El PSOE mete un examen anual para los funcionarios y despedirlos si no lo superan.

El PSOE ata el sueldo del funcionario a una evaluación anual​

El Gobierno ha metido en el circuito un examen anual a los funcionarios cuyos efectos van mucho más allá del expediente. El decreto no habla de despedir: habla de evaluación. Pero le cose cuatro consecuencias, y la última es la que ha encendido el avispero. Las retribuciones complementarias variables, la progresión en la carrera profesional y los criterios para la provisión de puestos ya eran terreno minado. La «continuidad en el puesto de trabajo» es otra cosa. Ahí un suspenso deja de ser una anécdota administrativa y pasa a ser una causa.

En el hilo nadie aclara qué ocurre con quien suspende: si cambia de puesto, si pierde complemento o si puede recurrir. Con ese hueco, el debate se ha llenado de todo lo demás.

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¿Es un examen o una evaluación anual?​

Hay quien sostiene que el titular se está comiendo el contenido. Una evaluación anual no es una prueba de conocimientos: es el superior marcando una casilla en un formulario, un «sí» o un «no». Si eso es así, el terremoto se queda en amago y el decreto no pasa de burocracia con nombre nuevo.

La otra lectura es menos amable. Da igual cómo se llame, porque el efecto jurídico es idéntico si el resultado condiciona el complemento, el ascenso o la permanencia. Y el texto sí menciona la continuidad en el puesto, algo que, según las informaciones publicadas, no se había explorado hasta ahora en la Administración. Un sello administrativo puede pesar lo mismo que un despido.

La discusión, por tanto, no va de la palabra. Va de a quién se le da la firma.

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El jefe que firma la casilla​

Aquí es donde el consenso se rompe de verdad. Importa menos cómo se diseñe la prueba que quién la corrige. Para buena parte del hilo, las jefaturas intermedias están en manos de designación política, y eso convierte cualquier evaluación en un instrumento con dueño.

Una corriente del análisis lo dice sin rodeos: el sistema serviría para premiar a los afines y estancar a los que no lo son. La versión suave ya existe, según varios relatos: ostracismo, ascensos que no llegan, puestos que no se mueven. La evaluación solo añadiría el papel firmado.

Enfrente, un argumento práctico que también circula: ningún jefe se juega el tipo firmando un despido. Suspender a un empleado público con efectos reales sobre su plaza es un charco en el que el evaluador puede hundirse más que el evaluado. Y ahí, de momento, nadie lo concreta.

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El precedente del paniaguado del siglo XIX​

La objeción histórica que recorre el hilo sostiene que la estabilidad del funcionariado no nació para proteger al vago, sino para proteger a la Administración del político. En el siglo XIX, cada cambio de cartera arrastraba un ejército de recomendados y despedía al anterior. Se tardaba poco en robar todo lo robable.

La fijeza de la plaza se inventó para cortar esa cadena. Convertir la permanencia en una nota que firma el jefe vuelve a atar al empleado público con el poder político, que es justo el nudo que se quiso deshacer. Es el argumento que más se repite en el hilo.

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Bruselas, los 84.000 millones y la temporalidad del 8%​

Debajo del ruido hay una pata europea. El Ejecutivo ultima la agenda del Plan de Recuperación que quiere enviar a Bruselas para cobrar 84.000 millones de euros en créditos de los fondos Next Generation, todavía sin autorizar. El compromiso incluye refuerzo de la disciplina fiscal y reducción de deuda a medio plazo.

Y hay un fleco que suele olvidarse: según se cita en el hilo, la Comisión exige rebajar la temporalidad de la Administración hasta el 8%, lo que obliga a estabilizar a una plantilla interina enorme. Visto así, la evaluación no encaja como recorte, sino como reorganización de plantilla. Dos relatos para un mismo decreto.

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El cálculo electoral: más votos de los que pierde​

El otro interrogante es político. La lectura dominante es que esto sería un suicidio: tocar a un cuerpo con capacidad de movilización y con sindicatos detrás. Se ha llegado a escribir que ningún gobierno aguanta algo así sin pagar la factura en las siguientes elecciones.

Pero circula una hipótesis inversa con bastante fuerza. El desgaste del funcionariado entre el resto de los asalariados es tal que la medida podría rentabilizarse en las urnas más de lo que cuesta. Quien se siente pagando la nómina ajena no suele tener empatía con el evaluado. La cuenta, en cualquier caso, nadie la ha hecho en serio.

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Y aquí se atasca todo. Se discute si el decreto saldrá, si el texto filtrado es el bueno o si estamos ante una inocentada de calendario. Nadie sabe qué pasa cuando un empleado público suspende: si cambia de puesto, si pierde complemento o si se queda sin plaza con todas las de la ley. El propio borrador, tal como ha llegado, tampoco lo aclara.