Daniel Sancho recurre la perpetua y mantiene el accidente
«Todo ha sido un accidente». Con esa frase resume Daniel Sancho su defensa, y con ella intenta frenar la
cadena perpetua que le ha caído en Tailandia por la muerte del cirujano colombiano Edwin Arrieta. «Me quiero defender hasta el final porque se va a demostrar», añade. «No entiendo una cadena perpetua, no es justo, no la entiendo. Yo únicamente me defendí».
El relato es siempre el mismo: un forcejeo, una caída hacia atrás, un golpe en la nuca, un charco de sangre y tres horas de dudas antes de decidir qué hacer con el cuerpo. Lo que esa versión no explica es lo que apareció en la habitación. O mejor dicho, lo que se compró antes.
La tesis del accidente y las compras previas
Una
sierra, varios cuchillos y bolsas de basura. Ese material forma parte del sumario y es donde la defensa se complica. La teoría del accidente se tambalea cuando los utensilios aparecen adquiridos con antelación al supuesto percance. Si compraste la herramienta antes, la improvisación pierde fuelle.
Hay un matiz doméstico que se ha usado como contraargumento: un rollo de bolsas trae
entre treinta y cuarenta unidades. Comprar un paquete entero no demuestra nada. Cierto. Pero junto a una sierra y unos cuchillos, y comprados justo antes, empieza a demostrar bastante. La acusación apoya ahí su tesis de la premeditación, y el
despiece posterior hace el resto.
¿Por qué homicidio imprudente y asesinato no son lo mismo?
Toda la distancia entre una perpetua y otra cosa se juega en la intención. La calificación no depende de la calidad moral de lo que se haga con un cadáver, sino de si la muerte se planificó o llegó sola. Si el fallecimiento se produce como resultado de una pelea, el encuadre es el
homicidio imprudente. Si la muerte es intencionada y calculada, hablamos de asesinato, y el reproche penal es infinitamente mayor. La prueba clave no es el despiece: es la secuencia previa.
Sobre si el condenado quiso
salir de rositas hay menos discusión. Los hechos apuntan a que intentó abandonar el país sin dar aviso, y él no lo ha negado en ningún momento.
La familia de Edwin Arrieta y el giro hacia la pena de muerte
Durante meses, la familia del cirujano colombiano descartó pedir la pena capital por motivos morales y religiosos. El giro llegó después de ver cómo se movía la defensa. Alegan que no se han reconocido los daños, que no ha habido perdón y que no se ha abonado indemnización alguna. Con esos tres incumplimientos, han pasado a solicitar que se ejecute la pena de muerte antes que la perpetua.
Sobre la mesa hay otro número. La indemnización que se maneja ronda los
100.000 euros, una cifra que a buena parte del análisis le parece irrisoria para un caso que lleva meses de titulares. Se sostiene que, por esa cantidad, el relato del suceso vale mucho más convertido en libro o en serie que en compensación para los damnificados.
Las deudas de Edwin Arrieta y el rastro societario
Una de las líneas de investigación paralela más seguidas apunta a la situación financiera de la víctima. Edwin Arrieta arrastraba una deuda cercana a los
dos millones de euros, tenía bienes embargados y figuraba en bases de datos policiales internacionales. Una sociedad, Sistemcobros SAS, habría refinanciado esa deuda sin aval, y el entramado que después compró esa sociedad es otra de las piezas que se están desmenuzando.
De ahí nace la hipótesis de que el crimen esté conectado con negocios turbios y con gente que no conviene nombrar. Quien la sostiene cree que Daniel Sancho no participaba en esos asuntos y que estaba en el sitio equivocado en el momento equivocado. Es una hipótesis sin respaldo probatorio público, y así conviene leerla.
Qué se juega Tailandia con la pena de muerte
En el país hay un debate abierto sobre la pena capital. Una parte del Parlamento discute si ejecutar todas las condenas a muerte o, cuando el reo es extranjero, extraditarlo a su país de origen. El argumento que gana peso: si la pena de muerte nunca se ejecuta, los condenados acaban riéndose del sistema. El caso de Sancho entra de lleno en esa discusión sobre la credibilidad de las condenas.
El recurso de la defensa, mientras tanto, se enfrenta a un terreno complicado. Lo que en un sistema occidental garantiza una segunda instancia, en la práctica tailandesa puede quedar en poco. El
indulto es la carta que algunos ven detrás de la petición de los familiares.
Y aquí el dato que descoloca. El mismo procedimiento en el que se pide la ejecución de un hombre se mueve, en el plano económico, con una indemnización de 100.000 euros. Menos de lo que cuesta mantener a un reo entre rejas unos cuantos años en no pocos países. La justicia se discute en años de cárcel; la reparación, en calderilla.