El sistema está en la cuerda floja: ¿se viene el colapso?

Querella contra Llados: mil afectados y un curso de mil euros​

Más de mil personas preparan una macroquerella contra el influencer Llados por una supuesta estafa piramidal. El producto estrella: un curso de más de 1.000 euros con el que, según la promoción, el alumno «ganará su primer millón de euros». La cifra no es casual. Mil clientes a mil euros son un millón exacto, y esa aritmética tan redonda es la que ha convertido el caso en un pequeño laboratorio sobre dónde acaba la motivación y dónde empieza el humo.

El asunto llega a los tribunales con dos problemas de partida que cualquier abogado mercantil reconoce a la primera: el grueso de la operación se vende como formación, no como inversión, y el protagonista no reside en España. Con esas dos piezas, la vía penal se complica y el calendario se estira.

Qué ofrece realmente el curso de Llados​

El núcleo del negocio es un paquete de vídeos y charlas de motivación a precio de máster universitario. Quien lo compra no adquiere una participación, ni un fondo, ni un activo que produzca rentas: adquiere contenido. Y ahí está la primera grieta del relato de los demandantes, porque la promoción describe lo que se vende con bastante literalidad. Hay quien sostiene que, si la web detalla punto por punto lo que entrega a cambio del dinero, no existe el engaño típico de la estafa, sino un mal negocio. La defensa del vendedor se escribe sola.

La acusación, en cambio, apunta a otra cosa: al efecto llamada. El curso no se vende como curso, se vende como atajo. El mensaje de fondo es que el éxito depende de pagar, y que quien no paga es un perdedor. Esa presión ambiental, sostienen los querellantes, es lo que convierte una compra libre en una captación.

La estructura piramidal que se discute​

El esquema que se describe en la querella tiene la forma clásica: los primeros pagan por entrar y el sistema solo se sostiene si llegan nuevos compradores dispuestos a poner su dinero después. Funciona mientras hay cola en la puerta. Cuando la cola se agota, el último paga la fiesta. La comparación que circula es la de la fiebre del oro: quien se hizo rico no fue el que buscaba pepitas, sino el que vendía picos, palas y mapas de yacimientos.

La objeción más repetida a esa tesis es que un curso no reparte rendimientos entre los antiguos alumnos, así que no hay pirámide en sentido estricto. La discusión, por tanto, se traslada al terreno de la captación: si el reclamo para captar nuevos clientes se construye sobre promesas de resultados económicos, el envoltorio formativo deja de ser neutral.

El problema de juzgar a quien no vive en España​

Aquí aparece el obstáculo práctico que puede decidir el caso antes que cualquier argumento. Si el demandado no reside en territorio español, la maquinaria judicial exige emplazamientos y comisiones rogatorias, trámites que alargan cualquier procedimiento hasta extremos que desesperan a las partes. Un pleito ya es lento de por sí; con una parte en el extranjero, se convierte en una carrera de fondo donde el demandante puede cansarse antes que el juez.

A eso se suma el coste. Una querella no es una reclamación amistosa: hay que adelantar dinero, sostener el procedimiento y asumir que, si se pierde, la factura se queda en casa. El cálculo más optimista para los afectados pasa por una condena rápida y ejemplar. El escenario pesimista pasa por años de trámites, gastos crecientes y una sentencia que no llega a tiempo de recuperar nada.

El negocio de la fama que genera el pleito​

Hay un ángulo que casi nadie discute: la publicidad. Un pleito de este calibre coloca el nombre del demandado en todos los medios, y en el ecosistema de los gurús digitales la notoriedad se traduce en ventas. La sospecha de que el propio demandado capitalice el revuelo como un ataque del sistema es una hipótesis recurrente. También se apunta en dirección contraria: despachos que buscan notoriedad y canales que montan polémicas cruzadas para captar visitas. Todos ganan algo, menos quien puso el dinero.

El perfil del comprador y la pregunta incómoda​

La parte más incómoda del asunto es la que menos se discute en voz alta: a quién se le vende esto. El retrato que se dibuja es el de personas con urgencia económica, poca formación financiera y mucha exposición a redes sociales. Gente que busca un atajo porque el camino largo no le alcanza. Sobre ese perfil, la promesa de un millón de euros funciona como un imán.

De ahí sale la pregunta que ninguna de las dos partes quiere responder del todo: si el comprador medio no es un inversor informado, ¿dónde está la frontera entre vender esperanza y aprovecharse de la desesperación? La ley española protege al consumidor frente a la publicidad engañosa, pero exige algo más que arrepentimiento para hablar de estafa. Y ese algo más es exactamente lo que el pleito tendrá que demostrar.

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Con mil afectados organizados y un curso de mil euros por cabeza, el caso tiene todas las papeletas para convertirse en jurisprudencia sobre los límites del coaching de pago. O en un documental sobre cómo se pierde dinero dos veces: una comprando el curso, y otra pagando al abogado. ¿Alguien ha calculado cuántos de los mil acabarán cobrando algo?