Ferraz y los Goya esperaban tractores; no llegó ninguno
El plan era concreto: cortar desde las 00:00 horas del sábado 10 de febrero los accesos a Madrid, dejar pasar vehículos de emergencia y, si se terciaba, plantar los tractores ante la sede federal del PSOE en Ferraz y ante la alfombra roja de los premios Goya en Valladolid. La realidad fue otra. Quien se acercó a la Castellana lo contó sin adornos: ni un tractor, ni una pancarta, ni un transportista bloqueando una rotonda.
Nada de nada.
Al desenlace se le puso enseguida la etiqueta de gatillazo, y no solo por lo que faltó en las calles. También por lo que se esperaba: un dispositivo policial dimensionado como si fuera una cumbre internacional.
¿Qué se desplegó para impedir el bloqueo?
Antes de la cita, el relato oficial que circulaba hablaba de un Gobierno que anunciaba
5.000 antidisturbios y el bloqueo de trenes de alta velocidad y cercanías hacia Madrid, con el argumento de que resultaba imposible comprar billetes. Otras versiones elevaban el despliegue por encima de los
6.000 efectivos. Sobre el terreno, los testimonios son bastante menos épicos: en los alrededores de la sede socialista no se apreciaba preparativo alguno y, a media mañana, la zona parecía un desierto sin un solo coche policial apostado.
En Valladolid, con la gala del cine como telón de fondo, se hablaba de medio ejército movilizado y de un perímetro más fortificado que el de una cumbre de jefes de Estado. La protesta que sí llegó hasta allí fue modesta en número: alrededor de
400 agricultores y ganaderos llevaron pitidos y cencerros hasta la alfombra roja, según las imágenes que se difundieron de la entrega de los galardones.
¿Son minifundistas o grandes terratenientes los que se suben al tractor?
Es la discusión que atraviesa toda la jornada. Una corriente sostiene que la mayoría de los convocados son explotaciones familiares, con el matrimonio y los hijos al frente y, como mucho, algún trabajador contratado; de ahí que se rechace de plano la imagen de latifundistas con chófer. El argumento que más se repite es de sentido común: quien tiene miles de hectáreas no pasa cuatro días subido a un tractor, durmiendo en la calle, aguantando el frío y exponiéndose a una carga policial.
Enfrente, la lectura contraria señala que buena parte del campo movilizado defiende intereses patronales antes que laborales, y recuerda que los pequeños productores contratan a jornaleros cuyas condiciones también se negocian. Entre ambas posiciones aparece un tercer dato, menos ideológico y más incómodo: en comarcas de regadío de la cuenca del Tajo se están malvendiendo parcelas a fondos y multinacionales extranjeras dedicadas a cultivos como el pistacho. El campo que protesta se está vendiendo, a la vez, finca a finca.
El reproche del salario mínimo y la vieja desindustrialización
El cruce de acusaciones derivó pronto hacia el salario mínimo. Hay quien defiende que subirlo beneficia a la clase trabajadora y hay quien responde que el efecto real es otro, con la ironía de por medio sobre los países sin suelo salarial. La discusión derivó en un intercambio de descalificaciones sobre quién entiende menos de economía, sin que ninguna de las dos partes aportara más que la consigna.
Más sustancia tiene el salto histórico que se coló en la conversación: la reconversión industrial de los años ochenta y el desmantelamiento del sector del metal y de los astilleros. Se recuerda que entonces los obreros se enfrentaron a los antidisturbios y recibieron a cambio insultos y criminalización, y se traza una línea directa entre aquella pérdida de tejido productivo y el actual malestar rural. La respuesta es que la desindustrialización también tuvo cómplices internos y que las cifras de producción no sostenían el modelo. El intercambio no se cerró.
Del precio en origen al precio en el lineal
Uno de los puntos donde casi todo el mundo coincide es el de los márgenes. Se apunta a que la diferencia entre lo que cobra el productor y lo que paga el consumidor se ha multiplicado, y se cita el aceite de oliva como caso extremo, con la inflación y la guerra de Ucrania funcionando como coartada general para justificar subidas en toda la cadena. La conclusión que se extrae es incómoda: el problema no es solo Bruselas, sino también lo que ocurre en el tramo que va del campo a la caja del supermercado.
Qué queda de la jornada
Los cortes anunciados para la madrugada no se materializaron y las vías de acceso a Madrid funcionaron con normalidad. El resumen más repetido es el de un apocalipsis anunciado que terminó en nada. Pero la jornada dejó otro rastro, este con expediente: la Fiscalía pide
tres años y nueve meses de cárcel para un agricultor detenido durante las protestas de Logroño, al imputarle dos delitos leves de lesiones y uno de atentado contra la autoridad con vehículo de motor. Mientras el tractor se apagaba, el juzgado seguía encendido.