*Tema mítico* : Expediente Royuela. La mayor trama criminal y de corrupción conocida hasta ahora en España. No exagero

En facebook han quitado la página de Acodap y han dejado la comunidad.

Está muy bien las Denuncias presentadas, a 17-6-22 a la AEAT. Pero vamos según los Royuela, Hacienda da carpetazo de inmediato. El expediente en España lo tienen bien bloqueado solo queda saber si lo de Kaili que llevan meses también sale algo.

Hablando sobre esta querella:


La querella sin embargo deja al descubierto la impunidad de estos magistrados debido a una laguna de la LOPJ, que no prevé cuál es el órgano competente para conocer de los delitos cometidos por todos o la mayor parte de los miembros de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

En el escrito de querella se denuncia que desde el propio Tribunal Supremo se ha diseñado una estrategia ilegal para protegerse de la avalancha de denuncias de corrupción que están recibiendo en su contra la mayor parte de los integrantes de su Sala de lo Penal, con Marchena a la cabeza.

Consiste simplemente – dice el escrito- en calumniar a los propios denunciantes desde el mismo Alto Tribunal, sabedores los magistrados de que no pueden ser juzgados por nadie debido a una laguna de la Ley.

El juez Fernando Presencia se ha convertido con ACODAP, la asociación contra la corrupción más importante que existe hoy en día en España, en el blanco de las represalias de jueces y fiscales sospechosos de tener cuentas con grandes cantidades de dinero en paraísos fiscales.

A través del buzón de denuncias de la asociación, y de su página web, se viene alertando de la enorme cantidad de millones que distintos miembros de la cúpula judicial y fiscal podrían haber evadido al fisco desde hace años. En concreto, en la querella se denuncia que 10 de los 16 magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (2/3) tendrían cuentas en paraísos fiscales.

Algunos de aquellos personajes ya han sido investigados por Hacienda, con resultado positivo. Este es el caso por ejemplo de Margarita Robles.

Hasta dos tribunales de justicia han tenido que reconocer que la actual ministra de defensa se llevó más de seis millones de euros a paraísos fiscales a través de testaferros.

Por esa razón Manuel Marchena, que es el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y también sospechoso de haber recibido 10 Millones de euros en paraísos fiscales junto a su familia, ha diseñado una estrategia para protegerse él mismo, y a todos los demás sospechosos, de las denuncias de corrupción.

El plan es muy simple y consiste en calumniar desde el mismo Tribunal Supremo a los propios denunciantes.

En el caso del juez Presencia esta estrategia ilegal se ha convertido en toda una guerra sucia en su contra.

Marchena hizo público un comunicado en el que aseguraba que Fernando Presencia era un calumniador y que ACODAP es una banda que “falsifica” las denuncias.

Ese comunicado le llegó a Lesmes, el entonces presidente del CGPJ y también sospechoso de tener cuentas en paraísos fiscales (17 Millones de euros) que la reenvió a la Audiencia Nacional.

El fiscal jefe de ese organismo, Jesús Alonso Cristóbal, presentó entonces querella contra Presencia por un delito de calumnias a las altas instituciones del Estado. Sin embargo no denunció la supuesta “falsificación” de esas denuncias, ni tampoco denunció a ACODAP. La querella se la asignaron a Gadea, juez de refuerzo del Central de instrucción nº 6.

Hay que tener en cuenta que tanto Alonso como Gadea fueron también denunciados por tener cuentas en paraísos fiscales.
A partir de este punto es fácil de comprender cómo ese procedimiento judicial en la Audiencia Nacional contra el juez Presencia ha dejado de ser una verdadera y propia instrucción para convertirse solamente en la expresión de una imputación calumniosa.

Todas las resoluciones dictadas en el procedimiento, así como los informes policiales, de la Guardia Civil, y de la fiscalía, parten de la afirmación de que las denuncias registradas en el buzón de ACODAP son falsas.

Sin embargo, curiosamente la falsedad sigue sin ser el objeto de la investigación.

La razón es muy sencilla. En las calumnias es el procesado quien tiene que acreditar la verdad de sus fruta. En la falsedad es al Estado al que le corresponde la carga de demostrar el delito.

Y esto precisamente es lo que se quiere evitar en el proceso contra el juez Presencia. Porque se sabe de antemano que las denuncias registradas en el buzón de ACODAP pueden ser ciertas, al presentar bastantes indicios de verosimilitud.

La paradoja es que, mientras tanto, los magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo que calumniaron públicamente al juez Presencia son los mismos que ahora están conociendo del recurso de casación donde se pretende que gane firmeza la disparatada condena a 34 meses de prisión, que le fue impuesta al magistrado como represalia por denunciar la corrupción del fiscal decano de Talavera de la Reina.

Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, así se llama el fiscal decano de la Ciudad de la Cerámica, ha sido denunciado por ACODAP por haber desviado 760.000 euros a paraísos fiscales.

Y ahora están con esto otro:

En una resolución notificada ayer el juez del cuarto turno, Óscar Jiménez Moriano, ha declarado firme una condena al juez Presencia a 34 meses de prisión, a pesar de que la Audiencia Provincial de Toledo ya le había advertido que la sentencia podría no ser firme, y que antes de liquidar nada tendría que resolver previamente la posible nulidad de actuaciones.

En el auto de declaración de firmeza suscrito por el juez del cuarto turno Oscar Jiménez Moriano, sustituyendo a la magistrada titular del juzgado de lo penal de Talavera de la Reina, Marta Vicente de Gregorio (que ha sido denunciada por tener presuntamente cuentas en paraísos fiscales), se dice expresamente que:

“Se ha recibido en este Juzgado diligencia de ordenación del Letrado de la Administración de Justicia de la Audiencia Provincial de Toledo, Sección 1ª, D. Francisco Javier Sanz Rodero, fechada a 9 de febrero de 2023, en la que se ordena devolver los autos al Juzgado de procedencia, junto con el testimonio de la resolución dictada por este Tribunal en grado de apelación, a fin de que pueda tener lugar su cumplimiento y ejecución, interesando acuse de recibo. En otra diligencia de ordenación de la misma fecha y dictada por el mismo LAJ, se remiten los autos originales, correspondientes al procedimiento PA 14 /2020 del Juzgado de lo Penal nº 3, junto con testimonio de la resolución dictada en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia recaída en el expresado procedimiento, así como resolución del recurso de casación presentado ante el Tribunal Supremo y auto resolviendo la nulidad planteada.”

Sin embargo, la Audiencia provincial de Toledo no dijo nada de eso en ninguna de esas resoluciones. Por el contrario, en su auto de fecha del pasado 19 de enero la Sala ya advertía al juzgado de lo penal que la sentencia podría no ser firme, y que antes de liquidar nada tendría que resolver previamente la posible nulidad de actuaciones.

En los antecedentes de esta última resolución se indica expresamente que

“El recurso de reposición ha sido rechazado por el LAJ, quien ha dado traslado a la Sala porque en el mismo se solicita nulidad de actuaciones, para cuya resolución no es competente aquel sino el tribunal sentenciador”.

Y en los fundamentos se insiste en que:

“la Diligencia de Ordenación que nos ocupa no ocasiona al recurrente indefensión alguna, ya que se limita a tener por recibida la providencia del Tribunal Supremo inadmitiendo el recurso de casación, sin entrar en absoluto sobre si la pieza principal del recurso es o no firme o si existen ante el TS escritos pendientes de proveer o cuestiones planteadas y pendientes de resolver, cuestión que en su caso atañe al propio TS”.

De hecho, el Tribunal Supremo a día de hoy sigue tramitando el recurso de casación, y acaba de dictar resolución dando trámite a una de las cuestiones prejudiciales que habían sido planteadas por el recurrente.

En cualquier caso el auto que acaba de dictar Moriano, declarando ahora la firmeza de la condena, pone al descubierto que se cometió un delito de falsedad en los antecedentes penales del juez Presencia cuando se hizo constar que la sentencia fue declarada firme por la Audiencia Provincial de Toledo el 8 de marzo de 2021, lo que evidentemente no era cierto.
El escrito de querella de ACODAP y el juez Presencia por estos hechos contra Moriano ha sido ya presentado ante el Tribunal Supremo.