Doce reformas constitucionales urgentes (Carlos Martínez Gorriarán en Vozpópuli)

Se plantean doce reformas constitucionales urgentes para blindar la democracia frente a la corrupción institucional y la inestabilidad política, buscando fortalecer los controles sobre el Gobierno y la separación de poderes.

La Constitución española de 1978 sentó las bases de nuestra democracia, pero el paso del tiempo y las experiencias recientes sugieren que necesita un buen repaso. No se trata de reinventar la rueda, sino de afinar los mecanismos para que un sistema que ha funcionado razonablemente bien no se vea comprometido por derivas autoritarias o prácticas corruptas. La idea es proteger lo bueno que tenemos, como la monarquía parlamentaria, la descentralización del Estado o la pertenencia a la Unión Europea, y blindarlo ante quienes pretenden socavarlo.

Controlar el poder ejecutivo

Uno de los puntos más sensibles es el control sobre el Gobierno. La experiencia sugiere que un Ejecutivo puede llegar a acumular un poder excesivo si no existen contrapesos efectivos. Por eso, se propone, por ejemplo, que la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado antes de que acabe el año suponga la disolución automática de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones. Esto obligaría a una mayor diligencia y responsabilidad en la gestión de las cuentas públicas.

Además, se plantea limitar el uso de los Reales Decretos y Decretos Ley. Estas herramientas, pensadas para situaciones de urgencia o extraordinaria necesidad, no deberían ser utilizadas para legislar sobre asuntos que no revistan esa urgencia o que tengan un impacto presupuestario o legislativo significativo. Su uso debería restringirse a nombramientos, ceses, reorganizaciones internas o circunstancias excepcionales como catástrofes naturales o estados de alarma. También se apunta a la necesidad de establecer un mecanismo más ágil y efectivo para la destitución parlamentaria de miembros del Gobierno que hayan incurrido en delitos o muestren una incapacidad manifiesta en el desempeño de sus funciones. El cese automático del Gobierno al término de su mandato, sin posibilidad de prórroga, y la convocatoria inmediata de elecciones generales, son otras medidas para evitar la perpetuación en el poder.

Separación de poderes y justicia

La separación de poderes es un pilar fundamental de cualquier democracia. Cuando este equilibrio se rompe, las instituciones pierden legitimidad y la ciudadanía se ve desprotegida. Se propone una reforma profunda en este ámbito, empezando por la elección del Consejo General del Poder Judicial. La idea es que sean los propios jueces y magistrados en activo quienes elijan a sus representantes, eliminando la injerencia de los partidos políticos y del Gobierno.

La Fiscalía, actualmente muy ligada al Ejecutivo, debería tener una mayor independencia y estar sujeta a un control judicial más estricto. También se considera esencial proteger la acción y la acusación popular como derechos fundamentales, impidiendo que puedan ser derogadas o limitadas por leyes ordinarias. Se plantea la desaparición del Tribunal Constitucional, sustituyéndolo por una sala especial del Tribunal Supremo, cuyas funciones se limitarían al control de constitucionalidad y la protección de los derechos fundamentales. La supresión de todos los aforamientos de cargos públicos y el aumento de la transparencia en la administración son otras medidas para fortalecer la rendición de cuentas.

Organización territorial y partidos

El Título VIII de la Constitución, que regula la organización territorial del Estado, es otro de los puntos que genera debate. Se busca una redistribución del modelo y las competencias, buscando una mayor claridad y evitando solapamientos. El objetivo es definir de forma precisa las competencias exclusivas del Estado, las de las comunidades autónomas y las de los municipios, garantizando la igualdad de derechos y obligaciones para todos los ciudadanos.

Se propone la supresión de entidades administrativas redundantes, como las diputaciones provinciales, y la eliminación de ministerios y direcciones generales cuyas competencias ya estén asumidas por las autonomías o los municipios. También se apunta a la eliminación de privilegios históricos que puedan generar desigualdades. En cuanto a los partidos políticos, se plantea la prohibición de aquellos que promuevan la secesión de parte del territorio nacional o que pretendan instaurar regímenes totalitarios. Aquellos condenados por terrorismo, sedición o crimen organizado deberían ser disueltos, impidiendo su refundación bajo nuevas siglas.

Educación y ciudadanía

La educación es otro frente donde se proponen cambios significativos. Se exige la obligación de ofrecer educación en español en todos los niveles del sistema educativo, desde primaria hasta el doctorado. Se busca prohibir la inmersión lingüística obligatoria para los alumnos hispanohablantes y que el aprendizaje de las lenguas cooficiales sea una opción, garantizando siempre la adquisición de conocimientos básicos. Se plantea también el veto a las barreras de acceso a ayudas y empleos públicos por exigencia abusiva de la lengua cooficial.

Finalmente, se aborda la cuestión del derecho al sufragio. Se exige la residencia habitual en España, incluyendo el domicilio fiscal, para poder ejercer el derecho al voto y presentarse como candidato a cargos públicos. Se busca distinguir entre nacionalidad y ciudadanía activa, de modo que la posesión de la nacionalidad no sea equiparable automáticamente a una ciudadanía plena en términos de participación política.