El Sindicato de Estudiantes se planta e irán a una Huelga INDEFINIDA para protestar contra las políticas de Ayuso

Huelga indefinida de estudiantes contra las políticas de Ayuso​

El curso acaba de arrancar en la Comunidad de Madrid y el Sindicato de Estudiantes ya ha anunciado una huelga indefinida contra las políticas educativas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El mensaje que acompaña la convocatoria es explícito: los estudiantes, dicen, «iremos a una huelga indefinida y NO estudiaremos». No hay calendario, no hay lista de demandas y no hay estimación de seguimiento. Solo un anuncio.

Qué se sabe de la huelga indefinida contra Ayuso​

Lo primero que chirría es el formato. Indefinida, en septiembre, con el curso recién estrenado. La elección del momento tiene consecuencias económicas concretas: quien se descuelga en la semana dos aún no ha consolidado matrícula, prácticas ni evaluaciones, y el calendario académico castiga antes a quien abandona a mitad que a quien no llega a empezar. Convocar en el arranque maximiza el ruido y minimiza el coste individual.

A partir de ahí, el anuncio se ha recibido con más preguntas que apoyos. La primera: cuánta gente secundará la convocatoria. La segunda: durante cuánto tiempo. La tercera, y la más incómoda, qué se negocia, con quién y con qué contraparte institucional se sienta el sindicato a hablar.

¿Qué pide el Sindicato de Estudiantes?​

En el material disponible no aparece una sola demanda concreta, ni una cifra de recortes, ni un texto normativo señalado. La convocatoria se define más por lo que rechaza —las políticas de Ayuso— que por lo que exige. Es una huelga contra un Gobierno, no contra una medida.

Esa ausencia de pliego tiene un efecto práctico: sin demanda, no hay negociación posible; sin negociación, no hay final. Una huelga indefinida sin objeto definido solo puede acabar por agotamiento, no por acuerdo. Y el agotamiento, en un sindicato con estructura pequeña, llega mucho antes que en una administración con nómina fija.

Representatividad: pocos afiliados y dirigentes que pasan de los 30​

El segundo frente es quién habla en nombre de quién. Se sostiene que el sindicato cuenta con muy pocos afiliados y que su cuadro dirigente incluye personas de más de 30 años, en algún caso hasta los 37, sin terminar la carrera. Nadie les ha elegido por sufragio: se arrogan la representación del colectivo por ocupación del espacio.

Hay también una discusión de fondo, casi jurídica. Un estudiante no es un asalariado; no vende su fuerza de trabajo ni pierde salario por no asistir. Si la huelga es un derecho ligado al contrato laboral, la de estudiantes es otra cosa: presión política. Y esa presión solo funciona si arrastra a suficientes compañeros. Cuando no arrastra, se convierte en un parón de cuatro y el resto de la clase pagando el semestre.

El coste real de no ir a clase: tasas pagadas por adelantado​

Aquí aparece el argumento más sólido de todo el asunto. Una huelga de consumo tendría sentido: dejar de asistir y dejar de pagar. Pero las tasas universitarias se abonan a principio de curso, no mensualmente, de modo que el boicot no resta un euro a la Administración. El coste lo asume el estudiante que se queda fuera del aula y, si hay piquetes o encierros, el que quería entrar.

A eso se suma una crítica al propio modelo de universidad pública: profesorado más interesado en contratos con empresas y másteres caros que en la docencia de grado, alumnos que llegan con carencias serias y una parte del activismo que usa la facultad como trampolín hacia estructuras subvencionadas. El resultado, dicen, explica el auge de las privadas.

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Con estos mimbres, nadie pone cifra al seguimiento de la huelga indefinida. El punto exacto donde el análisis se atasca es el mismo del principio: una convocatoria sin demandas concretas, sin respaldo medible y sin horizonte. No es que falten argumentos en ninguna de las dos direcciones. Es que todavía nadie ha dicho qué se firma, con quién y para qué se vuelve a clase.