ESPAÑA está CORROMPIDA y MORIBUNDA

España: el diagnóstico de declive que no cambia desde 1873​

En febrero de 1873 el rey Amadeo de Saboya hizo pública su renuncia a la Corona con una carta a las Cortes que hoy se sigue usando como acta de acusación: «todos los que con la espada, con la pluma, con la palabra agravan y perpetúan los males de la nación son españoles». Más de siglo y medio después, la discusión sobre la corrupción en España se plantea en términos parecidos. El problema no sería un presidente concreto, sino un país donde el enchufe, el clientelismo y el pelotazo funcionan como sistema operativo. Y quien sostiene esa tesis añade un matiz incómodo para el votante: si todos los que han gobernado han repartido favores, el problema no es el gobernante, es el suelo del que sale.

El problema no es el presidente, son las élites​

La versión extensa de ese diagnóstico se apoya en tres nombres del canon español. Hay quien cita a Ortega y Gasset para hablar de un país que vive enfrentado a sí mismo, y a Camilo José Cela, cuyo retrato de los españoles como «raza cainita» que no sabe convivir se usa como refrendo culto de la tesis. La guinda la pone Américo Castro con el concepto de «absolutismo de la persona»: cada cual actúa como soberano de sí mismo, lo que impediría empresas colectivas, solidaridad y, de paso, cualquier proyecto nacional que integre a todos.

El relato histórico que acompaña a esa lectura arranca con la muerte de Fernando de Aragón y la llegada de los Austrias. La acusación de fondo es que España ha carecido de élites que hicieran valer intereses propios y ha tenido, en su lugar, dirigentes que administraban el Estado como un botín del que asegurar su parte. Con esa premisa, la corrupción deja de ser una anomalía punible y pasa a ser el funcionamiento normal de la máquina.

Francia como espejo y el contraargumento del francés medio​

La comparación más repetida no es con el presente, sino con el siglo XIX. El argumento es que la divergencia con Francia se aprecia mejor entre 1800 y la Primera Guerra Mundial: allí se desarrolló la civilización industrial europea, aquí no. Bajo ese prisma, España nunca dejó de ser un país pobre y culturalmente por debajo del estándar europeo.

La réplica llega desde dentro del propio diagnóstico. Se sostiene que los españoles no son peores que el francés medio, que el resto de países occidentales atraviesan una situación similar y que el tópico del país de pícaros se cae en cuanto uno se pasa por cualquier empresa y ve lo mismo, exactamente lo mismo. Quien ha trabajado toda una vida en el mismo sitio recuerda compañeros decentes y amistades duraderas, no una plantilla de vividores. La discusión, en ese punto, se convierte en una pelea sobre qué es carácter nacional y qué es simple precariedad institucional.

El 3% anual: la aritmética demográfica que circula​

Otro frente del diagnóstico es numérico. Según un cálculo que circula, España suma cada año en torno a un 3% más de población, lo que equivaldría a unos 13 millones de personas más cada década sobre una base de 50 millones. En el escenario más extremo, y con el ratio actual de nacimientos y muertes, la población de origen local quedaría reducida a un 10% en unos 80 años. Son proyecciones, no censos, y quien las maneja las presenta como aviso.

A eso se añade la presión sobre el estatuto de la nacionalidad. Una corriente sostiene que la concesión de pasaportes se ha convertido en una política de puertas abiertas sin control de daños, hasta el punto de tensar el espacio Schengen y devaluar el propio documento. Sobre la mesa hay una metáfora que resume la posición: el valor de un pasaporte es como el de una moneda, si lo devalúas imprimiendo, el mercado te lo castiga.

La acusación sobre el voto por correo del 23J​

En el terreno electoral, la pieza más citada es una información publicada por OKDIARIO según la cual la que fuera secretaria general del PSOE en Argentina, Lorena Suárez, habría sido acusada por un colaborador de animar a falsificar pasaportes de fallecidos para engordar el voto por correo en las generales de 2023. La acusación aparece recogida en un audio y no consta resolución judicial firme sobre los hechos.

Quien conoce el procedimiento recuerda que el fallecido no vota: vota el apoderado con su DNI. Ese detalle técnico es el que permite sostener que el voto exterior es un coladero sin auditoría real desde hace años, sin necesidad de fabricar un fraude nuevo. El punto exacto donde el análisis se atasca es ese: la falta de trazabilidad del voto exterior convierte cualquier sospecha en irrefutable y cualquier defensa en fe.

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Con estos mimbres, el diagnóstico se queda colgado en el mismo sitio que la carta de 1873. Sobran culpables genéricos —el país, el carácter, las élites, el votante— y falta el único dato que zanjaría la pelea: cuántos de esos votos emitidos desde el extranjero pueden auditarse uno a uno.