Lo de mirar al comprador es lo que tiene más sentido, porque las cuentas del robo son absurdas. Una manguera de un cargador rápido mide unos cinco metros y lleva dos conductores gruesos de corriente continua; con suerte salen cuatro o cinco kilos de cobre. En la chatarrería eso son unas decenas de euros. El daño, según la propia noticia, ronda los 20.000 euros por punto, entre el cable, el conector, la reparación y los días que está parado. El ladrón se lleva el 0,2% de lo que destroza.
Ese tipo de robos ya tiene agravante. Desde la reforma del Código Penal de 2015, robar cableado o conducciones de suministro eléctrico o de telecomunicaciones, causando un perjuicio grave al servicio, se castiga con uno a tres años de prisión, más que el hurto normal. El problema no es tanto la pena como pillarlos: se hace de noche, en dos minutos, con una radial, en aparcamientos sin nadie.
Por eso el cuello de botella real es la venta. Cinco kilos de cobre cortado en trozos, con restos de conector, no se colocan en cualquier sitio. Si las chatarrerías tienen que identificar al vendedor y se inspeccionan de verdad, el negocio se cae.