En la España socialista los alimentos son un ya 36% más caros que hace solo 3 años... y los sueldos?

La cesta sube un 36% en tres años y el sueldo no la alcanza​

El dato lo puso encima de la mesa una agencia de noticias y no admite muchas lecturas: la cesta de la compra se disparó un 1,7% solo en junio, la mayor subida del año, y la OCU denuncia que los alimentos son un 36% más caros que hace tres años. Enfrente, el INE certificaba que los salarios subieron un 2,4% en 2023 y encadenaban tres ejercicios de alzas. La resta no sale. Y cuando la resta no sale, alguien la paga.

El desfase entre lo que sube la comida y lo que sube la nómina es el eje de una discusión que lleva meses sin resolverse y que estos días ha vuelto a calentarse. Porque el problema no es solo la cifra. Es lo que la cifra esconde: qué se ha hecho con los márgenes, quién ha capturado la subida y por qué el precio en origen bajó mientras el de la etiqueta se quedó clavado.

El 36% de los alimentos frente al 2,4% de los salarios​

La comparación directa es demoledora. Un 36% acumulado en alimentos contra un 2,4% de subida salarial en el último ejercicio cerrado. No hace falta ser economista para ver que el poder de compra de la cesta básica se ha deteriorado a un ritmo que ninguna revisión salarial ha compensado. Y no hablamos de caprichos: hablamos de lo que se come.

Hay quien sostiene que el porcentaje real es aún peor. Frente al 36% que denuncia la OCU, circulan estimaciones que elevan la subida de los alimentos al 50% desde que arrancó la legislatura, y que sitúan el alza general de precios en el 30-35%. La horquilla importa poco cuando el resultado es el mismo: la cuenta del supermercado se ha convertido en el termómetro más fiable del empobrecimiento.

La queja se repite con un ejemplo concreto: hay quien asegura que ya encuentra productos más baratos en los supermercados del sur de Francia que en España. El diferencial histórico con el país vecino se ha estrechado hasta desaparecer. Y si el precio se iguala pero el sueldo no, el problema deja de ser una percepción.

¿Por qué subió el precio en origen y por qué no ha bajado?​

La explicación más elaborada que circula en el análisis apunta a los mercados de futuros. Durante la crisis energética se generó un shock alcista en el precio de las materias primas agrícolas. Ese shock se trasladó íntegro al cliente final con el argumento de la guerra y la energía. Después, los futuros bajaron. El precio en origen bajó. El precio en la etiqueta no bajó.

Ahí está el nudo del asunto. Si el coste de producción se moderó y el precio final se mantuvo, la diferencia se quedó en algún eslabón intermedio de la cadena. No en el agricultor, no en el transportista pequeño. En la intermediación, en la distribución y en los márgenes de quienes pudieron sostener el precio porque nadie les obligó a bajarlo.

El corolario es incómodo: la inflación alimentaria dejó de ser un fenómeno importado para convertirse en una decisión. Y mientras eso ocurría, el relato oficial seguía vendiendo que todo era culpa del conflicto en Ucrania y de la energía. Cuando la energía se moderó, el relato no se actualizó.

El SMI, los márgenes y la teoría del empobrecimiento general​

Una de las corrientes más repetidas en el análisis sostiene que subir el salario mínimo de forma acelerada sin correlato en la productividad genera un efecto perverso: los precios absorben la subida y el que cobraba el SMI acaba igual de pobre, arrastrando además a quien cobraba algo más. El que ganaba el doble del SMI y ahora gana casi el SMI es el gran perjudicado silencioso de este ciclo.

El argumento tiene su lógica contable. Si a un segmento de la población se le sube el sueldo un 50% en pocos años y al resto un 5-8%, mientras los precios suben un 40%, el resultado neto es una compresión salarial hacia abajo. La clase media se empobrece sin que nadie le haya bajado la nómina. Solo congelándola en términos reales.

La objeción a esa tesis es igual de sólida: los márgenes empresariales no son una variable sagrada. Hay sectores que han ampliado beneficio en plena crisis de costes, y hay empresas que han cerrado. Las quiebras empresariales alcanzaron las 6.690 en 2024, un 26% más. No todo el tejido empresarial ha salido ganando con la inflación; algunos han sido la primera víctima.

Impuestos, energía y el precio que nadie baja​

El otro gran foco del descontento apunta a la fiscalidad. El argumento es sencillo: se crearon impuestos extraordinarios a la banca y a las energéticas tras la pandemia, y esos impuestos no los pagan las empresas. Los paga el cliente. La gasolina no ha bajado y los bancos cobran más comisiones mientras no remuneran los depósitos. El impuesto se traslada al precio final, siempre.

El FMI advirtió de que esos gravámenes deben ser limitados y temporales. La advertencia no es menor: si el impuesto se perpetúa, deja de ser extraordinario y se convierte en estructural. Y un impuesto estructural sobre un sector concentrado acaba repercutiéndose en el consumidor, que es el que no tiene poder de negociación.

A esto se suma el efecto de la energía. La electricidad sube el doble de rápido que la inflación general, según los datos que maneja el sector. Cada punto de energía se convierte en un punto de coste en toda la cadena, desde el transporte hasta la conservación en frío. La factura energética es el impuesto silencioso que nadie vota y todos pagan.

¿Bajarían los precios con otro gobierno?​

La pregunta recorre toda la discusión y no tiene respuesta fácil. Hay quien sostiene que ni con un cambio de gobierno bajarían los precios, porque el mecanismo es el mismo: las empresas suben, el consumidor se queja, se adapta, y cuando llega el próximo susto económico vuelven a subir. La inflación tiene inercia y los precios rara vez retroceden.

Otros argumentan que la diferencia entre países es real y medible. Se cita el caso de Italia, con una inflación mensual del 1% frente al 3% español. Si el fenómeno fuera puramente global, los diferenciales entre vecinos no existirían. La política fiscal y energética de cada país marca la diferencia, aunque no la explique toda.

El consenso mínimo que se puede extraer es que el problema es europeo, no exclusivamente español, pero que la intensidad con que golpea a cada economía depende de decisiones propias. Escudarse en Bruselas no explica por qué aquí duele más.

Dónde se atasca el análisis​

Con estos diferenciales, el consumo debería haberse desplomado y las protestas multiplicarse. Ni una cosa ni la otra han ocurrido con la intensidad esperada. La gente ha ajustado la cesta, ha cambiado marcas, ha recortado frescos y ha tirado de oferta. El empobrecimiento se gestiona en silencio, en la cocina de cada casa, sin que ninguna estadística lo capture del todo.

Y ahí se queda el cálculo. Sabemos cuánto sube la cesta. Sabemos cuánto sube el sueldo. Lo que no termina de cuadrar es por qué la brecha se sostiene sin una reacción proporcional, ni cuánto tiempo aguanta una economía doméstica antes de romperse.