El Sindicato de Estudiantes convoca una huelga indefinida
El curso acaba de arrancar y el Sindicato de Estudiantes ha decidido empezarlo sin pisar el aula. Según un mensaje que circula en vídeo, la organización ha convocado una huelga indefinida contra las políticas educativas de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid: los estudiantes irían a la huelga indefinida y no estudiarían. La aritmética, de entrada, chirría. Una huelga sin fecha de fin supone renunciar a algo que el huelguista no cobra ni le pagan por perder, y el calendario elegido —primeras semanas del curso— maximiza el destrozo académico propio.
¿Puede un estudiante convocar una huelga?
No con el mismo paraguas legal que un asalariado. Varios participantes sostienen que el derecho de huelga está tasado para los trabajadores, y que lo que hacen los alumnos es un paro académico o, directamente, dejar de asistir. Sobre esa base se apoya la objeción más repetida: sin convenio, sin nómina y sin patronal a la que presionar, la palabra huelga sería un préstamo semántico. La organización, en cambio, se presenta como sujeto político con agenda propia, no como colectivo de afectados.
Conviene recordar de dónde viene. El Sindicato de Estudiantes se define como una organización revolucionaria, marxista, antifascista, antiderechista, obrera, internacionalista y anticapitalista, y así consta en su ficha pública. Es decir, el pulso no es tanto por un temario o una ratio como por una posición de bloque.
Los piquetes y el derecho a estudiar de los demás
El frente más incómodo es el de los piquetes. La queja que recorre el asunto no es que cuatro alumnos dejen de ir a clase, sino que otros no puedan entrar. Hay quien describe puertas de facultades bloqueadas, aulas interrumpidas y alumnos que acaban echando personalmente a los grupos que entran a dar mitin. En algunos centros, según un relato del hilo, quienes defendieron seguir con la clase se encontraron con la sorpresa de que la resistencia venía del propio alumnado, no del profesorado.
Aquí el relato oficial y el de los hechos se separan. Una cosa es secundar un paro y otra impedir que un tercero ejerza lo contrario. Y sobre ese punto no hay sigla que valga.
El activismo como carrera y la fuga a la privada
Hay una lectura menos épica y más económica. Se sostiene que la facultad es, para una parte de la militancia, el lugar donde se hace el currículum mientras el verdadero oficio —ONG, fundación, chiringuito público, asesoría de partido— se cocina en otro sitio. Y que el coste de esa carrera lo paga el contribuyente. En el extremo contrario, se apunta que la universidad pública arrastra problemas de docencia y de incentivos, y que de ahí sale la huida hacia la privada. Sobre Madrid, un usuario sostiene que figura bien situada en los informes PISA, dato que se usa tanto para desacreditar la protesta como para justificarla.
Con la huelga indefinida ya sobre la mesa, el análisis se atasca en el mismo punto: nadie maneja cifras de seguimiento. Sin recuento de apoyos, la convocatoria queda a merced de quién la cuente, y ahí no hay dato que cierre la discusión.