José Carlos Diez: "no hay dinero para pagar las pensiones de FEBRERO"

Diez avisa: no hay dinero para pagar las pensiones de febrero​

El economista José Carlos Díez lo dejó caer sin anestesia: no hay dinero para pagar las pensiones de febrero. Un mes. Y la pregunta que lanzó —¿cuál es el plan?— se respondió sola: no hay plan. La paradoja es que el mismo día en que ese diagnóstico circulaba, el Gobierno subía un 11% las pensiones no contributivas. Dos hechos que no encajan entre sí, y que resumen bastante bien el estado del sistema.

El asunto no es nuevo. Lleva años sobre la mesa, con pronósticos que van desde el colapso inminente hasta el «ya veremos». Lo que cambia ahora es el tono: ya no se discute si el sistema aguanta, sino cuántos meses quedan antes de que alguien tenga que decidir algo impopular.

¿Por qué se dice que no hay dinero para las pensiones de febrero?​

La nómina de las pensiones se paga todos los meses con cargo a los Presupuestos, y cuando la recaudación por cotizaciones no llega, se cubre con deuda. Eso no es una anomalía: es el mecanismo ordinario desde hace años. Lo que sostiene el diagnóstico es que el desfase se ha vuelto estructural y que el margen de maniobra se estrecha.

Hay quien lo resume así: se emite deuda y arreglado. Otros añaden el matiz que importa: una cosa es la deuda y otra los intereses. Cuando los intereses crecen, hacen un roto en el presupuesto porque, si no se quiere declarar una suspensión de pagos, hay que recortar otras partidas o subir la recaudación. El ejemplo que se cita es Francia, donde los intereses serían ya la primera partida del presupuesto.

La discusión sobre el 11% de las no contributivas añade ruido. Se apunta que ese incremento todavía tiene que aplicarse y que hay prestaciones —la de orfandad, por ejemplo, y quizá el ingreso mínimo vital— donde la subida no se ha reflejado. Sin un ingreso extraordinario en enero, no está claro cómo se cuadra el incremento.

El dinero ilimitado y la factura que nadie quiere pagar​

La otra corriente del análisis sostiene que el dinero no es un recurso escaso: lo crea el Estado y es, por definición, ilimitado. Bajo esa lógica, decir que no hay dinero para las pensiones es tan absurdo como que un profesor de matemáticas diga que no puede dar clase porque se ha quedado sin números. El límite real no sería el dinero, sino la inflación que genera crearlo sin freno.

El contraargumento es que esa capacidad de crear dinero no elimina la restricción: la traslada. Si se emite para pagar pensiones, el ajuste llega por otra vía —precios, tipos, deuda— y lo paga alguien. La discusión, por tanto, no es si se puede pagar, sino quién asume el coste y cuándo. Y ahí nadie quiere firmar.

La generación que se va y la que se queda con la factura​

Uno de los argumentos más repetidos tiene que ver con el reparto intergeneracional. Se sostiene que una generación que se jubila con patrimonios abultados y cuentas corrientes saneadas va a arruinar a las siguientes durante décadas por no aceptar una rebaja de un tercio en su pensión. El símil que se usa es el de darle a alguien de 70 años una tarjeta de crédito a costa de sus hijos, con el pago mínimo a 40 años.

El paralelismo con la vivienda aparece solo: la misma generación que accedió a casas baratas gracias a permisos de construcción masiva ahora dificulta que se construya. La conclusión que se extrae es que el problema no es de caja, sino de incentivos: nadie que cobra tiene motivo para renunciar a nada.

¿Cuándo revienta? Los plazos que se manejan​

Las predicciones se agrupan en dos bloques. Los que creen que el sistema aguanta mientras alguien firme más deuda, y los que sitúan el punto de inflexión en un horizonte concreto: 2026 como año en que el desfase empieza a notarse, 2027-2028 como el periodo en que se verá de verdad. La idea de fondo es que el chicle se estira demasiado y que no da más de sí.

También hay quien recuerda que los augurios de colapso llevan décadas fallando. Se cita un artículo de opinión de 1991 que ya anunciaba la quiebra del sistema público de pensiones antes del año 2000, firmado además por el presidente de la patronal bancaria. La conclusión escéptica es que los agoreros se equivocan tanto como los optimistas, y que el sistema sigue pagando porque siempre aparece alguien que firma.

El ajuste que nadie pone sobre la mesa​

La solución más obvia —bajar las pensiones— no la va a proponer ningún político, porque el coste electoral es inmediato y el beneficio es de otro. Se apunta que el siguiente en llegar dirá que arreé el que venga detrás. Y que el tope de deuda se cambia cuando haga falta, sin más ceremonia.

Otra vía que se menciona es subir cotizaciones, con un impuesto adicional sobre la nómina de los trabajadores, al estilo de lo que se hace en Suecia. Es una opción técnicamente viable y políticamente incómoda: el coste recae sobre quien trabaja, no sobre quien cobra. Y ese reparto tampoco es pacífico.

Mientras tanto, la nómina de febrero se pagará. Y la de marzo. Y la de abril. El problema no es el mes que viene, sino el siguiente al siguiente. ¿Cuántos febreros quedan antes de que alguien tenga que elegir entre recortar, subir impuestos o emitir hasta que el mercado diga basta?