Hilo de seguimiento 6F. Movilización masiva sector primario.

El campo español se moviliza: tractores, camiones y cooperativas en pie​

El sector primario español ha pasado de la queja al bloqueo. Lo que comenzó como protestas dispersas de agricultores y ganaderos se ha convertido, en cuestión de días, en una movilización que corta carreteras entre Extremadura y Portugal, cierra cooperativas como Cobadu —la mayor de Castilla y León— y suma a los transportistas autónomos con un paro nacional indefinido a partir del sábado. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha criticado a quienes «quieren utilizar» a los agricultores para lanzar «ideas extremistas», mientras los convocantes insisten en que no aceptan tutelas sindicales ni de partidos.

La chispa no es nueva. El efecto Cantillon —ese que golpea primero a los más alejados del emisor de deuda— lleva tiempo haciendo estragos entre los perfiles que menos se benefician del dinero barato, según sostiene un participante del debate. Lo que ha cambiado es la respuesta: ni sindicatos ni partidos han logrado capitalizar la protesta, y eso, en un país donde todo movimiento social acaba en pancarta oficial, ya es noticia.

¿Qué ha pasado el 5 y 6 de febrero?​

El lunes 5 de febrero, Cobadu anunció el cierre de todas sus instalaciones para el martes 6 en solidaridad con el sector agropecuario. La cooperativa, con sede en Moraleja del Vino (Zamora) y presencia en Salamanca, Valladolid, Ávila y Cáceres, solo atendería «urgencias y servicios mínimos». Ese mismo día, la Plataforma Nacional para la Defensa del Sector del Transporte —la misma que en marzo de 2022 protagonizó una huelga de 20 días que puso en jaque la cadena de distribución— convocó un paro nacional indefinido a partir del sábado, abierto a «todos los movimientos y sectores que lo consideren oportuno».

El ministro Planas, por su parte, mostró su «preocupación» por los productores, pero cargó contra quienes «se aprovechan precisamente de esos problemas, esa ansiedad y esa preocupación para lanzar ideas y posiciones extremistas». La respuesta del campo no se hizo esperar: cortes de carreteras entre Extremadura y Portugal, tractores en la Diagonal de Barcelona y un goteo de imágenes que, según el sentir general recogido en el debate, la televisión pública y las privadas afines han decidido no emitir.

El pulso con el relato oficial​

Aquí hay un patrón que se repite en toda Europa. Países Bajos, Escocia, Francia, Alemania, Polonia, Lituania, Rumanía, Bélgica, Grecia, España, Italia, Portugal, Irlanda y hasta Hungría —«soon», según los tuits que circulan— comparten la misma protesta contra la agenda climática y las regulaciones que asfixian al productor. La diferencia es que en España el Gobierno ha optado por la escolta policial a los camiones y los gases lacrimógenos en plataformas logísticas como la de Mercadona en Antequera, según los testimonios que circulan. «Ni Macron se había atrevido a tanto», se comenta en los mentideros.

La percepción de que los medios ocultan lo que pasa es, en sí misma, un factor deslegitimador, según sostiene un participante del debate. No hace falta creer en conspiraciones: basta con comprobar que la Guardia Civil escolta camiones hasta los supermercados en todo el territorio nacional mientras las portadas hablan de otra cosa. Cuando el relato oficial y la realidad de la calle divergen tanto, el que pierde es el relato.

¿Por qué se han sumado los transportistas?​

Porque el problema es el mismo: regulación, costes y competencia desleal. La plataforma de transportistas autónomos y pymes no cuenta con el respaldo de las grandes patronales, pero ya demostró en 2022 que puede paralizar el país sin necesidad de bendiciones institucionales. Su paro indefinido a partir del sábado se convoca «junto a agricultores y ganaderos» y pide el apoyo de la sociedad civil. Es decir: no es una huelga sectorial, es un pulso abierto.

La pregunta que flota es si esto se resolverá con menos regulación o con más subvenciones. La experiencia de los mineros en los años 80 es el ejemplo que muchos citan: la «solución» fue condenar a regiones enteras a depender del Estado, sin futuro. Si la movilización actual acaba en un cheque y no en un cambio normativo, será otro clavo en el ataúd del campo español.

El escepticismo de la calle​

No todo el mundo lo ve claro. Hay quien sostiene que esto «no va a pasar nada», que ya se vivió algo parecido con la huelga de camioneros y que al final no faltó ni un cartón de huevos en el lineal. En Barcelona, algunos han dejado de ver tractores por la Diagonal y hablan de «normalidac». Otros, más pesimistas, sentencian que «el NWO siempre gana, es como la banca».

Frente a eso, los datos de la propia movilización: 15.000 camiones marchando a Madrid junto con los tractores, según las convocatorias que circulan, y la intención declarada de meter tractores en Ferraz. «La revolución francesa empezó con menos», se lee. Y no les falta razón: la toma de la Bastilla se vende como un acto heroico, pero fue una masacre con el pescado ya vendido. Los periodistas de la época solo se mojaron cuando estuvieron seguros del cambio de régimen.

Lo que se juega el sector primario​

Más allá del ruido, hay un trasfondo económico que no se puede ignorar. En el súper del barrio hay cebollas de Nueva Zelanda y Perú, fruta de Sudáfrica, Brasil y Chile, pescado de Namibia, Argentina y Grecia. El productor local compite con el mundo entero mientras soporta costes energéticos, fiscales y burocráticos de un país rico. La pregunta no es si el campo tiene razón en todo, sino cuánto tiempo puede aguantar un sector que ve cómo su producto se sustituye por importaciones mientras se le exige cumplir la normativa más estricta del planeta.

Con estos mimbres, la predicción es arriesgada. Si la movilización se mantiene y suma a más sectores, el Gobierno tendrá que elegir entre negociar de verdad o seguir con la escolta policial y el relato de los «extremistas». Si se desinfla, quedará como una anécdota de febrero. Lo único seguro es que el campo ha dejado de pedir permiso para protestar.

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Datos clave del seguimiento:

• Cobadu, mayor cooperativa de Castilla y León, cerró el martes 6 de febrero en solidaridad con el sector.
• La Plataforma Nacional para la Defensa del Sector del Transporte convocó paro indefinido a partir del sábado.
• En marzo de 2022, esa misma plataforma protagonizó una huelga de 20 días que puso en jaque la distribución.
• Se habla de 15.000 camiones marchando a Madrid junto a los tractores.
• Las protestas se extienden por Países Bajos, Francia, Alemania, Polonia, Italia, Portugal, Grecia y otros países europeos.