El psoe verde propone construir centrales nucleares con dinero público.

La factura de la nuclear: 10 millones por MW frente a 0,5 de la solar​

¿Merece la pena levantar centrales nucleares con dinero público? La respuesta depende de una cifra que ya nadie discute en abstracto pero que cambia por completo según quién la mire: el coste por megavatio instalado. Un cálculo difundido en los últimos meses sitúa la nuclear en 10 millones de euros por MW, la termosolar en 2,5 y la fotovoltaica en 0,5. Con esos mimbres, la conclusión resulta incómoda para cualquier plan que salga del BOE.

El asunto ha vuelto a la primera línea a cuenta de una propuesta para que el Estado financie nuevas centrales. Frente a ella, la objeción más repetida no es medioambiental ni ideológica, sino contable. Y la contabilidad tiene la mala costumbre de no tener militancia.

Cuánto cuesta de verdad una central nuclear​

El cálculo más citado para desmontar el negocio toma el reactor Vogtle, en Estados Unidos: 17.000 millones de euros solo en sobrecostes y siete años de retraso sobre el calendario previsto. Los casos europeos no mejoran la foto. Flamanville, en Francia, y Olkiluoto 3, en Finlandia, arrastran presupuestos desbordados y décadas de obra para un solo reactor.

La cuenta gruesa que manejan los críticos es contundente: un reactor de 1 GW rondaría los 10.000 millones de euros. Ese mismo dinero, en fotovoltaica, permitiría instalar potencia a razón de medio millón por MW y todavía dejaría margen —casi 9,5 millones por MW— para almacenamiento e inercia de red.

En el lado contrario, la defensa del átomo no discute el precio. Cambia la vara de medir: una central de 1.000 MW genera alrededor de 8.760 GWh al año, con un factor de capacidad del 90-95%, mientras que el sol solo produce cuando hay sol.

Un cálculo recurrente lo resume en una imagen: hacen falta 12 millones de placas solares para igualar la producción anual de una sola central.

Hinkley Point C: 150 euros el MWh frente a los 60 de España​

El argumento aritmético choca con el ejemplo británico. Hinkley Point C producirá a un precio garantizado de 150 euros por MWh, cuando el precio medio español del último ejercicio se quedó en 60. Quien paga esa diferencia es la factura del contribuyente, no la del mercado.

De ahí nace el argumento más incómodo para los partidarios de la financiación pública: si la nuclear fuera rentable, las eléctricas habrían construido centrales para explotarlas ellas, sin necesidad de que el Estado avale, subvencione o cargue con el riesgo. Nunca ha ocurrido así en ningún sitio, sostienen.

La respuesta que se da desde el otro lado tampoco es desdeñable: la energía no es una mercancía cualquiera. Un país necesita soberanía energética y luz barata las 24 horas, y eso —vale recordarlo— tampoco es rentable tratándose de bomberos, policía o ejército.

El escollo de los residuos de alta radiactividad​

Más allá del coste de construcción, aparece el problema que ni los defensores más entusiastas resuelven con una cifra. Los almacenes geológicos profundos para residuos de alta radiactividad siguen sin una solución definitiva. Se repite que es un asunto «técnicamente solucionado», pero quienes lo afirman no suelen poner fecha ni presupuesto cerrado para el enterramiento.

El residuo se acumula, además, sobre el contribuyente de las próximas generaciones. Un participante resume el dilema en tres preguntas sin respuesta: quién paga la obra, dónde se entierra el residuo y quién asume el daño si algo falla. Las tres acaban, por defecto, en el bolsillo público.

¿Qué son los reactores SMR y las centrales de torio?​

Buena parte del respaldo a un nuevo parque nuclear ya no defiende los grandes reactores convencionales. La apuesta se desplaza a los SMR, reactores modulares pequeños, con tiempos de ejecución más cortos y un desembolso por unidad más manejable. El problema, señalan los escépticos, es que los grandes proyectos de SMR en marcha se han ido anulando por inviables, y que muchos no pasan del powerpoint.

La segunda promesa es la del torio como combustible y el reciclaje de residuos. Se vende como la tecnología que lo cambiaria todo, aunque hoy sigue en fase experimental y su desarrollo industrial no está a la vista.

Renovables y almacenamiento: la factura que no se cuenta​

Los defensores de la vía solar y eólica sí reconocen un cuello de botella: la red de distribución es obsoleta y no absorbe lo que ya se produce. La crítica apunta a que un sistema con generación intermitente necesita una inversión brutal en almacenamiento y control, y que las baterías no funcionan en isla: ante una frecuencia fuera de parámetros, el inversor se desconecta solo.

Aun así, se sostiene que la electricidad más barata ya es la eólica y que la solar la superará en producción. En ese pulso se cuela otro actor: los impuestos, que según un cálculo suponen hasta el 55% del coste final de la luz del consumidor.

Soberanía energética: el argumento que no entra en la hoja de cálculo​

Francia produce en torno al 70% de su electricidad con nuclear y vive con esa dependencia sin drama aparente. Al otro lado, se acusa al comercio eléctrico de la península de importar de tapadillo cuando no hay sol ni viento y presumir de «ecoresiliencia» mientras tanto.

El trasfondo territorial tampoco ayuda. Ponerse de acuerdo sobre dónde va la próxima central es, en España, un deporte de riesgo: no junto a mi casa, pero tampoco en la sierra, y que la energía que produce Aragón no se la queden otros de gratis.

Cierre: mientras el uranio cae en picado y los expertos se pelean por un dígito de la hoja de cálculo, la única cifra que nadie discute es la que el contribuyente va a pagar. Eso sí, por adelantado.