FALTAN REMEROS: el gobierno prepara un plan para que los desertores del remo hispanistani VUELVAN a España

El Gobierno busca repatriar a 1,7 millones de españoles emigrados​

La Seguridad Social prepara un Plan Estratégico de españoles en el exterior y personas retornadas. El objetivo declarado: atraer y facilitar la vuelta de casi 1,7 millones de personas en edad de trabajar, entre 16 y 64 años, con nacionalidad española que viven fuera. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pone el foco en profesionales sanitarios, educación y el área social y cultural. La letra pequeña habla de recuperar la inversión en capital humano perdida en la llamada fuga de cerebros.

El anuncio ha caído como un jarro de agua fría entre quienes se fueron. La reacción dominante no es de entusiasmo, sino de incredulidad. Se argumenta que el plan llega tarde, mal y con incentivos que no compensan lo que España ofrece frente a los países donde estos trabajadores ya cotizan. La pregunta que sobrevuela es simple: ¿por qué iba a volver alguien que se marchó por motivos que no han desaparecido?

Qué incluye el plan de retorno y a quién va dirigido​

El proyecto arranca con la creación de una dirección general específica dentro de Migraciones: Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno. La estructura se amplía y se incrementa el presupuesto de prestaciones para retornados, en especial las ayudas asistenciales en el exterior y los convenios sanitarios. La iniciativa se presenta como paralela a la Ley de Extranjería y a otras actuaciones puntuales por conflictos como los de Ucrania o Gaza.

El énfasis en sanitarios y docentes no es casual. Son sectores con plazas desiertas y alta rotación. La lectura escéptica es que se busca cubrir vacantes con mano de obra ya formada, sin asumir el coste de formarla. El cálculo que se maneja en voz baja es que recuperar a un profesional emigrado sale más barato que formar a uno nuevo. La duda es si el retorno se producirá por vocación o por necesidad.

Por qué los emigrados no ven incentivos para volver​

El argumento más repetido es el de las condiciones laborales. Un profesional que trabaja en Suiza, Alemania o Estados Unidos con un salario acorde a su cualificación no va a volver para aceptar un contrato temporal y una nómina inferior. La presión fiscal, la inseguridad creciente y la dificultad para acumular patrimonio se citan como frenos. La frase que resume el sentir general: el que se fue, ya no vuelve.

Hay quien sostiene que el plan es un brindis al sol. Se anuncia dinero, se encarga una consultoría, se crean cargos y comités, y al final las condiciones son tan restrictivas que el programa queda en nada. La comparación con intentos anteriores es inevitable. La sensación es que se trata más de un gesto político que de una política migratoria seria.

El perfil del retornado que el Gobierno espera atraer​

No todos los emigrados son iguales. El plan parece diseñado para perfiles con vínculos familiares y culturales fuertes, menos independientes económicamente y más sensibles al reclamo de la tierra. El programador que trabaja en Estocolmo o Chicago no entra en ese grupo. La enfermera que se siente sola en Glasgow o la dependienta que no encaja en Berlín, sí. La selectividad del incentivo es evidente.

Esa lectura choca con la retórica oficial de recuperar talento. Si el objetivo fuera el talento, las condiciones tendrían que competir con las del país de acogida. Y no lo hacen. El resultado probable es que vuelvan los que ya querían volver, y no necesariamente los que el sistema necesita.

Qué pasa con los españoles que se fueron y cotizaron aquí​

Uno de los agravios más repetidos es el trato fiscal y sanitario a los que se marchan. Se denuncia que a quien lleva más de seis meses fuera se le saca del sistema sanitario, mientras se facilita la entrada a personas sin cotización previa. La queja no es menor: hablamos de trabajadores que contribuyeron durante años y pierden derechos al cruzar la frontera.

La paradoja es que el mismo Estado que los excluye ahora los reclama. La contradicción alimenta el rechazo al plan. Si se quiere recuperar a alguien, lo mínimo es no haberle cerrado la puerta a la vuelta. El mensaje que cala es que se les necesita, no que se les quiera.

Las cifras que el plan no cuadra​

El plan habla de 1,7 millones de personas en edad de trabajar. La cifra impresiona, pero es un universo, no un objetivo realista. No todos quieren volver, ni todos pueden. La oferta de empleo público de 2024 va a batir récords, y alguien tendrá que pagarla. La pregunta es quién sostiene el sistema si los que se fueron no vuelven y los que llegan no cotizan lo suficiente.

El cálculo completo, desglosado partida a partida, da una diferencia que sorprende. Pero no hace falta ser un experto para ver el desequilibrio. Menos remeros, más carga. La metáfora del barco se repite: faltan brazos y sobran pasajeros. El plan de retorno es, en el fondo, un intento de tapar ese agujero con los que ya se habían ido.

Qué puede pasar con el Plan Estratégico de Retorno​

El proyecto está en fase embrionaria. Se aborda de forma interna y en diálogo con comunidades autónomas y administraciones locales. No se sabe si implicará a los servicios públicos de empleo regionales ni a otras carteras como Trabajo, Derechos Sociales o Vivienda. Tampoco si se negociará con sindicatos y patronal. La incertidumbre es total.

La predicción más prudente es que el plan quede en un catálogo de buenas intenciones. Se crearán oficinas, se publicarán guías y se concederán ayudas simbólicas. Pero sin una mejora sustancial de salarios y condiciones, el retorno masivo no se producirá. La diáspora española seguirá creciendo, y los que se fueron seguirán mirando desde fuera con incredulidad.