Sigan remando: Británicos jubilados con sanidad gratis

Sanidad gratis y casa con piscina: la jubilación británica en España​

¿Cuánto cambia mudarse a España con una pensión británica bajo el brazo? Alan y Jane, de 74 y 66 años, sostienen que mucho. Residen desde enero de 2016 en una casa de tres habitaciones con piscina y jardín en la costa valenciana, comprada por 160.000 euros —unas 130.000 libras— con lo que sacaron de vender su adosado de dos dormitorios en el suroeste del Reino Unido, que se cerró por aproximadamente un 50% más. Él ya estaba jubilado al llegar; ella dejó un puesto exigente en los servicios públicos y la educación superior y pudo anticipar su retirada más de seis años. La decisión se tomó en 2015, antes del referéndum del Brexit, un detalle que con el tiempo ha resultado determinante.

Qué cuesta mantener una casa con piscina en la costa valenciana​

La cuenta que sostiene el relato es sencilla. La factura eléctrica ronda los 64 euros al mes, unas 56 libras, con la bomba de la piscina funcionando todo el tiempo. El motivo que se apunta es que el precio de la energía está subvencionado. Comprar alimentos les sale entre un 10% y un 15% más barato que en el Reino Unido, y una comida de tres platos en un restaurante equivale a unas 15 libras. La comparación que más les llama la atención es la del vino: una copa en un restaurante británico cuesta lo mismo que una botella en uno español.

Al ahorro energético y alimentario se suma el patrimonial. La operación inmobiliaria —vender caro en el norte, comprar más barato en el sur— es la que permitió que Jane abandonara su empleo antes de la edad de jubilación y que ambos tiraran de fondos con holgura. En su jardín tienen un limonero, y reconocen que cuando ven los informes meteorológicos del Reino Unido intentan no resultar demasiado engreídos. Es difícil no verlo como una declaración de intenciones.

¿Quién paga la sanidad de los jubilados británicos en España?​

Por haberse trasladado antes del Brexit, la pareja mantiene acceso a asistencia sanitaria gratuita, que describen como excelente. Aquí empieza el nudo del asunto. Una parte del análisis sostiene que ese coste no lo asume el contribuyente español: la factura se repercute al Reino Unido a través de la tarjeta sanitaria europea, y quien llega sin ese documento recibe una factura y le toca pagarla.

La objeción que se levanta frente a ese argumento es de otra naturaleza. El recurso escaso de un sistema sanitario público no sería el dinero, sino el tiempo: listas de espera, consultas, quirófanos. Quien llega en los últimos años de su vida consume esa capacidad en un volumen desproporcionado respecto a lo que aporta, y lo hace, además, sin haber cotizado aquí. Es un debate sobre demografía y capacidad instalada, no sobre caja.

¿Por qué Suiza limita la compra de vivienda a los extranjeros?​

El contraste que se señala con más insistencia es el de los países que sí ponen condiciones. En Suiza, las familias no nacionales solo pueden adquirir una propiedad, con un máximo de 200 metros cuadrados de superficie habitable y, en el caso de los chalés, una parcela limitada a 1.000 metros cuadrados. Cuando un hijo de la familia cumple 20 años, ya puede comprar por su cuenta. Francia exige superar un examen de idioma francés para obtener el permiso de residencia.

La pregunta que se desprende es por qué España, con menos margen fiscal que cualquiera de esos dos países, no aplica nada parecido. La respuesta que circula tiene poco de técnica: el interés inmobiliario y la necesidad de divisas pesan más que cualquier cálculo de coste sanitario o de tensión sobre el mercado residencial local. El efecto sobre los precios de la vivienda en las zonas más demandadas sería el precio a pagar, y ese precio lo paga el residente, no el recién llegado.

La pensión que sube cada año y la que quedó congelada​

Hay un dato que rara vez aparece en las comparaciones y que aquí se subraya: gracias al acuerdo de retirada, la pensión estatal británica se revaloriza anualmente para quien reside en España, igual que si siguiera viviendo en el Reino Unido. Históricamente no ha sido así para quienes emigraron a Australia o Canadá, cuyas pensiones quedaron estancadas en el nivel que tenían al marcharse.

Ese detalle explica por qué España se ha convertido en un destino preferente frente a otros países con coste de vida bajo. No es solo el sol ni el precio de la luz: es que aquí la pensión crece y en otros sitios no. Alan y Jane lo reconocen sin rodeos cuando afirman que se sienten más felices, más en forma y que no se preocupan por el dinero.

Las dos corrientes que cruzan el asunto​

De un lado están quienes piden cerrar la puerta: visado de turista con un máximo de tres meses al año, prohibición de comprar vivienda para no nacionales que no trabajen aquí y facturación individual de cada servicio sanitario consumido. Su argumento no es solo económico. Señalan que en Madrid se dedican plazas e institutos a exprimeras ministras británicas mientras en Londres no existe una callejuela con el nombre de un político español. Reciprocidad, dicen, es la palabra.

Del otro lado se sostiene que este colectivo trae dinero de fuera y se lo gasta aquí, que genera actividad en hostelería, comercio y servicios, y que el saldo fiscal, sin ser espectacular, no es el de una sangría. El detalle del cálculo —cuánto entra, cuánto sale y qué queda en el medio— es donde las cifras se vuelven resbaladizas y donde cada parte elige el supuesto que le conviene.

En medio de todo esto, apenas nadie discute lo evidente: que un jubilado con pensión extranjera puede permitirse en la costa española una casa con piscina que jamás tendría en su país. Y que el joven que limpia esa piscina, mientras tanto, sigue pagando el alquiler más caro de su vida en la misma ciudad. Sigan remando.