FRIJOL: Las mutuas podrán dar el alta en las bajas médicas

Feijóo quiere que las mutuas puedan dar el alta en las bajas​

Feijóo ha propuesto que las mutuas puedan dar el alta en las bajas médicas. La idea, lanzada casi de pasada, mueve el eje de una competencia que hoy es estrictamente sanitaria: quien paga la prestación pasaría a decidir cuándo se corta. Y en un país con el absentismo instalado en el pulso entre patronal y sindicatos, faltaba el gatillo. Ya está aquí.

El planteamiento admite dos lecturas, y ninguna es ingenua. Una sostiene que el sistema se ha vuelto blando, que el fraude es masivo y que hace falta alguien con incentivos para revisar. La otra responde que poner al pagador a juzgar la enfermedad equivale a poner al zorro de guardia en el gallinero.

Qué propone Feijóo con las mutuas y las bajas médicas​

La propuesta traslada a las mutuas —entidades que ya gestionan las contingencias profesionales— la potestad de emitir el alta en la incapacidad temporal, hoy en manos del médico. Basta ese movimiento para que el asunto deje de ser técnico y se convierta en político.

Para una parte del análisis, es la corrección pendiente. Si el fraude existe y crece, alguien tiene que poder cerrar la baja sin esperar a que el propio interesado lo pida. Para otra, es un atajo que confunde ahorro con diagnóstico y que convierte a la mutua en juez y parte del mismo pleito.

El detalle que nadie discute es el desequilibrio de intereses. A una mutua no le cuesta lo mismo una baja larga que una corta, y eso, con o sin malicia, acaba pesando en la decisión.

El fraude que todos dicen ver y casi nadie mide​

En el fondo late una percepción difícil de cuantificar: la de que las bajas se conceden con demasiada facilidad. Un trabajador por cuenta ajena aseguraba que el médico apenas pone impedimentos —«en el 99 % de los casos», llegaba a afirmar— y decía conocer hasta cinco personas de baja al mismo tiempo para un mismo puesto de trabajo, con sustitutos encadenados uno tras otro.

Son testimonios de boca a boca, no estadísticas. No hay una cifra oficial de fraude, ni un organismo que lo mida con precisión. Esa es, quizá, la mayor debilidad de la propuesta: se legisla sobre una sensación.

A esos testimonios se suman, en el otro plato de la balanza, las quejas de quienes ven trabas pese a tener dolencias reales. El caso señalado es el de un trabajador con una hernia que se hizo manipulando cargas y que lleva meses esperando que lo operen mientras su baja sigue en el aire. La desconfianza hacia estas entidades no es nueva: hay quien recuerda pleitos con mutuas que se remontan más de veinte años.

El trabajador que sí está roto y paga el pato​

El contrapeso es el caso contrario, el que no sale en las estadísticas de fraude. Un trabajador con rotura del ligamento cruzado de la rodilla, operado y de baja unas tres semanas, se topó con una revisión de la mutua que lo declaró apto. No podía subir las escaleras de su oficina y pidió una semana más para terminar la rehabilitación.

Hay quien añade un argumento de mercado: si vuelves al trabajo una semana, recaes y vuelves a pedir la baja, el sector te acaba cerrando puertas. La cronicidad no encaja en la lógica de la productividad. Un conocido lleva meses esperando que lo operen de una hernia que se hizo manipulando cargas, y mientras tanto la baja sigue en el aire.

Ese es el nudo: la mutua no distingue entre el que finge y el que aguanta el dolor. Y el que aguanta es el que acaba con menos defensas.

Del recorte de invalideces a la avalancha de bajas​

Merece la pena mirar atrás para algunos. Hace unos quince años, conseguir una incapacidad permanente era notablemente más fácil que ahora, según ese relato. El endurecimiento llegó, siempre según esa versión, en el tránsito entre finales del Gobierno de Zapatero y los primeros años de Rajoy, cuando había que recortar gasto de donde fuera. La lectura es incómoda: lo que se ahorró en invalideces se está pagando ahora en bajas.

La demografía hace el resto. La fuerza laboral está más envejecida y con peor salud que hace dos décadas, y los problemas de salud mental —de los que apenas se habla en voz alta— engordan la lista. La comparación que se cita es dura: los jóvenes de los ochenta no han envejecido como los de los sesenta.

Quién decide si estás enfermo​

La objeción de fondo es de principios, no de gestión: una baja médica debería depender de criterios de salud, no de criterios económicos o laborales. Dar a la mutua la última palabra sobre el alta mezcla esas dos aguas.

Se apunta también al incentivo perverso. Si un facultativo cobra por objetivos o renueva contrato según cuántas altas firma, el paso siguiente no es difícil de imaginar: mandar a un andamio a alguien con una lesión que no se manifiesta en reposo, que no se arrastra ni llora, pero que acabará rompiéndose del todo.

Con ese horizonte, la medida acabaría costando más en pruebas, rehabilitación y recaídas de lo que ahorra en prestaciones. O no. Nadie tiene aún la cuenta.

Feijóo ha puesto la primera piedra de un cambio que promete ruido durante meses. Sobre el fraude hay testimonios, no cifras, y las mutuas también existen. La pregunta es quién decide, y con qué vara, si quien está de baja merece seguir estándolo.