El Rey puede no firmar

El Rey puede no firmar: qué dice el artículo 62​

¿Puede el Rey negarse a firmar una ley aprobada por las Cortes? La respuesta corta, según el forero que abre el hilo, es que ningún artículo de la Constitución le obliga a estampar su firma, y la respuesta larga es que a lo mejor da igual. El artículo 62 le encomienda, entre otras cosas, sancionar y promulgar las leyes. En ningún punto del texto, sostiene, se dice que deba hacerlo contra su criterio, ni se fija un plazo, ni se prevé consecuencia alguna por negarse. Sobre esa base se ha montado una discusión que lleva su tiempo: los que sostienen que la firma es un trámite automático y los que replican que, si de verdad fuera automático, no haría falta que nadie firmase nada.

¿Qué dice exactamente el artículo 62 de la Constitución?​

El precepto reparte funciones: sancionar y promulgar las leyes, convocar y disolver las Cortes Generales, convocar referéndums en los casos previstos, proponer al candidato a la Presidencia del Gobierno y nombrarlo, nombrar y separar a los ministros a propuesta de su presidente, expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros y ser informado de los asuntos de Estado. Ninguna de esas líneas incluye un verbo de obligación según esta lectura. No hay un deberá, ni una sanción por incumplimiento, ni un procedimiento alternativo señalado en el texto para el caso de negativa. Para mucha gente, ahí se acaba la discusión.

Hay quien añade que la Monarquía parlamentaria convierte esa omisión en irrelevante: el Rey no tiene margen político real y su firma es puro formulismo. Y hay quien le da la vuelta al razonamiento: precisamente porque no lo hace nadie más, la firma existe para algo; si fuera un sello de goma, bastaría con un funcionario del registro.

El refrendo: un acto sin segunda firma no vale nada​

Aquí está la pieza que casi nadie mira. Los actos del Rey, para tener validez, necesitan el refrendo del presidente del Gobierno, de un ministro o, en el caso del nombramiento del presidente, del presidente del Congreso. Un acto sin refrendo queda invalidado, recuerda un contertulio. La cuestión se convierte así en una cerradura de dos llaves, y con un ejemplo que se ha puesto encima de la mesa: la presidenta del Congreso podría no dar su refrendo a la elección del presidente del Gobierno. La Constitución no dice expresamente que no pueda. ¿Podría bloquear la formación de un Gobierno porque el candidato no le gusta?

Casi todo el mundo responde que no. Y si ahí no puede, la misma lógica se aplica al Rey. Es el punto débil de la tesis maximalista: quien defiende que el Rey está jurídicamente obligado a firmar lo que le llegue no puede apoyarse en el texto, porque el texto no lo dice en ninguna parte.

Inviolabilidad: puede hacerlo y no le pasa nada​

El Rey es inviolable y no está sujeto a responsabilidad. La lectura amable dice que la inviolabilidad protege al jefe del Estado frente a la instrumentalización política, no le autoriza a saltarse la Constitución. La lectura cínica —que es la que domina el tono general— dice que si no hay responsabilidad tampoco hay consecuencia, y que un actor sin consecuencia es un actor libre. Él sabrá lo que hace, resume una de las posturas más repetidas, y no hay manera de rebatirla con el texto en la mano.

La amnistía como caso práctico​

El asunto deja de ser abstracto cuando aparece una ley de amnistía en la ecuación. La discusión mezcla tres preguntas: si la amnistía cabe en la Constitución, si el Rey se negaría a firmarla y qué le costaría hacerlo. Frente a la equiparación con las amnistías fiscales y migratorias que, según una forera, se aprobaron entre 1979 y 2023, otro responde que esas no anulaban sentencias condenatorias ni pisaban competencias del poder judicial, y que la diferencia es justamente esa. Enfrente, la predicción opuesta de otra participante: el Rey firmará, como firmó la ley de memoria democrática, la salida de los restos del dictador de su mausoleo o la retirada de títulos nobiliarios.

Nadie negocia durante meses una ley para que el firmante diga que no al final, razona un forero. O eso parece.

Firmar o abdicar: la falsa disyuntiva​

Se repite que sus opciones son dos: estampar la firma o abdicar. La disyuntiva es cómoda porque evita la pregunta incómoda, que es qué ocurre en el intermedio. No hay un mecanismo previsto para una negativa, y esa ausencia es la que convierte el escenario en una crisis institucional sin manual de instrucciones. Dentro del propio debate se apunta a que el mensaje del 3 de octubre de 2017 quedaría desautorizado por una amnistía, lo que añade una capa personal al asunto.

La analogía del camionero que explica más que el BOE​

El mejor resumen del problema no lo da un constitucionalista. Un transportista lo plantea así: si el jefe entrega un camión con los neumáticos en los alambres, sin luces, que pierde anticongelante y con la ITV caducada, ¿la obligación es conducir o negarse hasta que el vehículo esté en regla? Trasladado al Boletín Oficial del Estado: si la norma que llega al despacho tiene vicios de constitucionalidad, ¿la obligación es firmar o frenar? No hay en el material respuesta jurídica cerrada, y eso es exactamente lo que se está discutiendo.

Al final, la pregunta de si el Rey puede no firmar tiene una respuesta tan clara como inútil: puede. Otra cosa es que quiera. Y ahí entramos en el terreno de las apuestas, que es donde llevan meses todos, sin que nadie haya movido una pieza.