Compra de votos y PSOE: la sospecha que agita la campaña
La compra de votos es un delito. Y, a falta de sentencias firmes, el tramo final de esta campaña electoral se está dirimiendo en el terreno de la sospecha. En las últimas horas circulan denuncias sobre presuntos pagos y captación irregular de sufragios, con el voto por correo como epicentro del ruido. Sobre ese fondo ha prendido una consigna que resume el cabreo de una parte del electorado: ilegalizar al PSOE.
¿Qué se denuncia en el voto por correo?
La acusación de fondo es la compra de votos, presuntamente canalizada a través de sobres y pagos en efectivo, con el voto postal como vehículo. Conviene ser preciso: son denuncias y sospechas, no hechos probados. Nadie ha exhibido todavía una resolución judicial firme que confirme una trama organizada.
El malestar se agranda por comparación. Hay quien recuerda que, por episodios similares, otras formaciones acabaron sentadas en el banquillo bajo la acusación de constituir una agrupación criminal. De ahí el argumento más repetido: si esto lo hiciera otro, ya estaría imputado. Es una comparación política, no un dato judicial, y como tal debe leerse.
¿Sirve la oposición para algo en campaña?
La pregunta recorre buena parte de la conversación. Un sector sostiene que la oposición no está para ganar debates, sino para no incomodar: no crispar, no enfangar y dejarse llevar. Otro responde que los partidos saben perfectamente lo que hacen y que su inacción también es una estrategia calculada.
La crítica más incómoda apunta al reparto de papeles. Cuando el mismo partido ocupa el Gobierno y, en la práctica, fija el tono de la fiscalización parlamentaria, la sesión de control deja de ser un control. Esa sensación alimenta el «todos son iguales» que desmoviliza a la par que indigna.
Del caso concreto al marco del 78
El salto es habitual: de un presunto fraude electoral se pasa a cuestionar el régimen entero. Aparece ahí la desconfianza hacia el voto cautivo de ancianos y dependientes, hacia el sistema de correo y hasta hacia un supuesto plan para empujar el voto electrónico.
Bajo ese relato late un problema real de credibilidad institucional, y otro de expectativas: si el domingo no se produce el castigo electoral que muchos anticipan, el marco interpretativo se romperá por algún lado. Queda por ver por cuál.