El Sindicato de Estudiantes se planta e irán a una Huelga INDEFINIDA para protestar contra las políticas de Ayuso

El Sindicato de Estudiantes se planta: huelga indefinida contra Ayuso​

El curso acaba de empezar y el Sindicato de Estudiantes ya ha movido ficha: huelga indefinida contra las políticas educativas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El anuncio, difundido en redes, incluye la frase que ha centrado la discusión: «Los estudiantes iremos a una huelga indefinida y NO estudiaremos». La convocatoria llega con el calendario académico recién estrenado, un detalle que no ha pasado desapercibido. Y de fondo, la pregunta incómoda: si el que se queda sin clase es el propio alumno, ¿a quién presiona realmente la huelga?

¿Por qué la huelga no le cuesta dinero a la universidad?​

Porque, según el razonamiento que se repite en el hilo, la matrícula se abona íntegra al comienzo del curso, no mes a mes. Una huelga de consumo —dejar de pagar los créditos— sí tendría impacto en las cuentas del centro, pero el calendario administrativo lo bloquea de raíz. No asistir no resta un euro al presupuesto ni obliga a la Consejería a mover una partida. El único coste lo asume el estudiante que deja de pisar el aula, en horas de temario que nadie le devuelve. La protesta, en términos contables, se queda sin palanca.

El derecho de huelga: trabajadores, no alumnos​

La objeción más repetida es que el derecho de huelga corresponde a los trabajadores asalariados, no a los estudiantes, y trasladarlo al aula no es un ejercicio automático ni pacífico. Desde esa lectura, un estudiante no convoca una huelga en sentido estricto, sino un paro académico o una protesta. A eso se suma otro matiz que se lanza a menudo: la universidad es una elección, no una obligación, así que el paro se parecería bastante a huelga contra uno mismo.

El activismo como carrera profesional​

La crítica más afilada no va contra la protesta, sino contra su utilidad para quien la dirige. Se sostiene que el currículum que se construye en estos movimientos —ONG, fundaciones, partidos, estructuras dependientes de dinero público— pesa más que el expediente académico a la hora de colocarse en el sector público y paraestatal. Quien defiende esta tesis añade un dato llamativo: buena parte de la cúpula sindical estudiantil supera la treintena y acumula años de militancia sin cerrar la carrera. Es una acusación, no una estadística oficial, y como tal conviene tratarla.

El piquete y la libertad de los que quieren dar clase​

Donde aparece el consenso es en el piquete. La protesta incomoda cuando deja de ser individual y bloquea el acceso de quien quiere asistir. Ahí el reproche cambia de destinatario: ya no se discute si el sindicato tiene razones, sino si puede imponerlas. También cambia el mapa según la facultad, porque hay quien sitúa a estos colectivos en titulaciones concretas de Ciencias Políticas y Ciencias de la Información, con dirigentes curtidos en la militancia y ajenos al aula. La foto del vídeo, con subtítulos incluidos, ha hecho el resto.

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Con el curso recién arrancado y una convocatoria sin fecha de caducidad, el asunto queda atado a una pregunta que nadie cierra: qué se gana cuando el precio de la protesta lo paga el propio huelguista.