Eso, a Ayuso (Teodoro León Gross en El ABC)

Se acusa al sanchismo de usar a Ayuso como un enemigo imaginario para ocultar su fracaso en materia de vivienda, ignorando las cifras reales de desahucios y las promesas incumplidas.

El Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a críticas por su gestión de la crisis de vivienda, especialmente por la tendencia a señalar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como responsable de los problemas. Esta estrategia, según algunos análisis, busca desviar la atención de las propias responsabilidades y del fracaso en cumplir las promesas electorales en esta materia.

El fantasma de los desahucios

Las cifras de desahucios en España siguen siendo preocupantes. Si en 2018 el problema de la vivienda ocupaba el decimoquinto puesto en la lista de preocupaciones nacionales, hoy se ha convertido en el primer problema. A pesar de las promesas de 2015 de Sánchez de que no habría más desahucios con un Gobierno socialista, la realidad es muy distinta. Se estima que hay alrededor de veinticinco mil desahucios anuales, una cifra que contrasta drásticamente con las doscientas mil viviendas prometidas y no construidas.

La estrategia del "eso, a..."

La táctica de atribuir problemas a otros, resumida en la expresión "eso, a...", se ha convertido en una herramienta recurrente. Tras el caso de Maricarmen, una mujer desahuciada en Madrid, la respuesta desde el Gobierno central ha sido dirigir la atención hacia las administraciones madrileñas. Esta misma estrategia se utilizó previamente con la crisis migratoria en Ceuta, donde la respuesta inicial fue "eso, a Vivas". Ahora, el foco se pone en Ayuso, a quien se acusa de estar más preocupada por operaciones inmobiliarias con dinero público que por las demandas sociales.

Un caso particular, un problema general

El caso de Maricarmen se presenta como un ejemplo de política social más que de un problema de vivienda generalizado. Se señala que la afectada disfrutaba de una renta antigua en una zona cara de Madrid, un régimen heredado del franquismo y que incumplía una ley socialista de 1994 sobre subrogaciones. A pesar de que se le ofreció una plaza pública, la rechazó. Si bien se podría reprochar a la empresa la falta de flexibilidad, la crítica principal se dirige hacia la inacción del Gobierno central para crear un marco legal que aborde estas situaciones. A pesar de este panorama, se prevé que en 2027 se siga presentando como la solución a la crisis de vivienda.