La desesperación de una progenitora soltera con 3 descendientes arruinada por sus inquiokupas: "Estoy en tratamiento por depresión"

Una madre soltera con tres hijos, sin poder recuperar su piso y con 20.000 euros pendientes​

Itziar tiene tres hijos de 7, 15 y 18 años y un piso en propiedad en Alcobendas del que no puede disfrutar. Lo puso en alquiler por 875 euros al mes para poder costear otro en el que vivir con su pareja y sus hijos. Según su relato, la familia inquilina dejó de pagar cuando ella les comunicó que no renovaría el contrato en septiembre. Casi dos años después, sigue sin recuperarlo, dice acumular más de 20.000 euros de deuda y ha tenido que mudarse con sus tres hijos a casa de sus padres, dos jubilados. «Estoy en tratamiento por depresión y también para poder dormir», relata.

El caso, difundido por Libre Mercado, ha reabierto el debate sobre el equilibrio entre la protección del inquilino vulnerable y la del pequeño propietario. La afectada insiste en un punto que vertebra toda la discusión: comprobó la documentación de los inquilinos, vio que tenían empresas y unos ingresos «más que de sobra», y confió. Eran, según su relato, «perfectamente solventes» hasta que les comunicó que debían marcharse.

Qué es un inquiokupa y por qué el caso se ha convertido en símbolo​

El término inquiokupa designa a quien accede a una vivienda con contrato de arrendamiento y, en un momento dado, deja de pagar y se niega a abandonar el inmueble. La diferencia con la ocupación ilegal clásica es jurídica: aquí existe un contrato previo, lo que obliga al propietario a acudir a la vía civil para recuperar la posesión. Ese recorrido procesal es el que convierte un impago en una condena de años para el arrendador.

La protagonista de este caso lo describe sin adornos: «No solo me dijeron que no se iban a ir, sino que, además, dejaron de pagarme». La deuda supera los 20.000 euros, una cifra que en muchos hogares equivale a dos años de renta. Mientras tanto, ella y sus hijos duermen repartidos entre la casa de los abuelos: los adolescentes con los abuelos, el pequeño con ella.

La solvencia comprobada que no sirvió de nada​

El detalle que más ha circulado es el de la solvencia. Itziar revisó nóminas, documentación y actividad empresarial antes de firmar. No alquiló a ciegas. Ese punto desmonta el argumento de que el propietario que se ve en esta situación actuó con negligencia. La insolvencia sobrevenida o la simple decisión de dejar de pagar no se detectan en una comprobación previa.

Hay quien sostiene que ninguna verificación elimina el riesgo y que el problema no es la selección del inquilino, sino la ausencia de un mecanismo rápido de desalojo cuando el impago se produce. En contra pesa el argumento de que endurecer las condiciones expulsa del mercado a los inquilinos con ingresos irregulares, que son precisamente los que más necesitan alquiler.

El efecto en cadena sobre la oferta de alquiler​

Cada caso como este tiene una consecuencia medible a medio plazo: menos pisos en oferta. Un propietario que lee esta historia antes de alquilar su segunda vivienda se lo piensa dos veces. El resultado agregado es un mercado más estrecho, con menos competencia entre arrendadores y precios sostenidos al alza por escasez.

El propio relato de la afectada apunta a ese cálculo: alquilaba su piso para poder pagar otro. Es decir, el alquiler no era un negocio de rentista, sino la pieza que le permitía vivir con sus hijos. Cuando esa pieza falla, la familia entera cae hacia atrás: de una vivienda propia a compartir techo con dos jubilados.

La respuesta institucional que no llega​

Itziar hace un llamamiento directo al Gobierno: «Están utilizando a los pequeños propietarios como escudo social». Su tesis es que la administración traslada al arrendador particular la carga de resolver un problema de vivienda que debería asumir con recursos públicos. Si los inquilinos son vulnerables, argumenta, que les proporcione una vivienda la administración, no el propietario.

Ese es el nudo del asunto y ahí se atasca el análisis. No hay una cifra oficial de cuántos casos como este existen, ni un protocolo que separe al inquilino que no puede pagar del que simplemente decide no pagar. Sin esa distinción, cualquier medida de protección acaba cubriendo a ambos, y el coste lo asume quien alquiló de buena fe.

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Datos clave del caso

• Renta mensual pactada: 875 euros
• Deuda acumulada: más de 20.000 euros
• Tiempo sin recuperar el piso: casi dos años
• Hijos a cargo: tres, de 7, 15 y 18 años
• Vivienda: piso de dos habitaciones en Alcobendas