El PSOE apoyó a los fondos buitre

El PSOE se abstuvo en la votación que rechazó prohibir la venta de pisos a fondos buitre, mientras un intermediario afirma que le exigieron una comisión del 3% para un edificio público en Madrid.

El Congreso rechazó una proposición de ley que limitaba la compra de inmuebles por personas jurídicas. La iniciativa pretendía frenar la entrada de fondos de inversión en el mercado residencial. El PSOE no la apoyó y se abstuvo, lo que bastó para tumbar la propuesta.

Qué pedía la ley y quién la frenó

El texto buscaba restringir la adquisición de viviendas por parte de sociedades y fondos, no por particulares. La medida afectaba a las operaciones que convierten bloques enteros en activos financieros. La abstención socialista fue decisiva para que no saliera adelante.

La votación se produce después de que THE OBJECTIVE publicara el testimonio de un empresario dedicado a la intermediación en compraventa de grandes propiedades. Según su relato, le exigieron el pago de una comisión del 3% destinada a un familiar de la ministra María Jesús Montero como condición para adquirir el edificio de María de Molina 50, en el barrio de Salamanca.

El edificio de María de Molina 50

El inmueble pertenecía al Estado y fue adjudicado a una empresa que ahora construye apartamentos de lujo. El comprador es un fondo de inversión, el tipo de operador al que la proposición rechazada quería poner límites.

La operación combina suelo público, vivienda de lujo y un supuesto pago irregular. La comisión del 3% no está confirmada judicialmente. Se trata de una denuncia publicada por un medio, no de una resolución firme.

Un patrón que se repite

La venta de activos públicos a fondos de inversión ha generado polémica en varias administraciones. Los precios de adjudicación, las condiciones y los compradores suelen quedar fuera del escrutinio público.

El caso de María de Molina 50 añade un elemento más: la supuesta exigencia de una comisión para acceder a la operación. Eso, si se confirma, no sería una simple irregularidad administrativa.