De la balanza fiscal al Ebro: el pulso de Castilla con la periferia
¿Hasta cuándo va a aguantar Castilla? La pregunta se repite cada vez que se cruzan dos hechos incómodos: un interior que envejece y pierde peso, y una periferia que presume de déficit fiscal. La tesis que articula el malestar es que el País Vasco, Navarra y Cataluña se benefician de un trato que sale caro a las comunidades castellanas. La acusación se lanza sin matices. Y ahí empieza el problema: nadie coincide en qué mide exactamente una balanza fiscal.
Qué mide el PIB cuando se apuntan las sedes sociales
El primer frente es estadístico. Hay quien sostiene que el
PIB de Madrid está inflado porque allí se registran las sedes de empresas que no producen ni un tornillo en la región, y que en las balanzas se contabiliza como inversión para Madrid lo que supuestamente correspondería a otras zonas. Con ese ajuste, el déficit fiscal que exhiben algunos territorios quedaría en entredicho. Es el argumento más repetido y también el más discutido.
La contrarréplica llega por el mismo camino: si el criterio de las sedes sirve para inflar una comunidad, sirve para inflar cualquiera. Y aparece un segundo reproche, más político que contable: que Madrid
se ha llevado gente e infraestructuras del resto. Hay quien sostiene que
Castilla la Vieja dejó de existir como sujeto económico propio, absorbida por la capital.
Castilla vacía: 70 años de media y menos peso cada año
El diagnóstico demográfico es el punto donde casi todas las posturas se tocan. La afirmación que más circula es que la
media de edad de los castellanos ronda los 70 años. Exageración o no, la cifra se lanza en el debate para ilustrar la falta de relevo generacional y el escaso peso político del interior.
De ahí sale el argumento más duro: que el interior no puede competir en un sistema autonómico donde el peso demográfico decide el reparto. Se reclama sumar el PIB de las regiones castellanas y su población para medir de verdad lo que aportan, y se avisa de que el ajuste, si llegara, no lo pasarían bien los territorios que hoy reciben. La amenaza —que el día que el interior deje de aguantar lo hará con todo— se repite sin concreción, pero es el eje emocional de toda la queja.
El Ebro, la electricidad y el Duero como moneda de cambio
El segundo gran bloque es el de los recursos. Aquí los argumentos son físicos, no contables. Se recuerda que el
Duero es el segundo río más caudaloso de la península y que es navegable con salida hacia Oporto, y se subraya que Santander funciona como puerto natural de Castilla. La conclusión que se repite es que el interior no debería depender de nadie.
El tono sube cuando se habla del Ebro. Se sostiene que es un río castellano y aragonés, y que desviar su agua dejaría sin refrigeración a las
nucleares de Tarragona, con riesgo de colapso. La respuesta desde el otro lado es que ni el País Vasco ni Navarra son ajenos a la cuenca, así que cerrar el grifo tiene más de farol que de plan. La electricidad se usa como el envite final: quien controla la generación, controla la mesa.
San Millán de la Cogolla y la pelea por el origen del castellano
La discusión deriva también hacia la historia. En los monasterios de
San Millán de la Cogolla aparecen anotaciones en una variedad romance primitiva y en una forma antigua de vasco, y ese hallazgo se usa en ambos sentidos: unos para decir que el castellano bebe del latín y no del vasco, otros para recordar que la convivencia fue mucho más estrecha de lo que conviene a ciertos relatos.
El intercambio se envenena cuando se entra en la lengua vasca. Se afirma que existían
vascuences distintos y que el batúa es una construcción unificada y reciente, ironía incluida sobre quién ha matado en realidad esa diversidad. Al mismo tiempo, se recuerda que Castilla nació en Las Merindades, en Burgos, y que Cantabria sería la Castilla primigenia, aunque la propia Cantabria, como comunidad uniprovincial, se defiende mal sola según sus propios críticos.
De la queja fiscal al corte de relaciones
En el extremo del espectro aparecen las soluciones de ruptura: independencia del interior y corte de relaciones con lo que se describe como territorios subvencionados. Se llega a proponer anexionar Portugal y trasladar allí a quienes defienden la secesión, con frontera cerrada incluida. No es un plan de gobierno, pero marca el ambiente.
El malestar no se limita a Castilla. Voces gallegas reclaman también su sitio en el relato. Y en paralelo circulan mensajes que apuntan a una sustitución demográfica del interior, una idea que se lanza sin datos ni prueba alguna.
Con estos mimbres, lo lógico sería que el cesto se rompiera. Llevamos años anunciando la ruptura y el mapa autonómico sigue igual: unos pagando, otros cobrando y todos jurando que pierden. Al final va a resultar que el agravio no es un problema de contabilidad, sino un modelo de negocio.