuentas y someterlas al Parlamento, ha quedado debajo de lo urgente. Así llevamos desde 2023.

La presentación anual de los Presupuestos no es un trámite administrativo. Es la traducción económica del programa del Gobierno y el instrumento mediante el cual las Cortes autorizan el uso de los recursos públicos, fijan prioridades y controlan al Ejecutivo. Presentarlos no garantiza que se aprueben. Garantiza algo anterior: que el Parlamento pueda debatirlos, modificarlos, aprobarlos o rechazarlos.

De la excepción al método: tres años sin cuentas nuevas

La Constitución prevé la prórroga automática para evitar que el Estado se paralice cuando no hay nuevos Presupuestos. Esa garantía de continuidad no puede convertirse en la vía ordinaria. La prórroga mantiene funcionando la Administración; no renueva la confianza política. Menos aún cuando las cuentas vigentes proceden de una legislatura que ya dejó de existir: los Presupuestos de 2023 fueron aprobados por la legislatura surgida de las elecciones generales de 2019.

El Gobierno no ha presentado nuevos Presupuestos en toda la legislatura. La fragilidad de la mayoría de investidura ha conducido a sucesivas prórrogas. Y en el Congreso, la senda fiscal fue rechazada con los votos de PP, Vox y Junts. La dificultad para reunir apoyos no exime al Ejecutivo de sus obligaciones constitucionales. Al contrario, cuando la mayoría es incierta resulta más necesario que el Parlamento se pronuncie.

El Constitucional estudia el conflicto del Senado

El problema ha adquirido dimensión institucional. El Tribunal Constitucional estudia el conflicto planteado por el Senado, que sostiene que la ausencia reiterada de un proyecto presupuestario impide a las Cortes ejercer la competencia que les atribuye la Constitución. El pronunciamiento del TC será relevante, pero la cuestión política existe con independencia de lo que resuelva.

Un Gobierno no puede acomodar el calendario constitucional a la conveniencia de sus negociaciones o al ambiente político de cada momento. Debe presentar las cuentas y someterlas al Parlamento, aunque el resultado de la votación sea incierto. Y si carece de una mayoría capaz de respaldar el instrumento central de su política económica, tendrá que sacar las consecuencias políticas que correspondan.

Cumplir la Constitución no es un formalismo. Es la primera obligación de quien gobierna. Lo demás son excusas. Los plazos y obligaciones mencionados están recogidos en el texto constitucional y han sido admitidos por el propio Gobierno.