Nueva distopía. los funcionarios no quieren la sanidad publica

Muface se queda sin aseguradoras dispuestas a renovar por un 14%​

El concierto sanitario de los funcionarios se cae. No por falta de mutualistas, sino porque las aseguradoras no aceptan la subida de prima que les ofrece el Gobierno: un 14%. Quien entra de nuevo en la función pública está obligado a darse de alta en MUFACE y, al hacerlo, pierde su condición de asegurado de la Seguridad Social. Para unos, el sistema ahorra cientos de millones al Estado; para otros, es un privilegio que pagan entre todos los contribuyentes. La discusión, enquistada durante años, ha vuelto a estallar.

¿Qué es MUFACE y por qué nadie quiere renovar el concierto?​

MUFACE es la mutualidad que gestiona la asistencia sanitaria de los funcionarios civiles del Estado. En lugar de atenderlos directamente, concierta la cobertura con compañías privadas: la mutualidad paga una prima por cada mutualista y la aseguradora presta el servicio. La renovación de ese contrato pende de un hilo. El motivo, según el relato que se ha instalado en la conversación, es económico: el Gobierno solo quiere subir la prima un 14%, y las aseguradoras consideran que con ese incremento no cubren costes. «Se ve que el concepto de la inflación les suena lejano», resume la ironía más repetida.

La peliaguda está en la condición legal del funcionario. Al darse de alta en MUFACE deja de ser asegurado de la Seguridad Social y se adhiere al convenio de la mutualidad con el INSS o al concierto con las aseguradoras. Para conservar la cobertura pública tiene que pedir excedencia, renunciar al puesto o perder la condición de funcionario. No hay, por tanto, una puerta abierta para volver a la sanidad pública sin más trámite.

¿Cuánto cuesta Muface frente a la sanidad pública?​

Aquí aparece el dato que sostiene a los defensores del modelo. La prima media de Muface ronda los 984 euros por mutualista, frente a los 1.608 euros por ciudadano que cuesta sostener el sistema público. La patronal de la sanidad privada, ASPE, calcula que el concierto ahorra al Estado más de 890 millones de euros al año. Es el argumento clásico: lo privado sale más barato.

Los críticos responden que la comparación es tramposa. El mutualista medio está en activo, tiene menos edad y arrastra menos enfermedades crónicas que el conjunto de la población atendida por la pública. Comparar peras con manzanas, dicen, no demuestra eficiencia.

Más de 10.000 funcionarios al año vuelven a la sanidad pública​

La tendencia va en dirección contraria a lo que cabría esperar. El número de mutualistas que abandona la cobertura privada de Muface para pasarse a la pública crece a un ritmo de más de 10.000 al año. Cuando la enfermedad se complica, el cuadro médico de las aseguradoras se queda corto y el paciente acaba en el sistema público. La consecuencia asoma en los datos: la prevalencia de linfomas es un 176% mayor entre los pacientes de Muface atendidos en hospitales públicos que en la población general. En los tumores sólidos con metástasis el incremento es del 57% y del 48% en los cánceres en general.

Enfermedades caras y graves, por tanto, acaban en la sanidad pública. También hay diferencias en la otra dirección: entre los mutualistas hay menos diabetes con complicaciones (52% menos), menos obesidad (43%), menos EPOC (33%) y menos hipertensión (14%). Un perfil de paciente más joven y más sano, coherente con quien lleva años trabajando.

Recetas, listas de espera y el trato en la pública​

Sobre la letra pequeña del mutualismo, la discusión se afila. Un funcionario activo o jubilado paga el 30% del precio de sus medicamentos; un trabajador del régimen general paga el 50%, y un desempleado o un jubilado de la Seguridad Social no paga nada. La diferencia es real, aunque quien defiende el sistema recuerda que es un 30% ahora y otro 30% de por vida, mientras el resto pasa al 0% al jubilarse.

Al margen de las cuentas, el rozamiento diario de la sanidad pública aparece en varias experiencias. Una espera de ocho horas y media para una radiografía en urgencias. Dos semanas para que el médico de cabecera dé cita. Hay quien sostiene que el trato en la pública es brusco y que el funcionario, acostumbrado a la mutua, no quiere pasar por ahí. Frente a eso, quien defiende la pública recuerda que para las cosas serias —y no la caja de ibuprofeno— la Seguridad Social es la referencia, y que quien quiera privada puede pagarla de su bolsillo.

¿Es un privilegio o una fórmula más eficiente?​

Las dos corrientes están bien definidas. Una sostiene que el acceso a una sanidad de calidad no debería depender de la condición laboral, que el concierto divide a los trabajadores en castas y que el resultado es presión añadida sobre el sistema público: menos esperas para unos, más para otros. La otra responde que el concierto es, precisamente, lo que descarga al sistema público y ahorra dinero, y que suprimir el modelo no haría más que meter a un millón largo de mutualistas en las listas de espera.

De fondo late la pregunta incómoda: si la sanidad pública fuera tan buena como dice el relato oficial, ¿por qué quienes pueden elegir eligen la privada? Y si la privada concertada fuera tan eficiente, ¿por qué ninguna aseguradora quiere ya el contrato?

Con la prima sin cerrar y las aseguradoras mirando hacia otro lado, lo previsible es que el pulso se alargue. No es descartable que el Estado acabe mejorando la oferta; tampoco que alguna compañía se descuelgue y deje a los mutualistas buscando cobertura. La única certeza es que el mantra de la mejor sanidad del mundo, repetido durante años, ya no cierra ninguna discusión.