El 80% de los españoles cree que hay demasiados extranjeros
España se ha convertido en el segundo país de la Unión Europea que más rechaza la
inmigración masiva. Un 80% de la población considera que el número de llegadas en la última década ha sido «excesivo», solo por detrás de Alemania, donde ese porcentaje alcanza el 81%. Los datos proceden de una encuesta de YouGov dentro de su proyecto EuroTrack, que analiza la percepción migratoria en siete países: Reino Unido, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, España y Suecia.
El rechazo no es un fenómeno exclusivamente español. En el Reino Unido, el 70% coincide en que las llegadas han sido desmedidas; en Dinamarca, el país menos crítico, la cifra baja al 55%. La opinión mayoritaria en casi todos los países analizados es que la inmigración ha sido «excesivamente alta»: un 61% en Alemania, un 54% en España y la mitad de los británicos.
El impacto percibido: mayoría que lo considera negativo
En todos los países analizados, una mayoría o al menos una pluralidad cree que el saldo de la inmigración ha sido negativo. Los italianos son los más críticos, con un 56%, seguidos de cerca por los alemanes (55%). El Reino Unido muestra un panorama algo menos severo: un 42% cree que ha perjudicado al país, mientras que un 30% considera que ha tenido efectos tanto positivos como negativos y un 21% opina que su impacto ha sido mayormente beneficioso, el dato más alto de los siete países.
La inmigración como prioridad política de primer orden
De una lista de 13 preocupaciones, la inmigración aparece entre los cuatro problemas más relevantes en todos los países encuestados. En Alemania, un 42% la sitúa como la principal preocupación nacional, prácticamente empatada con la economía (41%). En el Reino Unido ocupa el tercer puesto (33%), solo por detrás de la crisis económica y del sistema sanitario. En Francia, Italia y España también figura en la parte alta de la lista.
La gestión gubernamental, suspendida con claridad
La percepción sobre la gestión pública es abrumadoramente negativa. El 83% de los alemanes y el 80% de los franceses consideran que sus gobiernos han manejado mal la cuestión migratoria. En el Reino Unido, esa crítica alcanza al 72% de la población, mientras que en Dinamarca, el país con menos rechazo, el descontento con la gestión sigue siendo del 52%. El debate, por tanto, no solo está marcado por las cifras de llegadas, sino por la desconfianza hacia las políticas aplicadas.
Los números que no cuadran: nacimientos frente a llegadas
Según un cálculo que circula en el debate, España registra alrededor de 320.000 nacimientos al año sobre una población de 49 millones, y aun así la población crece en unos 400.000 habitantes anuales desde 2021. Esa brecha entre nacimientos y crecimiento real implicaría, según ese cálculo, que la práctica totalidad del aumento demográfico procede de la llegada de personas de otros países. Hay quien sostiene que ese dato apunta a una presión sostenida sobre vivienda, sanidad e infraestructuras que no se corresponde con la capacidad de absorción del país.
Hay quien sostiene que el problema no es la inmigración en sí, sino la falta de control y de planificación. Una inmigración ordenada, sujeta a las leyes y ajustada a las necesidades reales del país, sería lo razonable; lo que se cuestiona es la entrada irregular sin verificación de necesidades. El argumento contrario señala que la economía española, con una población envejecida y una baja natalidad, necesita mano de obra para sostener el sistema.
La paradoja electoral: rechazo en las encuestas, continuidad en las urnas
Existe una contradicción que recorre todo el análisis: si el 80% rechaza la inmigración masiva, ¿por qué siguen ganando los partidos que la favorecen? Una parte del análisis lo atribuye a que el votante no conecta su malestar con su voto; otra, a que el tema migratorio no es determinante en la decisión electoral frente a otros como las pensiones o el empleo. También hay quien apunta a que el rechazo declarado en una encuesta no siempre se traduce en prioridad a la hora de votar.
El asunto tiene una derivada económica que a menudo se pasa por alto: hay quienes sostienen que la inmigración irregular alimenta sectores como la agricultura intensiva, la hostelería o el reparto, donde la mano de obra sin regularización acepta condiciones que un trabajador con papeles no aceptaría. Ese vínculo entre economía sumergida y flujos migratorios es, para algunos analistas, la razón de fondo por la que el control fronterizo no se aplica con la contundencia que reclama la opinión pública.
El descontento con la gestión, común en toda Europa Occidental
Lo llamativo del EuroTrack no es solo el rechazo a la inmigración, sino la desconfianza generalizada hacia quienes gestionan el fenómeno. Incluso en Dinamarca, donde el rechazo es el más bajo de los siete países, más de la mitad de la población desaprueba la gestión de su gobierno. Es decir, el problema no es solo cuántos llegan, sino la sensación de que nadie está controlando el proceso.
Con estos mimbres, lo previsible es que el debate migratorio siga escalando en la agenda política europea. La presión sobre vivienda, sanidad y servicios públicos no va a disminuir por sí sola, y la brecha entre lo que la población demanda y lo que los gobiernos hacen no parece cerrarse. Si esa distancia se mantiene, el coste político para los partidos que gestionan la inmigración podría acabar pasando factura, aunque nadie sabe todavía cuándo ni en qué forma.