La dura realidad: los nativos españoles quieren la cada vez mas inmigración

Un análisis sostiene que la inmigración sostiene el PIB y las pensiones, pero divide el debate​

Un análisis económico difundido en foros sostiene que la economía española ha construido un modelo en el que la llegada constante de trabajadores extranjeros sostiene sectores enteros, modera la inflación y engorda las arcas públicas. Según esta tesis, los propios españoles serían los primeros interesados en que no se detenga la entrada de inmigración. El argumento no es moral, es contable: pensiones complementadas con alquileres a inquilinos inmigrantes, polígonos logísticos que solo funcionan con mano de obra extranjera, hostelería y servicios que sin ella desaparecerían.

El planteamiento es incómodo porque rompe el relato de ambos bandos. Ni la inmigración es solo una carga humanitaria ni su freno una victoria patriótica. Según esta lectura, el Estado y su clientela funcionarial serían los primeros interesados en mantener el flujo, porque con él se reproduce un sistema que, sin aporte demográfico externo, ya habría caído. La impresora seguiría a todo trapo porque hay peones de importación que sostienen la recaudación.

¿Quién paga las pensiones si no llegan trabajadores?​

El núcleo del argumento es demográfico y fiscal. Una población envejecida necesita contribuyentes jóvenes, y España no los produce. De ahí que, según esta tesis, la mitad de los jóvenes nativos opositen a plazas públicas cuyo sueldo se paga, en última instancia, con los tributos de esa mano de obra que llega de fuera. El círculo se cierra: los hijos de los nativos heredan pisos y los alquilan a inmigrantes, extrayendo rentas que complementan su jubilación.

Hay quien sostiene que este esquema convierte al nativo en rentista pasivo de un sistema que no controla. Y en contra pesa el argumento de que ese mismo nativo compite por vivienda y servicios con quien sostiene el tinglado. La contradicción no se resuelve: se agrava con cada año de llegadas.

El control de la inflación que nadie quiere reconocer​

El segundo pilar es monetario. La impresión constante de dinero exigiría una inflación galopante si no fuera porque, según este análisis, la oferta de bienes y servicios crece al mismo ritmo gracias a la mano de obra extranjera. Sin ella, el sector servicios español sería residual y los precios se dispararían. Sería el mayor ancla antiinflacionaria del país, y sería invisible en el discurso oficial.

Ese mecanismo explicaría por qué, según esta lectura, los empresarios no se oponen a la inmigración aunque les acusen de explotadores. En los polígonos solo habría trabajadores inmigrantes, y las obras públicas se ejecutarían con ellos. La patronal pediría más porque su modelo dependería de salarios bajos sostenidos.

La cara incómoda: paro, precariedad y coste neto​

No todos los análisis comparten el diagnóstico. La objeción más repetida es que la tasa de paro de los inmigrantes duplica la de los nativos, y que los irregulares no trabajan en absoluto. Bajo esa premisa, la inmigración sería un gasto neto, no una inversión, y cada llegada empobrecería al conjunto. El cálculo más optimista asume pleno empleo efectivo; el pesimista parte de que solo una minoría aporta.

A esto se suma el efecto sobre la vivienda. Con más de 500.000 entradas anuales, ni bajan los precios ni suben los salarios reales. La demanda presiona el alquiler al alza y expulsa a los locales de los barrios. Quien defiende el flujo responde que sin él la economía se contraería; quien lo critica señala que el beneficio se concentra arriba y el coste se reparte abajo.

El trasfondo político: un sistema que necesita peones​

La dimensión política cierra el círculo. Se argumenta que el Estado y su aparato funcionarial serían los primeros interesados en la llegada constante, porque cada nuevo residente justificaría más gasto, más plazas públicas y más recaudación. La industria política viviría de gestionar el flujo, no de resolverlo. Y los votantes de ese sistema, según esta lectura, también se beneficiarían del mantenimiento.

La consecuencia sería un consenso tácito entre derecha económica e izquierda política: ambos necesitarían la inmigración para sostener sus respectivos modelos. El disenso real estaría en las condiciones, no en el volumen. Y mientras ese pacto no se rompa, el flujo continuaría.

Qué puede pasar: predicción con reservas​

El escenario más probable, si nada cambia, es que el sistema aguante mientras llegue gente. La impresora seguiría funcionando sin que el Estado quiebre, porque los nuevos contribuyentes sostienen la recaudación. Pero esa estabilidad es frágil: depende de factores externos que España no controla, desde la situación en los países de origen hasta la capacidad de absorción del mercado laboral.

La predicción con reservas es que no habrá crisis para el Estado con peones de importación, pero tampoco solución para los problemas de fondo: vivienda, salarios y productividad. El día que el flujo se detenga, el ajuste será brusco. Nadie sabe cuándo, y eso es precisamente lo que permite seguir aplazando el debate.