Esto pide el gobierno cuando vas a un hotel

El registro hotelero que exige 42 datos al viajero​

Un recepcionista de un hotel de Madrid avisa al cliente de que debe compartir sus datos personales con un Gobierno bajo sospecha de filtrarlos. La escena, difundida en redes, resume el malestar que arrastra el Real Decreto 933/2021: hoteles, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos quedan obligados a recopilar y almacenar hasta 42 datos personales de sus clientes durante tres años, según denuncia el partido Iustitia Europa. La norma, impulsada desde el Ministerio del Interior, convierte cada check-in en un formulario que muchos viajeros perciben como una intromisión desproporcionada.

Qué datos pide el registro de viajeros​

El decreto exige a los establecimientos recopilar información de identificación, datos de contacto, medio de pago y relación entre los huéspedes. La acreditación del parentesco solo se requiere cuando entre los huéspedes hay menores de edad, un matiz que se repite en la conversación y que desmiente la lectura más alarmista: no se trata de declarar con quién se comparte habitación en todos los casos.

La controversia no está en el formulario, sino en su destino. Los datos se conservan tres años y se cotejan en una base de datos estatal. Si no coinciden, el viajero puede ser investigado y, según se recuerda en el propio intercambio, incurrir en una irregularidad administrativa tipificada en el artículo 37.9 de la Ley Orgánica 4/2015, con multa aparejada.

El medio de pago, la línea que más incomoda​

La obligación de comunicar el número de cuenta o de tarjeta es el punto que más rechazo genera. Quien paga en efectivo no aporta ningún dato financiero; quien paga con tarjeta, sí. El argumento que se repite es que esa información ya la tiene el banco, pero no el Estado, y que entregarla abre la puerta a un perfilado comercial o a un uso menos confesable.

La comparación internacional se usa en ambos sentidos. Unos sostienen que Alemania, por ejemplo, ya obliga a los hoteles a registrar nombre, dirección, fecha de nacimiento y documento. Otros replican que en ningún país se exige compartir la forma de pago con el Gobierno. El matiz no es menor: registrar al huésped no es lo mismo que alimentar una base estatal con su huella financiera.

La impugnación ante la Audiencia Nacional​

La formación Iustitia Europa ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional contra el real decreto y ha solicitado la suspensión cautelar de la norma, alegando violación de derechos fundamentales. Es el frente jurídico abierto contra un texto que, hasta la fecha, sigue aplicándose en cada recepción.

Mientras se resuelve, el cumplimiento recae sobre el mostrador. El recepcionista es quien pide los datos y quien recibe la bronca. El pulso real no es con el Ministerio del Interior, sino con el empleado que a las tres de la tarde intenta que cincuenta jubilados rellenen un formulario antes de que cierre el comedor.

Mentir en el formulario: qué riesgo tiene​

La tentación de rellenar con datos falsos recorre toda la conversación. El problema es que el cotejo automático convierte la broma en un expediente. La alternativa que se maneja es la desobediencia colectiva, aunque se admite que en la práctica es improbable: quien se niega se queda sin habitación y, con frecuencia, sin el dinero de la reserva.

El sector turístico observa con inquietud un trámite que añade fricción a un negocio clave para la economía española. La pregunta no es si el registro es legal, sino cuántos viajeros están dispuestos a pagar el precio de negarse.