El psoe expulsará a los militantes que recurran a la prespitación

El PSOE expulsará a los militantes que paguen por sexo​

El PSOE ha incorporado a su reglamento la expulsión de los militantes que «se sirvan de los servicios sexuales bajo pago, especialmente si ocupan algún cargo orgánico o institucional». La enmienda, impulsada por las feministas socialistas, llegó al texto definitivo del Congreso Federal tras el debate del borrador que Ferraz envió a las federaciones. El problema no es la intención. El problema es cómo se aplica.

Nadie ha explicado todavía el mecanismo de comprobación. No hay protocolo, no hay órgano instructor definido, no hay umbral de prueba. La norma se aprueba y se deja colgada de un «ya veremos». Es la clase de medida que funciona en el titular y se deshace en el reglamento.

Qué dice exactamente la enmienda aprobada​

El texto definitivo incorpora la expulsión de quienes recurran a la prostitución, con un agravante explícito para quien ostente cargo orgánico o institucional. La redacción la impulsaron las feministas socialistas, que habían organizado cientos de propuestas de cambio al borrador. La enmienda pasó. El cómo, no.

Ahí empieza el problema. ¿Se abre expediente por denuncia? ¿Por confesión? ¿Por una foto en la puerta de un local? La norma no lo dice, y sin eso cualquier aplicación es discrecional. Un partido puede aprobar lo que quiera en su reglamento interno, pero un régimen disciplinario sin procedimiento es una carta en blanco.

La crítica que recorre el partido: «se van a quedar sin militantes»​

La reacción más repetida apunta al mismo sitio: la norma es inaplicable y, si se aplicara de verdad, el censo se desplomaría. Hay quien sostiene que sobra más de la mitad de la organización. Otros ironizan con que solo quedarían los cargos que nunca han pisado según qué locales.

El argumento tiene una variante más incómoda. Si la expulsión se limita a los cargos y no a los militantes de base, la medida se convierte en un instrumento de control interno más que en una política feminista. El agravante por cargo no protege a nadie: jerarquiza la falta.

El doble rasero que señalan los críticos​

La objeción más repetida no es moral, es comparativa. Se cuestiona que el partido expulse por pagar por sexo mientras convive con casos de corrupción, chantaje o mentira que no han provocado ni una expulsión. La jerarquía de las faltas, dicen, no se sostiene.

También aparece el flanco legal. Hay quien defiende que la libertad sexual es un derecho fundamental y que un partido no debería poder sancionar conductas privadas entre adultos. El reglamento interno choca con el ámbito de lo íntimo, y ese choque no se resuelve con una enmienda congresual.

El problema práctico: sin definición, no hay sanción​

Sin una definición operativa de qué es prostitución, la norma no vale nada. No es lo mismo pagar por un servicio que asistir a un espectáculo, ni contratar a alguien que acudir a un local donde terceros cobran. La horquilla es enorme y el reglamento no la acota.

De ahí salen las preguntas incómodas: ¿cuenta una despedida de soltera? ¿Cuenta un local con espectáculo? ¿Cuenta lo que ocurrió hace quince años? Cada una de esas respuestas cambia el alcance de la medida. Ninguna está escrita.

Qué se puede esperar de aquí​

La enmienda cumple una función de señal hacia el electorado feminista y hacia las bases que llevaban años pidiendo un gesto. Como política disciplinaria, nace coja. El texto no define el procedimiento, no fija garantías y deja la aplicación en manos de quien tenga que interpretarla.

Es probable que la norma se quede en el papel, salvo cuando convenga aplicarla. Y ahí está el riesgo real: un reglamento que no se usa nunca hasta que se usa contra alguien concreto. La discrecionalidad es el verdadero contenido de la enmienda.