Resumen del debate: Emprendedores y cobre: robos en cargadores de coches eléctricos

El cobre de los cargadores eléctricos ya tiene mercado negro​

El cobre se ha convertido en el nuevo oro. Al menos eso sostiene una parte del análisis económico que circula estos días: con el precio del metal en máximos históricos y los puntos de recarga de vehículos eléctricos multiplicándose por las ciudades, el cableado de esos postes se ha transformado en un objetivo apetecible para quien busca dinero rápido. La ecuación es simple: infraestructura cara, vigilancia escasa y un material con salida inmediata en el mercado de la chatarra. El resultado, según advierten desde distintos frentes, es una oleada de sustracciones que amenaza con dejar inservibles instalaciones que costaron miles de euros.

Por qué el cobre de los cargadores es un negocio redondo​

El razonamiento que se repite en los mentideros económicos no es nuevo, pero ahora tiene un escenario distinto. El vehículo eléctrico ha multiplicado los puntos de recarga en aparcamientos, estaciones de servicio y vías públicas. Cada uno de esos postes contiene kilos de cobre en sus cables y conexiones. Un cargador de alta potencia puede llevar entre 5 y 10 kilos de metal, y el precio del cobre en el mercado internacional lleva meses disparado.

La cuenta es sencilla: si el kilo se paga a un precio que en algunos momentos ha superado los 8 euros, un solo acto de vandalismo puede reportar decenas de euros en chatarra. Multipliquen por una noche de trabajo y por varios puntos de recarga. El incentivo económico es evidente. Y la probabilidad de ser pillado, según coinciden quienes siguen el fenómeno, es baja.

Hay quien va más allá y sostiene que el cobre es la nueva fiebre del oro del siglo XXI. Copper is the new gold, resumen con ironía desde algunos foros económicos. La comparación no es gratuita: el metal rojo es imprescindible para la transición energética, y su demanda no deja de crecer mientras la oferta se mantiene rígida. Eso lo convierte en un activo codiciado, tanto para inversores legítimos como para quien prefiere saltarse los intermediarios.

Cargadores sin vigilancia: el eslabón débil de la infraestructura​

La paradoja es que la infraestructura de recarga se ha desplegado pensando en la comodidad del usuario, no en su seguridad. Los postes están a pie de calle, en aparcamientos públicos o en áreas de servicio con poca presencia humana. No hay vigilancia permanente en la mayoría de ellos, y los sistemas antirrobo brillan por su ausencia.

Algunas voces del sector han empezado a plantear soluciones que suenan a vuelta al pasado: sistemas de tracción animal para vigilar las instalaciones, cámaras con carteles disuasorios, rondas de seguridad privada. Otras apuntan a que la única forma de frenar el fenómeno es encarecer el delito: penas más duras, prisión sin comodidades y consecuencias reales para quien roba. Si comportarse de forma contraria a la normalidad tiene como consecuencia tener un Lamborghini Urus, el incentivo es a perpetuar el modelo, resume una de las posturas más repetidas.

El problema de fondo, señalan algunos análisis, no es tecnológico sino de incentivos. Mientras el beneficio de robar cobre supere ampliamente el coste esperado de ser detenido, la ecuación seguirá favoreciendo al ladrón. Y eso, en un contexto de inflación y sueldos estancados, empuja a más de uno a considerar que el riesgo merece la pena.

Quién paga la factura de los cargadores destrozados​

La pregunta que nadie responde del todo es quién asume el coste. Los operadores de recarga tienen que reparar o reponer los postes dañados, y ese gasto acaba repercutiendo en el precio final que paga el usuario. Cada cargador destruido es una inversión perdida y un servicio menos para quien de verdad quiere moverse en eléctrico.

Hay quien señala que el fenómeno no es más que un síntoma de un problema mayor: la impunidad percibida de determinados delitos contra la propiedad. En el país de la gitanada y la delincuencia impune, escriben algunos, sin reparar en que generalizar nunca ha resuelto nada. Otros apuntan al componente social: si el sistema no ofrece alternativas, el mercado negro siempre encontrará proveedores.

La discusión, en cualquier caso, deja un dato incómodo: la transición energética ha creado una nueva categoría de infraestructura crítica que nadie está protegiendo. Y mientras eso siga así, el cobre seguirá teniendo compradores.

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¿Cuánto tardará el mercado en poner precio al riesgo de robar un cargador?