El psoe quiere multar si orinas en el mar.

Multas por orinar en el mar: el plan imposible de Marbella​

Un ayuntamiento quiere sancionar con hasta 750 euros a quien orine en el agua. El problema no es la norma: es que nadie explica cómo se detecta una micción dentro de millones de litros de mar. La medida, atribuida al equipo de gobierno de Marbella, ha desatado una tormenta de burlas y de preguntas técnicas que el consistorio no ha respondido.

La primera paradoja es de manual. Se puede multar algo que, en la práctica, resulta indetectable. No hay dispositivo, sensor ni patrulla capaz de certificar que un bañista concreto ha orinado bajo el agua. La única forma de pillarlo sería hacerlo desde el espigón, a la vista de todos, y entonces el infractor tendría que ser especialmente torpe. Como resumía un participante: «si no es así de descarado, ya me dirás tú cómo cojones van a saber si alguien orina en el mar».

¿Cómo se detecta una micción en el mar?​

La respuesta corta es que no se detecta. La respuesta larga incluye propuestas que van del absurdo al laboratorio. Alguien sugiere verter miles de toneladas de un líquido que se vuelve rosa en contacto con la orina; otro habla de cámaras térmicas montadas en drones, inspiradas en la guerra de Ucrania, capaces de leer el calor corporal a distancia. Ninguna de las dos ideas resuelve el problema de fondo: distinguir una micción de cualquier otro movimiento en el agua.

El asunto tiene una derivada administrativa que preocupa más que la sanción. Si la norma se apoya en la palabra del denunciante, el margen para multar a cualquiera se ensancha. «Si dicen que estabas meando, es que estabas meando, y te comes la multa», resume una intervención que apunta al verdadero riesgo: la presunción de veracidad del agente frente al ciudadano. En un país donde ya se multa por sonreír, según otra ironía del hilo, la frontera entre civismo y arbitrariedad se vuelve difusa.

El precedente de las ordenanzas de playa​

No es la primera vez que un consistorio intenta regular algo íntimo en el dominio público. Las ordenanzas de playa ya prohíben bañarse con bandera roja, hacer fuego o vender sin licencia. La novedad aquí no es la prohibición, sino la imposibilidad de verificarla. Y eso convierte la norma en un instrumento más disuasorio que sancionador, o en una fuente de conflictos entre bañistas y agentes.

Hay quien señala que el problema real no es el bañista, sino el dueño del perro que deja que su mascota mee y cague en la toalla del vecino. La comparación es recurrente: se persigue al humano que orina en el agua y se tolera al animal que lo hace en la arena. «Mear no podremos, pero los perros mean y cagan en la puta calle a cientos cada día», resume una queja que apunta a la prioridad de las normas.

El negocio de los urinarios públicos​

La crítica más repetida no es la multa, sino la falta de alternativa. Si se prohíbe orinar en el mar, ¿dónde se hace? Los urinarios públicos son escasos, a menudo de pago y no siempre accesibles en temporada alta. La sospecha de que la norma sirva para financiar servicios que antes eran gratuitos planea sobre el debate. «Hay urinarios públicos a 2€ la meada», bromea una intervención que resume el escepticismo sobre la verdadera motivación recaudatoria.

El trasfondo político es inevitable. La medida se atribuye al equipo de gobierno local, y las referencias al PSOE se cruzan con las alusiones a la alcaldesa de Marbella. La discusión deriva hacia el clásico «ellos nos mean a nosotros todos los días en la chepa», que resume la desconfianza hacia cualquier norma que llegue desde arriba. La anécdota del socorrista que recrimina al bañista que orina en la piscina y le responde que todos lo hacen, pero no desde el trampolín, cierra el círculo: el problema no es la micción, es la exhibición.

¿Qué pasa si la norma se aprueba?​

Queda por ver el texto definitivo y su aplicación real. Si la sanción depende de la denuncia de un tercero, el verano se llenará de conflictos vecinales. Si depende de la prueba técnica, no hay tecnología que la sustente. Y si depende de la confesión, nadie va a confesar. La norma nace, por tanto, con un problema de diseño que ninguna campaña de concienciación resuelve.

Mientras tanto, el bañista medio seguirá haciendo lo que ha hecho siempre, con o sin ordenanza. La pregunta no es si la multa es justa, sino si alguien será capaz de demostrar que se ha merecido. Y esa, a día de hoy, sigue sin respuesta.