Otra de maderos traidores, el hombre ha pasado a ser un ciudadano de segunda en esta charocracia.

El protocolo policial que detiene al hombre y deja libre a la mujer​

Una abogada del turno de oficio acude a comisaría para asistir a un detenido y se encuentra con una escena que muchos consideran ya rutinaria: el hombre arrestado, la mujer que también participó en la reyerta en libertad. El caso, difundido en redes, reabre una discusión que lleva dos décadas sin resolverse: qué ocurre cuando el protocolo de violencia de género se aplica a un varón que también presenta arañazos y golpes.

La respuesta que más se repite entre quienes conocen el procedimiento es incómoda: se detiene siempre al hombre, salvo excepciones muy concretas. No es una decisión del agente que llega, sino una instrucción que se ejecuta con la misma mecánica que un formulario. Y quien se salta el formulario, se expone.

Qué dice el protocolo cuando ambos tienen lesiones​

El relato que circula en el sector es consistente. Un agente destinado en una comisaría cualquiera recibe un aviso por una disputa doméstica. Llega, encuentra a dos personas con signos de agresión mutua, y aplica el criterio que le han enseñado: el hombre va detenido, la mujer no. Aunque él lleve la cara arañada y ella no tenga un rasgo. Aunque la denuncia parezca, a simple vista, un ajuste de cuentas.

Hay quien describe el mecanismo con crudeza: el agente que se desvía del protocolo se arriesga a que sus propios compañeros le abran un expediente. La alternativa, detener a los dos, se percibe como un riesgo profesional innecesario. El resultado es una suerte de presunción de culpabilidad automática que no distingue entre un maltratador y un hombre que acaba de discutir con su pareja.

La discusión sobre si existe una comisión de servicio o una sanción por actuar con normalidad queda sin respuesta cerrada. Lo que sí aparece es la constatación de que el criterio no es una interpretación libre del agente, sino una pauta internalizada.

El ciudadano de segunda que describe el sector policial​

El malestar no viene solo de fuera. Uno de los testimonios más repetidos es el de un agente al que le cayó encima una denuncia por violencia de género y fueron sus propios compañeros, los mismos con los que había salido de cañas la noche anterior, quienes lo detuvieron. La explicación que le dieron fue tan simple como brutal: o te detenemos a ti o nos joden a nosotros. Cumplieron el protocolo, él pasó un par de días en el calabozo y salió absuelto. No hubo consecuencias para la denunciante. Y el hombre, según el relato, acabó pidiendo traslado a la otra punta del país porque no podía seguir trabajando con quienes lo habían esposado.

Ese caso resume la tesis que atraviesa toda la conversación: el sistema no está diseñado para castigar a los culpables, sino para que nadie quede señalado por no haber actuado. La ley de viogen, aprobada por unanimidad hace dos décadas, convirtió al varón en sujeto de sospecha por defecto. Y quienes la aplican a diario saben que salirse del guion tiene coste.

La jueza que se enciende y el juez que se apaga​

La segunda pieza del engranaje es judicial. La descripción que se repite es la de un juzgado especializado donde la denunciante entra con credibilidad reforzada y el denunciado, con la carga de la prueba en contra. Varios relatos coinciden en que, cuando la jueza ve a una mujer detenida, la reacción es de irritación inmediata; cuando ve al hombre, la reacción es de trámite.

El detalle que más incomoda es el de las denuncias que se caen. Cuando la acusación es claramente falsa, la práctica habitual no es detener a la denunciante, sino rogarla para que retire la denuncia y firme un descargo. La denuncia falsa, en la práctica, no se persigue. Eso deja al hombre absuelto pero sin reparación: ni indemnización, ni antecedentes para quien lo denunció, ni explicación pública.

Hay quien matiza que el problema no es la ley en sí, sino su aplicación mecánica. Y hay quien responde que una ley que produce estos resultados durante veinte años ya no admite matices.

De la queja al cálculo: cuánto cuesta defenderse​

La conversación deriva hacia el bolsillo. Denunciar a un agente por detención indebida exige abogado, procurador y años de procedimiento. El cálculo que se maneja es que defenderse cuesta entre 10.000 y 15.000 euros, una cifra que para buena parte de la población equivale a los ahorros de una década. La recomendación que se repite no es denunciar, sino aguantar.

La alternativa que se plantea es incómoda: gastar ese dinero en un abogado o gastarlo en un coche. Y la respuesta mayoritaria es que la mayoría no tiene ni para lo primero ni para lo segundo. El sistema protege al sistema, resume una de las intervenciones, y el ciudadano que se enfrenta a él paga dos veces: la detención y la defensa.

El trasfondo político que nadie discute​

La ley se aprobó con el voto de todos los grupos. Ese dato, repetido con insistencia, desmonta la tesis de que el problema sea de un solo partido. Gobiernos de distinto signo han mantenido el texto sin tocar una coma. La crítica que se acumula no es contra una sigla, sino contra un consenso que nadie ha querido revisar.

Lo que queda es una pregunta sin respuesta: si el protocolo detiene al hombre por defecto y la denuncia falsa no se persigue, ¿qué incentivo tiene el sistema para corregirse? La respuesta, por ahora, es ninguna.